¿Dónde es más caro morirse en España?

Aunque algún día todos moriremos, según el sitio en el que pase tendrá un coste u otro. Así se refleja en el estudio '¿Quién paga más por la muerte en España?' elaborado por Estamos Seguros y en iniciativa de la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA). Así, el informe muestra que los lugares en los que resulta más caro fallecer son Gerona, Madrid y Barcelona.

En concreto, las provincias en las que morirse resulta más caro están situadas en el noreste de España: en Gerona, que cuesta un 29,2% más que en el conjunto de España; Madrid, un 27,4% más; Barcelona, un 20,8% más; Lérida, un 19,4% más y Huesca, un 15,7% más.

En el otro lado se encuentran las provincias castellanas y Canarias. Y es que donde más 'barato' sale morirse es en Zamora, en donde el precio respecto a la totalidad de España es un 39,7% más barato, Santa Cruz de Tenerife (36,2% menos), Palencia (-29,7%), Soria (-27,1%) y Cuenca (-26%). A estas se suman, además, las dos ciudades autónomas.

Municipios más caros y más baratos 

Si se analizan sólo los municipios, los que cuentan con más de 250.000 habitantes, se puede ver cómo Madrid, Vigo y Valencia son las ciudades en las que morir sale más caro. Por el contrario hay seis ciudades grandes en las que un entierro cuesta menos que en el conjunto del país: Bilbao, Murcia, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Málaga.

Dicho informe también repasa cuál es el coste de mover al fallecido desde el lugar donde pereció al sitio donde deseaba pasar el resto de sus días. De este modo, el traslado de un cadáver dentro el territorio nacional suele costar en torno a 424 euros. Mucho más caro, por el contrario, es morir en otro país y querer repatriar un cuerpo: esto tiene un coste medio de 5.987 euros.

El trabajo ha analizado 216.404 sepelios ocurridos a lo largo del ejercicio pasado. Esta cantidad representa el 80% de los servicios que atendió el seguro en España durante 2018. La industria aseguradora es un actor de referencia en el sector funerario nacional. En concreto, se hace cargo del 63% de los enterramientos e incineraciones del país cada año.