Esperanza Aguirre y los 55 cargos de las facturas 'troceadas' de la Gürtel

La lista de testigos en el juicio de la primera etapa de la trama Gürtel puede aumentar en más de medio centenar de personas en breve. Los tres magistrados del Tribunal estudian la petición de una de las acusaciones, a la que apoyan varios abogados de las defensas, para que sean citados a declarar durante la vista 55 ex altos cargos y funcionarios de la Comunidad de Madrid que tuvieron algún tipo de relación con los cientos de actos que las empresas de Francisco Correa organizaron para el Ejecutivo regional y la que entonces era su presidenta, Esperanza Aguirre. Todo ello después de que en los cuatro días que ha durado su declaración, Isabel Jordán, ex administradora de varias sociedades de la trama, haya manifestado de manera reiterada que eran los diferentes organismos del Gobierno autónomo los que daban las instrucciones para cometer diversas irregularidades con las facturas, entre ellos fraccionar los pagos para eludir los controles.

El juez estudia si llama a declarar, entre otros, al ex presidente Ignacio González y a los antiguos consejeros Santiago Fisas y Juan José Güemes

La lista que estudian ahora los tres magistrados del tribunal es la que incluyó la acusación en representación de Pablo Nieto, concejal del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid), en su escrito con las peticiones de pena para los 37 que se sientan en el banquillo desde el pasado 4 de octubre. En el mismo, se destacaba que todos estos altos cargos y funcionarios, muchos ya fuera de la Administración, eran supuestamente "personas que participaron directamente en el fraccionamiento de los contratos de la Comunidad de Madrid y conocían perfectamente la mecánica de dicha ilegal práctica". En concreto, dicho documento identificaba a 56 personas, entre los que se encontraba la propia Esperanza Aguirre y el que durante años fuese su mano derecha, Ignacio González, además de dos antiguos consejeros, Santiago Fisas y Juan José Güemes. Sin embargo, en febrero pasado el tribunal consideraba que de todos ellos sólo debían comparecer en el juicio como testigos la propia 'lideresa' y uno de sus hombres de confianza, Alejandro Hafflter, quien ocupò el cargo de secretario general técnico de Presidencia. La presencia en la vista de Aguirre también había sido solicitado por las defensas de la propia Isabel Jordán y del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también en el banquillo de los acusados. Entonces, los magistrados dejaron claro que la comparecencia de la hoy líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid debía quedar circunscrita a los hechos que se enjuician sin tener en cuenta su condición política.

686 actos

Estos hechos son los 686 actos que las empresas de Francisco Correa organizaron para el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre los años 2004 y 2008 con un coste de 6,48 millones de euros, según la investigación sumarial. Según ha detallado Jordán ahora, los mismos tenía casi como único objetivo "el posicionamiento de la señora Aguirre a nivel político". De hecho, recalcó que la entonces presidente madrileña "opinaba y mucho" sobre los mismos, lo que provocaba continuos cambios, a veces de última hora, con los consiguientes extras en el precio que eran facturados posteriormente "fuera de contrato". La ex administradora única de cuatro sociedades de la trama aseguró también que el importe de una parte de los mismos se troceaba en contratos de menos de 12.000 euros para así no convocar concursos y eludir los controles administrativos. Eso sí, siempre siguiendo las instrucción de "funcionarios" del propio Gobierno autónomo, según recalcó. La acusada puso el pasado viernes como ejemplo de estas irregularidades un evento celebrado en marzo de 2004 con motivo del 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Su coste, 121.015 euros más IVA, fue 'troceado' en once contratos menores de alrededor de 11.000 euros cada uno.

En su declaración, Isabel Jordán ha explicado como un contrato de 121.000 euros más IVA fue fraccionado en once de menos de 12.000 euros para eludir los controles

En su testimonio, Jordán detalló otras supuestas irregularidades en las facturas que las empresas de la Gürtel hacían presuntamente a instancias de la propia Comunidad de Madrid. Desde cambiar el año de la factura a poner conceptos falsos o hacer que fueran proveedores los que las cursaran. Por ello, el pasado jueves, el abogado de la acusación del PSOE madrileño, Wilfredo Jurado, pidió al tribunal que estudiara de nuevo su petición de citar como testigos a todos los cargos y funcionarios regionales que esta acusación considera que tuvieron que ver, de un modo u otros, con las supuestas facturas irregulares. Ese mismo día varias defensas de acusados se sumaron a la petición. El tribunal ya ha anunciado que la estudiará y que dará una respuesta el próximo 23 de noviembre, día que se reanudará la vista. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli consideran que es difícil que se acepte citar a todos, pero confían en que al menos una parte de los mismos sean finalmente llamados a declarar.

Los nombres de la lista

En concreto, además de Aguirre y su colaborador Alejandro Hafflter, la lista presentada en su día por la acusación del PSOE madrileño incluye a los ya mencionados a Ignacio González, Santiago Fisas y Juan José Güemes; a la viceconsejera de Sanidad, María Belén Prado; a las directoras generales de la Mujer, Patricia Flores y Máría José Pérez-Cerejuela; al jefe del Área de Contratación, Ricardo Vicent Fernándes de Heredia; al director gerente Domingo Menéndez; a la directora general de Universidades e Investigación, Clara Eugenia Núñez; al subdirector general de Régimen Interior y Servicios Generales, Matías Morante; al director general de Deportes, Antonio Garde Fernández-Fontecha; al director general de Patrimonio Histórico, Francisco Javier Hernández Martínez; al jefe del servicio de Gestión Económico Administrativa, José María López Sánchez; al viceconsejero Arturo Canalda; al director general de Seguimiento Presupuestario, Eladio Tesouso; al director general de Salud Pública Alimentaria, Agustín Rivero; y al subdirector general de Régimen Jurídico, Carlos Gancedo, como principales altos cargos, muchos de ellos ya fuera de la Administración regional.

La lista de altos cargos de la Comunidad de Madrid cuya comparecencia se pide incluye también viceconsejeros, director generales, jefes de área y de servicio, gerentes, subdirectores, secretarios técnicos...

A ellos se suman los en aquellos años jefes del Área de Gestión y Coordinación de Programas, Teresa Huidrobo y Juan Carlos Fernández García; los directores generales de Archivos y Museos, Álvaro Ballarín e Isabel Rosell; los de Promoción Cultural, Javier Casal y Amado Giménez; los secretarios generales técnicos Gonzalo Cerrillo, Lourdes Manovel, Cristina Torre-Martín, Rosario Jiménez, José María Pérez y Gerardo Ravassa; la secretaria general técnica de Familia, Carmen Díaz de Bustamante; el director general de Agricultura, Luis Sánchez; el jefe del Área de Patrimonio, Antonio Puentes; el jefe de la Subdirección de Gestión Contable, Patricio Soto; los directores generales de Promoción Deportiva, José Ramón Lete; de la Juventud, Guadalupe Bragado; y de Seguimiento Presupuestario, Manuel Vicente Sol; la gerente del Instituto Regional, María Dolores Limón; el secretario general del Servicio Regional de Empleo, Diego Valle; el subdirector general de Actuaciones Administrativas, José Martínez Jiménez; y la gerente del Patrimonio Madrileño, Natalia Pérez Villena.

La larga lista la completan la secretaria general técnica de Presidencia e Interior, Mar Pérez, el de Vicepresidencia, Borja Sarasola; el técnico de apoyo de dirección Tomás Criado; los subdirectores generales de Investigación, Alfonso González Hermoso de Mendoza, y Tecnificación y Gestión Deportiva, Antonio Guerrero; el gerente de Innovación y Tecnología, José Luis Belinchón; las subdirectoras de Museos, Pilar Navascués, y Bibliotecas, María Jaudenes; el director del Gabinete del Consejero de Sanidad, José Miguel Muñoz; el director general de Relaciones Externas, Fernando Martínez Vidal; los jefes de área de Industrias Agroalimentarias, Pedro Castaño, Promoción e Informes, Rosa Goñio, e Información y Participación Juvenil, Belén Olleros; y el jefe de Servicio de Programación y Análisis de Gestión, Encarnación de los Mozos. En la lista, curiosamente, no figura la también ex alto cargo de la Comunidad de Madrid Concepción Brea, cuya comparecencia ya fue aceptada por el Tribunal en las cuestiones previas de la vista a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.