Hablan los defensores de Derechos Humanos en Venezuela: “No podemos entrar en las cárceles desde el año 2007”

En Venezuela, de 31 millones de ciudadanos, 14 viven en situación de pobreza; tres millones más que cuando comenzó el gobierno de Hugo Chávez, en 1998. En un país donde la inflación alcanza el 320% y la escasez de medicinas roza el 85%, su población atraviesa una de sus épocas más oscuras. Alrededor del 92% de las denuncias por violación a los derechos humanos quedan sin respuesta institucional, mientras la ciudadanía vive uno de los ciclos más duros de represión policial y militar: casi 80 muertos y asesinados en los 75 días de protestas que piden al actual presidente Nicolás Maduro que convoque las tres elecciones a las que su gobierno ha dado carpetazo y que se propone sustituir con una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la situación a día de hoy: la de una impunidad estructural y la intimidación como una política de Estado, asegura Rafael Uzcátegui, coordinador general de PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), la ONG más antigua en ese país.

Provea es la organización defensora de los Derechos Humanos más antigua en Venezuela. Por eso afirman que ésta es de las crisis más graves que ha vivido ese país en su historia

Creada en 1988, la víspera del estallido social de 1989 y de los dos intentos golpes de Estado de 1992 comandados por Hugo Chávez, PROVEA posee una autoridad e independencia que la convierten en uno de los portavoces más solventes para explicar cuál es la dimensión y la gravedad de la crisis que atraviesa Venezuela: un país que se desangra y en el que en tan sólo dos meses 1.270 personas han resultado heridas por las fuerzas policiales y militares. Por eso, al preguntar al sociólogo y periodista Rafael Uzcátegui cómo podría calificarse la situación del país, él no duda en responderlo: es una dictadura. El incumplimiento y la violación de los estándares internacionales que protegen los Derechos Humanos así lo indican.

Las víctimas de las violaciones de los DDHH ocupan hoy la misma silla en la que Maduro se sentó, cuando era un joven sindicalista a punto de perder su trabajo

Desde el año 2007 ninguna organización defensora de los Derechos Humanos puede visitar las cárceles venezolanas, cerradas a cal y canto para observadores y mediadores. Hay ironía en lo que cuenta Uzcátegui al otro lado de la línea telefónica. La organización a la que representa, que pudo visitar al fallecido presidente Hugo Chávez en la cárcel tras sus dos intentos de derrocar el gobierno democrático, hoy no puede certificar el estado de los presos comunes y políticos. A eso se suma algo más: en las sillas de su despacho, las víctimas de las violaciones de los derechos humanos ocupan hoy la misma silla en la que el actual presidente Nicolás Maduro se sentó, más de 20 años atrás, cuando era un joven sindicalista a punto de perder su trabajo. ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Por qué? ¿Quiénes sufren y de qué forma los excesos de la represión? ¿Qué significa la no convocatoria de elecciones? ¿Hay una dictadura en ese país? ¿De qué tipo? Esas son algunas de las preguntas a las que contesta Rafael Uzcátegui en esta conversación.

Desde su fundación, Provea ha trabajado ininterrumpidamente. ¿Cómo ha empeorado la situación de los Derechos Humanos en las últimas décadas?

Provea surgió en 1988. Somos parte de la primera generación de ONG venezolanas especializadas en Derechos Humanos. Existían Amnistía Internacional y otras redes regionales, que hasta entonces habían desarrollado algún tipo de trabajo en nuestro país. Sin embargo tanto Provea como Cofavic y la Red de Apoyo fuimos las primeras en Venezuela. Aparecimos en un momento muy duro de la historia venezolana: después del Viernes Negro, en medio de una situación de crisis económica que catalizó la crisis política con los golpes de Estado de 1992.

"En el año 1993, Provea visitó a Hugo Chávez en la cárcel de Yare. Hoy no podemos hacerlo con otros presos políticos: no nos dejan entrar"

Dos intentos para derrocar al gobierno socialdemócrata con los que Hugo Chávez entró en la prisión y salió convertido en actor político.

En el año 1993, los abogados y miembros de Provea visitamos a Hugo Chávez en la cárcel de Yare, para constatar su situación de privación de libertad. Hoy no podemos hacerlo con otros presos políticos: no nos dejan entrar. Ese mismo año también atendimos a un joven sindicalista que acudió a la oficinas de Provea para solicitar apoyo porque querían despedirlo a causa de su actividad sindical. Esa persona era Nicolás Maduro. Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos que van a Provea se sientan hoy en el mismo sillón en el que se sentó Nicolás Maduro, en 1993. Todavía lo conservamos, porque sin duda ha adquirido otra significación.

¿A qué se enfrenta Venezuela? ¿Qué ha pasado y qué está pasando?

Cuando Provea comenzó su trabajo había una crisis económica, social y política importante. La inflación de aquellos años era del 103,5%, la actual sobrepasa el 300%. Desde 1991 Provea hace un informe anual de la situación de los Derechos Humanos. En los 29 años que tiene funcionando Provea, podemos decir que ésta es la crisis más grave de violación de los Derechos Humanos que se haya vivido jamás en Venezuela. Vuelven a coincidir una crisis económica y política muy profundas, pero en la que se añade la discriminación contra aquellos que piensan diferente. Es una política de Estado. Desde octubre del año pasado el gobierno venezolano se transformó en una dictadura. Y así lo hemos señalado en Provea.

"En los 29 años que tiene funcionando Provea, podemos decir que ésta es la crisis más grave de violación de los Derechos Humanos que se haya vivido jamás en Venezuela"

¿Cuál fue la línea roja que rompió el régimen bolivariano para convertirse en una dictadura?

La suspensión de manera indefinida de la participación electoral en condiciones democráticas, es decir: en situación de igualdad, con la certeza de que se va a respetar el voto universal, directo y secreto, y con independencia de un árbitro electoral que hoy lamentablemente no existe. Teníamos ya problemas muy profundos como la pobreza, para nosotros una de las violaciones más graves a los derechos humanos, pero si bien es cierto el voto no garantiza la democracia, el hecho de imposibilitar a los ciudadanos a ejercer su derecho es una evidencia más que suficiente de que no estamos ante un régimen democrático.

Habla de dictaduras, ¿con cuáles podría compararse el gobierno de Nicolás Maduro?

No se puede comparar con Francisco Franco porque es un régimen que pertenece a otra época. Ni siquiera con Augusto Pinochet o similares, en el caso latinoamericano. En la actualidad, existe un proceso emergente de dictaduras modernas y cuyo antecedente más cercano es Alberto Fujimori, cuyo régimen es comparable con el gobierno de Nicolás Maduro. En el Perú, Fujimori llegó al poder gracias a elecciones e incluso repitió dos veces con una amplia popularidad, pero se transformó en una dictadura al debilitar los mecanismos de la democracia para intentar permanecer de manera indefinida en el poder.

"No se puede comparar con Franco porque. Ni siquiera con Augusto Pinochet o similares, en el caso latinoamericano. La dictadura de Maduro se asemeja a la de Fujimori"

Existe un control de cambio que agrava las cosas pero ¿cómo se entiende el desabastecimiento y la carestía? ¿Es una política de Estado? ¿Desgobierno?

Hay una diferencia entre el gobierno Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro. En un momento en que el petróleo estaba a precios muy altos, Hugo Chávez contó con recursos para promover políticas sociales que, entre los años 2005 y 2009, tuvieron un impacto positivo en la reducción de índices de pobreza. Ya entonces saludábamos esas iniciativas, pero advertíamos con preocupación que no atacaban las causas estructurales y dependían directamente de una circunstancia de bonanza económica que no sería infinita. Esas preocupaciones se cumplieron. En apenas tres años, el gobierno de Nicolás Maduro hizo desaparecer los avances de esas políticas sociales. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, cuyos últimos datos son de 2013, en ese entonces ya se advertía un aumento preocupante de la pobreza. A partir de ahí dejó de publicarlas.

"Lamentablemente, Nicolás Maduro se ha convertido en una gran maquila de pobreza"

¿Cuánta más pobreza existe en la Venezuela de Nicolás Maduro?

En el año 2014, 2015 y 2016 creció al mismo ritmo del año 2013. Es un cálculo conservador y elaborado a partir de esa última cifra oficial, pero apunta a un total de más de 14 millones de personas en situación de pobreza, es decir, el 46% de la población. Cuando Hugo Chávez llegó al poder esa cifra estaba en 11 millones. Hoy tenemos más personas en situación de exclusión. Lamentablemente, Nicolás Maduro se ha convertido en una gran maquila de pobreza, por una serie de políticas que no han tenido los resultados esperados. Tampoco ha existido la voluntad de rectificar en esas medidas, ni abrir los canales de diálogo con la sociedad para mejorar la satisfacción de los derechos sociales de toda la población. Al contrario, se reincide en estas medidas que agravan los problemas, porque el gobierno no quiere reconocer la gravedad de la crisis.

¿Cuántas partes, cuántas patas tiene la crisis actual en Venezuela?

Hay dos partes muy importantes y que determinan el carácter popular de las protestas que ocurren desde el mes de abril. Por una parte, existe una situación de escasez y alto costo de los alimentos. Cuando había dinero, el gobierno importaba entre el 70% y el 80% para venderlos a precios regulados. El aparato productivo quedó estancado y desmantelado. A eso se suma el alto precio que tienen y la perdida de poder adquisitivo de los salarios. El año pasado, el índice de inflación de alimentos fue del 320%, según el Banco Central de Venezuela. A la falta de comida hay que añadir la escasez médica.

"32 personas muertas por comer yuca amarga porque no hay que llevarse a la boca resumen el drama que viven los venezolanos"

¿Qué alcance tiene? ¿Hay cifras?

Según la Federación Venezolana de Farmaceutas existe una escasez del 85%. Hacen falta desde medicinas de uso cotidiano como el acetaminofén hasta medicinas de alto costo. La red de hospitales no puede garantizar la atención a quienes acuden, así que la salud está privatizada por la vía de los hechos: la gente tiene que ir al mercado negro para comprar medicinas y a las clínicas privadas, que por la alta demanda y la falta de divisas, no pueden prestar servicio. Eso produce que hayan rebrotado enfermedades endémicas erradicadas hace años en Venezuela, por ejemplo la malaria. Esas dos crisis se sintetizan en las 32 personas que fallecieron el año pasado por consumir yuca amarga, que es una variedad tóxica del tubérculo. No había equipos ni medicamentos para tratarlos. 32 personas muertas por comer yuca amarga porque no hay que llevarse a la boca resumen el drama que viven los venezolanos.

De ahí, según asegura, que las protestas sean todavía más fuertes

Lo que vemos ahora posee un ingrediente que no tenían los ciclos de protestas anteriores. Actualmente se han incorporado a las protestas personas de los sectores populares. Personas que forman parte de las regiones del interior del país, tanto ciudades, pueblos como comunidades rurales, que estaban controladas política y electoralmente por el oficialismo.

¿Por qué la represión política a las manifestaciones públicas se ha profundizado?

Hay un dato que hay que tener claro para entender por qué el gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado estas decisiones y que tiene que ver con los resultados electorales del 6 de diciembre de 2015. En esas elecciones, el proyecto bolivariano tuvo el peor resultado de su historia con más de dos millones de votos por debajo de la oposición. Sus salas situacionales revelaron que se trataba de una tendencia que no podía revertirse en corto tiempo. A partir de ahí se decidió promover un modelo de gobernabilidad que prescindiera del apoyo popular y la consulta electoral.

"El objetivo es neutralizar física o simbólicamente al adversario y no generar canales de diálogo institucionales, aunque eso signifique la violación sistemática de los derechos humanos"

¿Qué expresión concreta tiene? ¿Cómo intenta imponerse el gobierno en la calle?

Con el Plan Zamora, un programa de represión de protestas. No es una política pública de seguridad, porque no ha pasado por el parlamento ni tampoco se conocen los componentes, las competencias y los contrapesos de quienes participan. En opinión de Provea, el Plan Zamora es una medida de ocupación territorial con una lógica militar que incorpora a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y que legitima la actuación de grupos civiles armados, que ya habían actuado en el año 2014 pero que ahora gozan de un paraguas legal. El objetivo es neutralizar física o simbólicamente al adversario y no generar canales de diálogo institucionales. Se trata de inhibir que las personas participen estas movilizaciones, aunque eso signifique la violación sistemática de los derechos humanos.

¿De qué clase de violaciones está usted hablando?

Eso incluye desde los castigos ejemplares o las detenciones indiscriminadas y masivas hasta la tortura y malos tratos a quienes son apresados por participar en una protesta o por suponerse que formaban parte de ella. El mayor porcentaje de las detenciones que realiza la Policía Bolivariana o la Guardia Nacional ocurren cuando la gente regresa o va de camino a las protestas, no en las manifestaciones. Eso confirma un patrón de violaciones de derechos humanos que ya Provea había alertado desde 2014: introducción de civiles armados, robo de funcionarios a personas detenidas, violaciones del proceso con incomunicación de entre 48 y 72 horas e incluso la aparición de nuevas situaciones.

"Eso incluye desde los castigos ejemplares o las detenciones indiscriminadas y masivas hasta la tortura y malos tratos a quienes son apresados por participar en una protesta"

A qué se refiere exactamente, ¿qué más hace el gobierno de Nicolás Maduro?

El ministerio público no hace acusaciones contra las personas detenidas. Es decir, permanecen privadas de libertad por decisión de los organismos policiales o del propio tribunal. Se trata de causar el mayor daño posible a los manifestantes de acuerdo a los estándares internacionales del uso proporcional y diferenciado a la fuerza. Por eso utilizan dispositivos, en teoría, no letales: gases lacrimógenos disparados como proyectiles directamente contra las personas; perdigones también disparados a muy corta distancia así como canicas de metal y vidrio. La intención de hacer más difícil la identificación de los funcionarios responsables. La tónica del gobierno es fomentar eso. De momento, la única institución que está cumpliendo un rol apegado a lo que deberían ser sus funciones legales es, ahora, la Fiscalía, el ministerio público, que comienza a revelar responsabilidades en algunas situaciones.

"En cuanto al número de heridos, se calcula que hay 1.275 personas lesionadas de las cuales 700 han sido heridas por funcionarios militares o policiales"

De cara a las protestas más recientes, ¿existe una cifra definitiva de detenidos y asesinados?

En Provea nos basamos en las cifras reveladas por la Fiscalía, cuyo último informe del día 5 de junio reportó que desde el 1 de abril de este año, sólo en ese tiempo, hay 65 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones y protestas. Algunos periodistas aseguran que hay más: cerca de 80. Por eso pedimos al ministerio Público que aclare en qué circunstancias se han dado esos casos. En cuanto al número de heridos, se calcula que hay 1.275 personas lesionadas de las cuales 700 han sido heridas por funcionarios militares o policiales. En Provea validamos las cifras del Foro Penal Venezolano, la organización que tiene mayor trabajo en la atención a detenidos. Porque ocurren tantas cosas al mismo tiempo, que las ONG nos hemos dividido el trabajo para poder atender todas las situaciones.

¿Qué seguimiento hace exactamente Provea en esa división de tareas?

Nos focalizamos en el monitoreo, documentación y verificación de agresiones de civiles armados o grupos paramilitares. Otras organizaciones documentan la privación de libertad por razones políticas o el ejercicio de libertad de expresión, esta última está a cargo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que está haciendo las valoraciones cuantitativas de las protestas en todo el país. Intentamos ser lo más eficaces posibles.

"Ocurren tantas cosas al mismo tiempo, que las ONG nos hemos dividido el trabajo para poder atender todas las situaciones"

Un conflicto entraña a dos partes en igualdad de condiciones. No parece el caso. ¿Qué ocurre en Venezuela: una situación bélica, persecución política?

Hemos emitido un documento en el cual calificamos la situación ocurrida a raíz e las protestas. Tiene 16 características. Lo que está ocurriendo lo hemos denominado la primera rebelión popular del siglo XXI en Venezuela. Se trata de un proceso de movilización que involucra a por lo menos tres millones de personas. Ese es el número que, según nuestras cifras, ha participado en estas protestas desde el día 01 de abril de 2017 en los 24 estados del país. Es una cifra que apunta a una indignación masiva que tiene una respuesta represiva por parte del gobierno.

¿Se puede llevar esto a un tribunal internacional?

Somos críticos cuando se dice que estos casos puedan llevarse a la Corte Internacional de La Haya. Porque aunque podemos alertar sobre la presencia de discursos de odio o agresiones sistemáticas a un sector de la población por pensar diferente, todavía no hemos llegado a la gravedad de los casos que son atendidos en esas instancias y que pueden calificarse como conflicto bélico o genocidio. Esto no es una rebelión armada con grupos organizados, al contrario, siguen siendo protestas pacíficas tal y como aseguran los portavoces políticos o los manifestantes. Por supuesto que hay violencia, hablamos de tres millones de personas. No se puede garantizar cómo se van a comportar pero como reconoció la Fiscal General de la República, las protestas son pacíficas. De ahí la estrategia del gobierno de transformar ese movimiento apelando a la violencia. Eso es lo que se propone con la promoción de esta Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que intenta masificar la respuesta violenta de los manifestantes para convertir la protesta en una rebelión criminalizable y derrotable.

"En Venezuela tenemos un índice de hacinamiento carcelario del 280%. Esa es la cifra del Observatorio Venezolano de Prisiones. Es dramático"

Algunos ciudadanos son enviados a prisiones militares y otros a cárceles comunes. ¿Cuál es la situación de unos y otros?

En Venezuela tenemos un índice de hacinamiento carcelario del 280%. Esa es la cifra del Observatorio Venezolano de Prisiones. Es dramático. La mayoría de esos recintos penitenciarios están controlados por los propios líderes entre los presos, a los que en Venezuela se llama ‘pranes’. Hay una diferencia entre estar en una cárcel común y en una militar. Básicamente por las condiciones de hacinamiento, también las condiciones sanitarias, que sin ser las mejores no alcanzan la precariedad de las cárceles comunes. También hay algún respeto por los regímenes de visitas para familiares y abogados. Sin embargo, y por eso le conté nuestra visita a Hugo Chávez en el año 1993: a día de hoy, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos no podemos entrar a ninguna cárcel en Venezuela desde el año 2007 por orden de la que continúa siendo ministra de Justicia, Iris Varela. A pesar de que lo hemos solicitado en reiteradas oportunidades, no podemos constatar la situaciones de los presos ni en las cárceles comunes ni militares. Pedimos a los familiares que denuncien las agresiones o violaciones. No podemos corroborarlas, pero pedimos que estas sean investigadas por las autoridades. Hemos pedido que la Cruz Roja pueda entrar a las cárceles así como la visita del alto comisionado de la ONU al país, pero todo eso ha sido negado. Esto es importante: Venezuela no permite la visita de ningún organismo de defensa de Derechos Humanos, cosa que sí hizo Alberto Fujimori, quien permitió la vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Los detenidos pasan a tribunales militares. Los estándares internacionales lo condenan. Sin embargo altos funcionarios, incluyendo el Defensor del Pueblo, lo justifican"

¿Podría confirmar si los civiles están siendo juzgados por tribunales militares?

Esa situación existe. Muchos detenidos pasan a tribunales militares. Eso es grave. Los estándares internacionales lo condenan. Sin embargo altos funcionarios, incluyendo el Defensor del Pueblo, lo justifican. El argumento que ha empleado es que todos aquellos que cometan delitos de naturaleza militar deben ser juzgados por esos tribunales. Eso va en contra no sólo de los criterios internacionales, sino de la constitución venezolana.

¿Qué está ocurriendo con esa otra violencia: los linchamientos, saqueos, ajusticiamientos?

En Venezuela hay profundas irregularidades en el sistema de administración de justicia. En Provea hemos calificado esa situación como impunidad estructural. Incluso Cofavic reveló que el 92% de las denuncias de Derechos Humanos quedan impunes y según los datos de Provea, en más del 90% de las actuaciones contra el Estado en el Tribunal Supremo de Justicia son declaradas sin lugar. Eso genera un caldo de cultivo en el cual aumentan los linchamientos, y no sólo por razones políticas, que los ha habido últimamente, sino que se trata de una respuesta desesperada de la ciudadanía ante un sistema de justicia que no resuelve las demandas de los ciudadanos. El operativo de seguridad ciudadana implementado hace dos años, y que tiene por nombre Operativo de Liberación del Pueblo, no ha disminuido los índices de inseguridad. Funciona como un sistema de intimidación hacia los sectores más pobres para evitar que se manifiesten ante la crisis económica. Eso produce que la gente intente tomar la justicia por su propia mano, por eso no pueden desvincularse esos linchamientos por motivos políticos de los que han ocurrido en los últimos años.

"El operativo de seguridad ciudadana implementado hace dos años no ha disminuido los índices de inseguridad. Funciona como un sistema de intimidación"

¿Tienen denuncias sobre la supuesta utilización de presos políticos para reprimir las manifestaciones ciudadanas?

Esa denuncia se ha hecho pública. Pero no tenemos ninguna evidencia para corroborarla. Nuestra hipótesis es que estos señalamientos se unen, a los que ya existen y que incluyen el uso de personas de otra nacionalidades para reprimir en las manifestaciones. Incluso el propio gobierno ha dicho que muchos manifestantes se visten con uniformes de la Guardia Nacional para generar violencia. Lo cierto es que hasta ahora no tenemos pruebas para confirmar esa denuncia.

"En Venezuela todo el que piensa distinto es perseguido. El gobierno sólo respeta a aquellos que se identifican a sí mismos como seguidores del proceso bolivariano"

Para finalizar, ¿hay algún grupo más vulnerable que sea perseguido de manera sistemática?

En Venezuela se ha criminalizado la disidencia, incluso dentro del propio gobierno. Hay una denuncia del Comité Local de Alimentos y Producción que califica a los mecanismos de acceso a los alimentos como una estrategia tanto de discriminación como de intimidación. Hemos recibido denuncias que sí lo confirman y según las cuales en función de la base de datos que se construyó para acceder a los alimentos se está utilizando contra las personas que asisten a protestas no sólo para quitarles el beneficio, sino para identificarlas y permitir un allanamiento o una detención. Lamentablemente, la discriminación se ha convertido en una política de Estado. Todos los gremios independientes están siendo amenazados o deben enfrentar obstáculos. No hemos sido ilegalizados pero tenemos diferentes barreras, sobre todo en el caso de los defensores de los Derechos Humanos, que son víctimas de hostigamiento y amenazas de muerte. Es lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fujimori. En Venezuela todo el que piensa distinto es perseguido. El gobierno sólo respeta a aquellos que se identifican a sí mismos como seguidores del proceso bolivariano y es por eso que esta promoción irregular de la Asamblea Nacional Constituyente va a profundizar y agravar esa discriminación política.