El fiscal anticorrupción plantea sanciones para los medios que filtren sumarios

Manuel Moix fiscal jefe de Anticorrupción, ha adelantado este jueves que los medios de comunicación que publican filtraciones de sumarios deberían ser sancionados."Soy partidario de estudiar medidas para evitar las filtraciones", ha dicho Moix en Onda Cero, tras lamentar que en España no exista una capacidad sancionadora en este aspecto como sí existe, ha dicho, en Alemania.

Moix ha hecho estas declaraciones pocas horas antes de la reunión del Consejo Fiscal, que aplazó hasta hoy el debate sobre las polémica decisiones adoptadas por el fiscal jefe Anticorrupción, y que han originado discrepancias en el seno de este departamento en relación con la 'Operación Lezo' y el relevo de los fiscales del caso 'tres por ciento' por las comisiones ilegales de la antigua Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

Uno de esos los puntos polémicos es el amparo que han pedido los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo ante la decisión de Moix de relevarlos de la investigación de las comisiones del 3 % de CDC, que llevaban desde 2015 con un juez de El Vendrell (Tarragona).

Moix nombró en su lugar a dos fiscales catalanes y justificó este cambio por motivos de cercanía, al considerar más práctico que llevaran el caso desde allí.

El otro amparo lo han reclamado estos mismos fiscales y otro miembro más de Anticorrupción, Juan José Rosa, ante la denuncia que presentó un imputado en el caso Emperador (sobre la mafia china de blanqueo liderada por Gao Ping) que los acusa de haberle coaccionado para declarar en contra del expresidente catalán Jordi Pujol.

Los tres fiscales han negado esas coacciones y, por el contrario, han alegado que el empresario les exigió dinero de los "fondos reservados" para inculpar a Pujol.

Moix dio trámite a esta denuncia del empresario Rafael Pallardó y la envió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, que es la encargada de hacer las oportunas diligencias al estar aforados los fiscales.

Ambas quejas las tratará finalmente este jueves el máximo órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, que solo funciona a nivel consultivo, por lo que la última palabra sobre ambas decisiones de Moix la tiene el fiscal general, José Manuel Maza.

Estas dos peticiones de amparo se producen después de otro incidente entre el nuevo jefe de Anticorrupción y otros dos de sus subordinados, los fiscales del caso Lezo -Carlos Iañez y Carmen García-, con quienes mantuvo una discrepancia de criterio en cuanto a los registros que afectaban a la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Iañez y García llevaron estas diferencias a la junta de fiscales de Anticorrupción, que les dio la razón casi de forma unánime, tras lo que Moix accedió a que se practicaran todos los registros que ellos consideraban necesarios.

Pero la cosa no quedó ahí, puesto que, unos días después, Moix pidió a Iáñez que le presentara su renuncia, como -le recordó- había prometido hacer en una reunión previa a esa junta, en la que el fiscal del caso Lezo trasladó a su superior su intención de irse si no le apoyaba.

El asunto de Lezo no figura como punto del orden del día de este Consejo, pero podría ser incluido en un turno de sugerencias que se trataría al final del plenario, según fuentes de la Fiscalía General.

Sobre este nuevo caso de corrupción y las posibles injerencias de Moix en la investigación se ha pronunciado hoy la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de corte conservador.

La organización ha manifestado su apoyo a los compañeros que trabajan en Anticorrupción "y en especial a quienes en este momento se ven perturbados y cuestionados en el desarrollo de su actividad", pero también ha exigido a la Fiscalía General del Estado que adopte las medidas necesarias para averiguar el origen de las filtraciones de casos de corrupción como Lezo.

Además de estos dos puntos, la agenda de este Consejo Fiscal incluye otros asuntos a debate, como diversas iniciativas en torno a la autonomía presupuestaria y funcional del Ministerio Fiscal, la Ley de Transparencia y la valoración de la implantación de los proyectos de justicia digital en las Fiscalías.