Dos altos cargos del Gobierno de Cifuentes, imputados en el 'caso Getafe'

Suma y sigue. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, Francisco Javier Achaerandio, ha dictado una providencia por la que cita como investigados a otras nueve personas, entre cargos públicos, funcionarios y empresarios, por las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de esta localidad madrileña en la etapa del actual senador Juan Soler-Espiauba Gallo. Entre los nuevos imputados se encuentra dos altos cargos del Ejecutivo regional de Cristina Cifuentes. Se trata de Miguel Garzón Andrés, 'fichado' recientemente por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid como asesor, y María Begoña Reyero, quien figura como responsable del departamento de prensa de la Consejería de Sanidad. Ambos ocuparon el cargo de asesores de Soler cuando éste fue regidor del municipio madrileño. En concreto, Garzón como jefe de Gabinete del político. Reyero, en temas de urbanismo.

Uno de los ahora imputados, Miguel Garzón, fue nombrado recientemente asesor de la propia Cifuentes. Se le investiga por su labor junto al hoy senador Soler

La providencia, adelantado por el diario local Elbercial.com y al que ha tenido acceso Vozpópuli, cita para tomarles declaración como imputados a ambos altos cargos de Cifuentes el próximo 2 de febrero junto a otras tres personas, entre ellas María Inmaculada Concepción Lázaro Muñoz, actual concejal del PP en Getafe y que durante el mandato de Soler fue la asesora de éste. Las otras dos personas son Maria del Carmen Miralles Huete y Pilar Azuzena Maldonado. Esta última también ejerció de asesora durante la legislatura como regidor del actual senador y parlamentario regional, aunque en su caso en la Concejalía de Cultura. Se da la circunstancia de que en la actualidad ejerce de abogado defensor del concejal Pablo Martínez, también investigado en la causa.

Seis días antes deberán comparecer otras cuatro personas como imputados. Se trata de Jorge Paumard García, exconcejal de Obras en el Ayuntamiento de Getafe que en su día dimitió de su cargo dando paso a Antonio José Mesa, también investigado en la causa desde las pasadas Navidades y que saltó a la fama en 2013 cuando rompió en un acto público del PP una foto de Luis Bárcenas. Los otros tres citados a declarar son el constructor Francisco Felipe González Gervaso, quien también es editor de un diario local; María Victoria Miquel Adrada, quien ocupó el cargo de asesora de Urbanismo en la etapa de Soler como alcalde; y la también empresaria Concepción de la Torre Espí.

El abogado de Soler

Con estos nueve nuevos imputados, la cifra de investigados por las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Getafe se acerca a los cuarenta. Entre ellos no está, sin embargo, Juan Soler al ser aforado dada su condición de senador del PP y diputado en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, su nombre ha salido de manera reiterada en los informes elaborados por la Policía en los que se detallan los diversos indicios de amaños detectados en media docena de adjudicaciones del Consistorio durante su mandato. Algunos de los imputados también le han señalado en sus declaraciones y son numerosos los correos electrónicos y mensajes de móvil que también le salpican. Hasta ahora, Soler ha negado los hechos y ha achacado todo a un problema administrativo. De hecho, el político 'popular' ha contratado los servicios del bufete del que fuera fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez Marqués, el letrado que con su querella consiguió apartar a Baltasar Garzón de la carrera judicial.

Juan Soler, aforado por su condición de senador y diputado regional, aparece de manera reiterada en informes policiales y declaraciones de investigados

El sumario que acorrala al senador se inició gracias a la denuncia que puso Roberto Benítez, vecino del municipio y editor de la revista local El Bercial.com, por el supuesto amaño en la adjudicaciónde los contratos para la remodelación del Teatro Madrid de la localidad con el fin de convertirlo en el Centro Europeo de Producciones Audiovisuales y Escénicas. La causa ha estado bajo secreto hasta hace pocas semanas, cuando el juez Achaerandio levantó dicha medida y se conoció un informe policial que extendía las irregularidades a otros contratos. En dicho documento, de 82 páginas de extensión y un centenar más de anexos, ya se destacaba que, tras "la visualización completa de los correos electrónicos contenidos" en el ordenador portátil de uno de los implicados, el consejero de la Concejalía de Urbanismo Rudy Lamas Gesto, "se hace patente que este tipo de tramitación irregular no era algo aislado dentro de la sección urbanística del Ayuntamiento de Getafe y sus empresas municipales, sino que se podría decir que era algo más habitual".