Puertos del Estado

El Gobierno se pliega a los estibadores para evitar una multa de 134.000 euros diarios

La falta de apoyos en el Parlamento para sacar adelante el Real Decreto Ley que liberaliza el sector de la estiba ha llevado al Ejecutivo a prolongar su aprobación, lo que fortalece aún más la posición de los estibadores. El Gobierno quiere evitar a toda costa una histórica multa de la Comisión Europea por incumplir una sentencia comunitaria.  

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. EFE

Los estibadores han logrado salirse con la suya. El Gobierno se ha visto forzado a retrasar una semana la aprobación del Real Decreto Ley que liberalizará el sector de la estiba portuaria al constatar que no cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante la norma. El hecho de no aprobar la modificación en las próximas semanas supondría tener que afrontar una histórica multa de la Comisión Europea por incumplir una sentencia comunitaria, que se elevaría a algo más de 134.000 euros por día, además de un montante que España acumula de una sanción latente que se aproxima a los 22 millones de euros.

Un riesgo que el Gobierno no está dispuesto a correr y menos si, a cambio, logra evitar la huelga que los sindicatos de estibadores han convocado para la próxima semana. El Ministerio de Fomento ofreció en la tarde de este miércoles la posibilidad de posponer una semana más la aprobación del Decreto a cambio de desconvocar la huelga.

En los últimos días, el Gobierno ha comprobado de primera mano que el Congreso no dará el visto bueno al Real Decreto Ley. El PSOE se ha mantenido firme en su postura de anteponer el acuerdo entre empresas estibadoras y trabajadores, por lo que ha hecho saber al Ejecutivo que votará en contra de la norma si no hay pacto definitivo entre patronal y sindicatos.

En las últimas horas, Ciudadanos también se ha bajado del carro. La formación que lidera Albert Rivera, que estaba dispuesta a apoyar el Real Decreto Ley, solicitó al Gobierno que retrasara su aprobación para dar más tiempo a la negociación con los estibadores.

Multa histórica

Es decir, que llevar el Decreto al Parlamento se traducía en una más que segura derrota del Gobierno. Una derrota que, en este caso, llevaría a buen seguro aparejada una fortísima de histórica sanción económica por parte de la Comisión Europea. Cabe recordar que el proceso de liberalización del sector de la estiba tiene su origen en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de diciembre de 2014, que condena al Reino de España al considerar que el sistema de estiba atenta contra los principios de libertad de establecimiento contemplados en el Tratado de la Unión.

Esta sentencia aún no se ejecutado, por lo que el Gobierno comunitario presentó una nueva demanda contra España por este motivo.

En el caso de que esta nueva denuncia concluya con una sentencia sin que el Gobierno haya cumplido con el fallo anterior, el Estado sería condenado a pagar una multa de 134.107,2 euros diarios desde el día en que se dicte sentencia hasta que el Ejecutivo ejecute plenamente el fallo anterior.

Se prevé que esta segunda sentencia se dicte en las próximas semanas, no más tarde de mediados o finales del mes de marzo, por lo que el Gobierno no puede permitirse ni un resbalón en este punto. Un retraso por el rechazo del Parlamento sería una sentencia de muerte, que abocaría a España a ser multada por primera vez en su historia por incumplimiento de una sentencia comunitaria.

Más tiempo para neutralizar el Decreto

A esta sanción se sumaría otra de unos 22 millones de euros, que permanece latente a la espera de que el Gobierno cumpla con la sentencia que le obliga a liberalizar la estiba. En el momento en que el fallo del Tribunal de Justicia de la UE condene a España por no aplicar esta sentencia, dejará de ser latente y se convertirá en real.

Así, los sindicatos, que han dudado muy poco a la hora de aceptar la oferta del Gobierno, dispondrán de más tiempo para firmar convenios con las empresas que contemplan la subrogación de trabajadores por parte de éstas a medida que vayan desapareciendo las Sagep, las sociedades que hasta ahora proporcionan empleados a las compañías estibadoras que, además, están obligadas a ser sus accionistas.

De esta forma, serán las empresas las que tengan que asumir el pasivo laboral de los trabajadores en el caso de que quieran contratar nuevos (procedentes del mercado libre, con sueldos más competitivos) y no las autoridades portuarias, como contempla el Real Decreto Ley. Una circunstancia que favorece que los estibadores mantengan sus actuales condiciones (con elevados sueldos que suman, de media, 65.000 euros anuales y que llegan en algunos casos a superar ampliamente los 110.000 euros).

La competitividad se resiente

Un escenario que se traduce en que el coste laboral que presentan en conjunto los puertos españoles se eleva hasta los 520 millones de euros, lo que lastra la competitividad de estas plazas en favor de los competidores, especialmente los del arco mediterráneo.

En los últimos días, los estibadores han ejercido una fuerte presión sobre las empresas para firmar los convenios y han penalizado a las que se han resistido a base de notables descensos de rendimientos, lo que les dejaba en una situación muy delicada frente a aquellos operadores que sí se habían plegado a los deseos de los sindicatos.

Con la decisión del Gobierno, el plazo para lograr su objetivo se amplía. Y, al mismo tiempo, el efecto que para la liberalización de la estiba pueda tener el Real Decreto Ley pierde fuerza.

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