Caso Rato

El juez descarta que Rato cometiera blanqueo de capitales como apuntó la UCO

El magistrado de Plaza de Castilla archiva la investigación por blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos de una de las piezas separadas del denominado caso Rato. En el auto de archivo, Serrano Arnal critica que la Guardia Civil se haya extralimitado en sus conclusiones al dar por hecho que Rato se aprovechó de su condición de ex ministro de Economía para situar en la cúpula de grandes empresas privatizadas a personas de su confianza.

Rodrigo Rato.
Rodrigo Rato. EFE

El magistrado de Plaza de Castilla (Madrid) que instruye la causa del patrimonio del exvicepresidente del GobiernoRodrigo Rato en el extranjero, Antonio Serrano-Arnal, ha descartado que cometiera los delitos de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos en torno a la privatizaciones de distintas empresas llevadas a cabo en los años 90, tal y como apuntó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe aportado a la causa.

Según informan fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid descarta las sospechas de la UCO sobre que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) habría blanqueado dinero mientras ostentaba este cargo. El juez archiva así parte de la investigación abierta a Rato por distintos delitos de corrupción.

En concreto, se sobresee una nueva pieza separada donde se investigaba si Rato como ex ministro de Economía del Ejecutivo español aprovechó la privatización de las grandes empresas titularidad o participadas por el Estado (Tabacalera, Aldeasa, Repsol, Azucarera, entre otras) para situar en la presidencia de las mismas a personas de su confianza con el posterior objeto de contratar publicidad con la empresa Cor Comunicación por él controlada, "a precios muy elevados y percibiendo por ello sustanciosas comisiones las que – supuestamente—procedió a blanquear utilizando un entramado de mercantiles españolas y extranjeras las cuales controlaba".

El Instituto Armado ponía el foco sobre COR Comunicación, sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones). 

En su auto, el magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, que en su último atestado alertó de que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron casi 83 millones por campañas de publicidad en medios, a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia. En la resolución, el instructor va analizando caso por caso y llega a la conclusión de que no hay indicios férreos de delitos en el proceder del ex ministro de Economía de Aznar y que, en cualquier caso, los hechos habrían prescrito. 

Meras hipótesis

Sobre el supuesto cohecho, dice el juez que "no existen indicios más allá de la sospecha" de que Rato tuviera la "exclusiva potestad" de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas ya que, en muchos casos, "estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada" tanto en las compañías como en Consejo de Ministros.

En este sentido, el instructor considera que el atestado de la UCO validó una "coincidencia con diferentes lecturas" sin que éstas "vayan más allá de una mera hipótesis sin sustento fáctico" pues, en su opinión, se trata "de sospechas, suposiciones y conclusiones que no van más allá de ofrecer una perspectiva global". El magistrado critica en su resolución que el informe de los agentes de la Guardia Civil recurre a expresiones en condicional como "podría señalarse", "habría que preguntarse" o "habría que cuestionarse" en "innumerables párrafos".

"En conclusión, pretender que, en base a la documentación aportada, con el condicional empleado en los innumerables párrafos “podría señalarse”, “habría que preguntarse”, “habría que cuestionarse”, “parecería razonable”, “habría que determinarse que”, que aquellas privatizaciones referidas a los años noventa, operadas por el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Hacienda, que los nombramientos de sus presidentes—que han ido cambiando sucesivamente en el tiempo y, por tanto, de los que no puede predicarse ninguna subordinación o agradecimiento a la figura del investigado—y su contratación con empresas del denunciado, realizadas al margen del propio Gobierno, el que, como ya se ha indicado, seguía en uso y posesión de la denominada “acción de oro” para considerarlo como delito antecedente del blanqueo, va más allá de la interpretación y garantías que rigen el derecho penal", explica el juez Serrano Arnal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid sostiene que "no resultan indicios bastantes y suficientes para entender los hechos contenidos en el atestado UCO por un delito de blanqueo, ni como delito fiscal autónomo al mismo, por lo que procede decretar su sobreseimiento provisional". Contra esta decisión cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

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