El PP de Aguirre intenta 'colarse' en el sumario de Púnica para acceder "a todo lo actuado"

Prisas por conocer el sumario del 'caso Púnica' desde dentro. Dos destacados miembros del PP de la localidad madrileña de Brunete, uno de los feudos 'fieles' a Esperanza Aguirre, han solicitado formalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que les permita personarse en la causa pese a no estar imputados en la misma. Se trata de Ana Cristina Gil Guerra, concejala de Nuevas Tecnologías en este municipio de 10.000 habitantes situado a 28 kilómetros al Oeste de la capital, y de José Gil Granizo, secretario general de la formación en el municipio. Ambos presentaron el escrito, en el que ya designaban procurador y abogado, el pasado 13 de diciembre con la petición expresa de tener acceso a una "copia de todo lo actuado".

Los dos miembros del PP de Brunete que han pedido personarse en el sumario son una concejala y el secretario general del partido en la localidad

Precisamente, dos días después era la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que entregaba un informe en la Audiencia Nacional referido a las supuestas irregularidades detectadas en los trámites del concurso para la adjudicación por parte de este consistorio de un contrato de 8,9 millones de euros a la empresa Cofely España SAU, salpicada por la trama. Portavoces de esta alcaldía han calificado a Vozpópuli la decisión de la concejala y el dirigente local del PP como "personal" y han rechazado detallar si ambos cargos del partido lo hacían como acusación o ante la sospecha de que pueden ser encausados. En una reciente providencia, el juez ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre dicha personación antes de tomar él una decisión.

Hasta la fecha no hay ningún cargo público del ayuntamiento de Brunete imputado en la causa, pero el nombre del municipio sí ha salido de manera reiterada en el sumario tanto en la confesión del constructor David Marjaliza, como en los 'pinchazos' telefónicos de algunos de los principales implicados y en diversa documentación en formato digital y en papel intervenida durante los registros. De hecho, los diferentes levantamientos del secreto de sumario ordenados por el magistrado en los últimos meses han permitido conocer las numerosas referencias que a lo largo de la investigación han ido apareciendo de esta localidad y de una adjudicación municipal fallido que supuestamente iba a ser adjudicado a  Cofely.

La 'visita' de la UCO

Las pesquisas sobre esta licitación se aceleraron el pasado verano. A finales del pasado mes de agosto, agentes de la UCO acudieron a la sede del consistorio a intervenir el expediente del concurso de eficiencia energética que este pequeño consistorio tenía previsto convocar a finales de 2014 y por el que se iba a gastar 8,9 millones de euros en quince años para mejorar el alumbrado público de municipio y que, finalmente, no se llegó a licitar porque la aprobación de los pliegos que debía regirlo se suspendió justo un día después de las primeras detenciones de la 'Operación Púnica'.

En las últimas semanas, la UCO ha tomado declaración a funcionarios y cargos públicos de Brunete, entre ellos el alcalde, el 'aguirrista' Borja Gutiérrez

Tras intervenir aquella documentación el pasado verano, la Guardia Civil comenzó a llamar a declarar a funcionarios y cargos públicos del consistorio, entre ellos el propio alcalde, el 'aguirrista' Borja Gutiérrez Iglesias, según confirmaron hace unos días a Vozpópuli fuentes cercanas a éste. Tras recabar dichos testimonios, los agentes de la UCO elaboraron un informe que entró el pasado 15 de diciembre en la Audiencia Nacional mediante el oficio número 494. Curiosamente, dos días antes eran la concejala y el otro miembro del PP los que acudían a la Audiencia Nacional a presentar su escrito de personación en una decisión que desde el equipo del Gobierno municipal se ha insistido en desvincular del alcalde y del propio Ayuntamiento.

La edil que firma el escrito, Ana Cristina Gil, actual responsable del área de Nuevas Tecnologías, era teniente de alcalde con atribuciones, precisamente, en obras públicas e infraestructuras del municipio cuando se elaboró el expediente que ahora bajo sospecha. El segundo firmante del escrito es el secretario general de la formación. Ambos forman parte del Comité Ejecutivo del PP local que preside Borja Gutiérrez, hombre considerado en Génova 13 como muy próximo a Esperanza Aguirre.

Cifuentes y el PSOE

El PP ya está personado en la causa a través de una de las Administraciones que preside, en concreto de la Comunidad de Madrid que encabeza Cristina Cifuentes. Fue la propia jefa del Ejecutivo autonómico la que anunció en julio de 2015 en un acto público que su Gobierno lo iba a hacer como acusación "por razones de transparencia y para defender los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional". La dirigente 'popular' recalcó entonces que se había adoptado esta medida a la vista de los datos que se iban conociendo tras haberse levantado el secreto del sumario y considerar que "de los presuntos delitos que se han cometido podría derivarse un perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid".

El Ejecutivo de Cifuentes consiguió personarse como acusación tras recurrir la decisión del juez que le obligaba a ir de la mano de una asociación que acorraló al PP en Gürtel

En un primer momento, el juez Velasco la obligó a hacerlo bajo la dirección letrada de la primera acusación que fue admitida. En concreto, la de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), célebre por haber sido precisamente el azote del PP en los dos grandes sumarios instruidos en la Audiencia Nacional que salpican el partido: Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'. El equipo jurídico de Cifuentes no se resignó y presentó un recurso a esta decisión. Finalmente la Justicia le dio la razón y hoy actúa en la causa de modo independiente. Ello no fue, sin embargo, impedimento para que el juez Velasco le echara en cara poco después la lentitud con la que algunos de los organismos que depende de ella a la hora actuaban para remitirle la documentación que les estaba reclamando para avanzar en la investigación.

No ha tenido tanto suerte el PSOE, que batalla desde hace diez meses en los tribunales para poder ejercer también la acusación popular en el 'caso Púnica' con voz propia. El 15 de febrero de 2016, cuando la causa llevaba ya cerca de año y medio abierta, presentó un escrito con dicho fin. El pasado 26 de agosto el magistrado lo admitía, aunque con la condición de que lo hicieran bajo la dirección letrada de ADADE, a la que el magistrado había conferido "el liderazgo del ejercicio de la acción popular" en junio de 2015. Sólo unos días después, el 5 de septiembre, el PSOE presentaba un recurso de reforma contra dicha decisión, que el magistrado rechazaba dos semanas después con un auto en el que justificaba su decisión para evitar "dilaciones indebidas" de la instrucción de la causa por culpa de la proliferación de acusaciones. Éste fue recurrido por los socialistas en apelación a comienzos de octubre. La Audiencia Nacional aún no lo ha resuelto.