Caso Pujol

El juez cree que Eugenio Pino cometió hasta tres delitos al poner en riesgo el caso Pujol

El magistrado José de la Mata ordena que se "deduzca testimonio" al ex Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, en los juzgados de Plaza de Castilla por falso testimonio, prevaricación y fraude procesal. El instructor ha invalidado el informe que la UDEF redactó con los datos de dudosa procedencia almacenados en el pendrive. En un auto durísimo, recuerda a las autoridades policiales que está prohibido "hacer trampas". 

El ex número dos de la Policía Eugenio Pino, a su salida de la Audiencia Nacional.
El ex número dos de la Policía Eugenio Pino, a su salida de la Audiencia Nacional. EFE

Las explicaciones que el ex Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, dio el pasado 16 de febrero en la Audiencia Nacional sobre el origen del pendrive que podría haber viciado toda la investigación al clan del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, no convencieron al juez José de la Mata.

Prueba de ello es que el instructor ha acordado este miércoles, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que se le abra una investigación al exnúmero dos de la Policía Nacional en relación el sospechoso pendrive que aportó a la causa y que ha puesto en riesgo la instrucción a todo el clan de los Pujol. En el auto, notificado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 anula, además, como prueba esta memoria USB dado su presunto origen ilícito.

En la resolución, el juez de la Audiencia Nacional remite los hechos que pesan contra los agentes a los Juzgados de Plaza de Castilla para que se deduzca testimonio a Pino y a un subordinado suyo, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, por falso testimonio y posibles delitos de prevaricación y fraude procesal. Además, deduce testimonio de lo sucedido al Ministerio del Interior "a efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan" para ambos policías.

"Búsqueda de atajos"

Asimismo, en el auto, el magistrado explica todas las diligencias que se han practicado hasta el momento para acreditar el origen de los documentos incorporados en el pendrive entregado al Comisario Principal de UDEF, con documentos que contenían informaciones sobre Jordi Pujol Ferrusola.

Con esos datos se elaboró un informe policial que se trató de 'colar' en la causa y que, de no haber sido puesto en cuarentena por el juez instructor rápidamente, podría haber dado al traste con la investigación que desde el año 2013 se sigue en la Audiencia Nacional contra el clan de los Pujol.

"De lo que se trata es de dejar claro, singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer trampas", recalca el juez

"El DAO Eugenio Pino dio órdenes a Díaz Sevillano de que facilitara al Comisario Principal de UDEF documentos contenidos en un pendrive con indicación de que los documentos estaban legítimamente incorporados a un procedimiento judicial, conociendo que esta información era incierta. Y por la misma vía impartió órdenes operativas a unidades policiales bajo su mando (UDEF), indicando que los documentos entregados podían utilizarse en la investigación, con pleno conocimiento de su incorrección", recalca De la Mata.

"Riesgo relevante"

Además, el magistrado de la Audiencia Nacional reconoce que "ha existido un riesgo relevante, como consecuencia directa de instrucciones impartidas por el DAO Pino Sánchez e implementadas por el funcionario de su Gabinete Diez Sevillano, de que documentos de origen desconocido terminaran incorporándose a la causa y contaminando otros actos procesales". El instructor afirma en todo momento que el ex número dos de la Policía fue el responsable de esta "búsqueda de atajos, constitucional y éticamente inadmisibles, que convirtió estos documentos y el informe 20 policial UDEF-BLA G-24 9.842 que los analizaba, en elementos de prueba ilícitos con potencial contaminante".

Asimismo, en su auto el juez José de la Mata hace referencia a la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Supremo en el denominado caso Falciani -cuya ponencia correspondió al magistrado Manuel Marchena- donde se sostiene que "el poder del Estado para la persecución y enjuiciamiento de hechos ilícitos no puede valerse de atajos. La verdad real no puede obtenerse a cualquier precio". 

"De lo que se trata es de dejar claro, singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer trampas. (....) Por esta razón las anteriores reglas cobran su genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito", enfatiza el instructor del caso Pujol.

En las últimas semanas, De la Mata ha tratado de determinar si esos documentos, que se habían almacenados en el pendrive, fueron legítimamente obtenidos sin que haya sido posible conocer el origen y ubicación de los mismos, ni "quien los obtuvo y cómo, ni la cadena de custodia de los mismos". El magistrado recuerda que el informe policial sobre esta documentación, por su origen dudoso, se mantuvo siempre en una pieza separada como medida profiláctica, para evitar contaminación de la investigación.



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