Cataluña

Mas, contra las cuerdas: la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por el 9N

Los fiscales también reclaman ocho años y siete meses para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas EFE

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve para cada una de las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por mantener la consulta soberanista del 9N pese a ser suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

En su escrito de calificación, presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las exconsejeras de Gobernación y Enseñanza como cooperadoras necesarias, tal y como recoge la agencia Efe.

En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso.

Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejada penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente proponía la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.

"Estrategia de desafío completo"

En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del Constitucional.

En opinión del ministerio público, Mas, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9N" que ya estaban en marcha.

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