Cataluña

Multan con 90.000 euros a la ANC y Òmnium por la Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos  ha multado a la ANC y Òmnium Cultural con una nueva sanción de 90.000 euros por tener una base de datos "inoperativa" en Estados Unidos. La sanción se suma a la multa  de 240.000 euros que ya impuso la AEPD a ambas entidades soberanistas el pasado mes de febrero, por la gigaencuesta que hicieron en 2014, antes del 9N, para preguntar a los ciudadanos como querrían que fuera una Cataluña independiente. 

Una manifestación soberanista con esteladas
Una manifestación soberanista con esteladas GTRES

Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana han recibido una nueva sanción de 90.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos por tener una base de datos inoperativa en Estados Unidos. La sanción se suma a otra multa reciente de 240.000 euros por la gigaencuesta soberanista que estas dos entidades realizaron con voluntarios en miles de domicilios de ciudadanos poco antes de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. 

A través de un comunicado, ambas entidades aseguran que, con esta sanción, “el Estado continúa con la estrategia de intentar ahogar económicamente a las entidades para detener el referéndum”. El ANC y Òmnium entienden que se trata de una “multa política” y por tanto “no la reconocen y la recurrirán”.

Según explican ambas asociaciones, la sanción de 90.000 euros es un caso sin precedentes en España que se les impone por tener una base de datos inoperativa en los Estados Unidos cuando se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos en este país.

Insisten en que tras constatar que otras empresas de actividades diversas tenían bases de datos de estas características, las entidades soberanistas garantizan que han cumplido "rigurosamente" con la normativa existente en cada momento.

Además acusan al Estado de sancionarlas "a partir de una denuncia que no ha podido ser verificada", por lo que consideran que se las ha multado bajo criterios ideológicos con el único objetivo de condenar las entidades que trabajan por el referéndum.

En menos de un mes, cada entidad ha sido sancionada por un importe de 330.000 euros



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