Publicado: 08/01/2017 11:39
La Audiencia Provincial celebra a partir del martes el juicio del caso Guateque contra 34 empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, acusados de participar en una trama de corrupción en la concesión de licencias municipales a locales de ocio, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón.
El Ministerio Público pide entre 31 años y seis meses de prisión para los procesados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística.
Junto a los empresarios, figuran 19 funcionarios de rango medio del Consistorio, destinados en Juntas de Distrito, en la Gerencia de Urbanismo o en el Área de Medio Ambiente. No hay ningún político encausado en la considerada como la mayor red de corrupción municipal de Madrid, señala la Agencia Efe.
La trama se destapó en 2007 pero su instrucción se ha ralentizado debido al volumen de la investigación y al número de implicados, aunque también por la acción del primer instructor Santiago Torres, quien fue multado con 1.000 euros por la Comisión Disciplinaria del CGPJ por "retraso injustificado" en la tramitación de esa causa. Ello explica que el juicio se celebre una década después. Se han señalado 60 sesiones y está previsto que se prolongue hasta mayo.
Siete tramas
Hasta siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" se urdieron en el entorno del Ayuntamiento que, según el Ministerio Público, buscaban la agilización de expedientes urbanísticos, con la ayuda de funcionarios que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".
Los empleados municipales presuntamente percibían, a través de empresas dedicadas a obras y tramitación de licencias, sobornos de los promotores que oscilaban entre los 150.000 y los 1.000 euros a cambio de otorgar un tratamiento "favorable" a los expedientes. Su labor consistía en agilizar los expedientes adelantando su turno sobre otros y asumir un control menos riguroso para obtener un informe favorable al proyecto solicitado, de forma que pudieran lucrarse "desviándose del interés público que debían defender". Es más, la Fiscalía denuncia que "en ocasiones" algunas empresas llegaron a conseguir informes técnicos "abiertamente arbitrarios y contrarios a la legalidad urbanística y ambiental".
La petición de cárcel más elevada, 31 años, recae sobre Eduardo Agustino Carrasco, que era administrador de "Augusto Proyectos e Instalaciones S.L", una sociedad dedicada a promocionar, ejecutar y proyectar obras e instalaciones, a la que en 2003 el propietario de un bar de copas encargó un proyecto para transformar el local. Dado que no era viable desde el punto de vista medioambiental le pidieron al promotor el abono de 150.000 euros "a funcionarios no identificados de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento como única forma de pasar el trámite medioambiental previo a la licencia". El dueño del bar se negó a pagar y se quedó sin licencia.
En algunas ocasiones el funcionario presuntamente sobornado era el técnico de Licencias en la Junta del Distrito de Salamanca, Domingo Sánchez Bote, con cantidades que no superaron los 3.000 euros. El acusado empleó el mismo modus operandi con otros funcionarios municipales.
15.000 euros por "acelerar" el expediente
Pero la trama que desencadenó la operación Guateque estaba encabezada por Antonio Sanz Escribano, cuya empresa fue denunciada por un testigo protegido que regentaba un bar al que la Junta de Chamberí denegó la licencia de funcionamiento. El restaurador pidió a Sanz Escribano un nuevo proyecto para superar la evaluación ambiental, pero tras muchos retrasos, la resolución municipal propuso la clausura del local.
Fue entonces cuando el acusado pidió al dueño del local 15.000 euros a cambio de que otro funcionario, el también procesado Victoriano Ceballos, diera un tratamiento "favorable" y "acelerado" al expediente, pero el empresario lo rechazó y denunció los hechos.
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