Política

El PP pide al Congreso que la 'Comisión Bárcenas' no sea un "tribunal paralelo"

Los populares solicitan varios informes a los servicios jurídicos de la Cámara para delimitar la investigación temporal e institucionalmente y no interferir en los procesos judiciales en marcha. 

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, preside la 'Comisión Bárcenas'.
El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, preside la 'Comisión Bárcenas'. EFE

La 'Comisión Bárcenas', encargada de investigar una presunta financiación irregular del PP, ha celebrado este miércoles su primer encuentro de trabajo en una reunión de la Mesa de este órgano mantenida a puerta cerrada. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, en base al pacto alcanzado por PP y PSOE la pasada semana, se ha puesto a los mandos de la comisión, donde han sido los populares los que han tomando la iniciativa ante una oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos registraron juntos la creación de este órgano) que no ha llegado organizada con una peticiones comunes.

Según fuentes del Grupo Popular, la formación de Mariano Rajoy ha solicitado varios informes a los servicios jurídicos de la Cámara baja para delimitar la investigación temporal e institucionalmente y no interferir en los procesos judiciales en marcha. Unos pasos de procedimiento "esenciales", conforme al necesario cumplimiento de la legalidad, para que esta Comisión no se convierta en un "tribunal paralelo", señalan las mismas fuentes.

Los populares han pedido a los letrados de las Cortes que indiquen en el citado informe hasta cuándo se puede retrotraer una investigación en este órgano parlamentario inusual. Y es que el escrito de creación de la comisión registrado por PSOE, Podemos y Ciudadanos no especifica el periodo de tiempo en la vida del Partido Popular en el que se desea poner la lupa y reclamar la oportuna documentación.

En concreto, el texto se refiere a la "existencia de diferentes redes de donaciones irregulares, adjudicaciones de contratos públicos y otros mecanismos de financiación irregular". Sin embargo, no acota en que años se habrían producido tales hechos. Los populares sostienen que no pueden ser señalados por contrataciones que se realizaron por Gobierno ajenos, es decir, los de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Así mismo, el Grupo Popular ha solicitado que los servicios jurídicos del Congreso también informen de los niveles institucionales a los que se puede hacer extensiva la investigación: administración central, autonómica, local... Según las fuentes consultadas, desde la oposición se ha mostrado interés por incluir también a los ayuntamientos. La Comisión volverá a reunirse el próximo miércoles.

Encarcelados

En cuanto a la posible interferencia en procesos judiciales en marcha, algo que el Reglamento del Congreso no permite, los populares también quieren que quede muy claro, de antemano, en qué circunstancias podrían ser citados determinados comparecientes que se encuentren encarcelados o bajo imputación judicial. El PSOE insiste en que Rajoy sea el primero en comparecer. Por su parte, los populares están dispuestos a que así sea tras la aprobación del dictamen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, trámite previsto en sesión plenaria del Congreso para el 1 de junio.

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