OPINIÓN

Las ‘black’ en la fase final de conclusiones

Nada tienen que ver en realidad unos con otros, políticos y enchufados, sindicalistas y empresarios, pero acabaron juntos, en el mismo barco, preparando sus conclusiones, a la espera de una sentencia que va a ser más liberatoria que otra cosa.

Rodrigo Rato y Miguel Blesa son los dos principales acusados de las tarjetas 'black'.
Rodrigo Rato y Miguel Blesa son los dos principales acusados de las tarjetas 'black'. EFE

Tras quince sesiones de declaraciones de acusados, testigos y peritos, el juicio de las tarjetas 'black' ha entrado en su recta final, en la fase de las conclusiones, en la que el fiscal, las tres acusaciones particulares (FROB, Bankia y BFA), las dos acusaciones populares (los sindicatos CIC y CGT) y los 65 acusados (representados por medio centenar de abogados) tienen ocasión de hacer su balance del juicio y, en definitiva, de todo el procedimiento.

Las restantes acusaciones, en general, hemos actuado alineadas a lo largo del proceso

Tras la, sin duda, brillante exposición del fiscal Alejandro Luzón (ojalá se le viera ese mismo convencimiento en el procedimiento principal de Bankia que investiga la salida a bolsa) nos tocó el turno a las restantes acusaciones que, en general, hemos actuado alineadas a lo largo del proceso y que ayer resumimos todas las pruebas practicadas y la calificación jurídica que, a nuestro entender, merecen las conductas de los acusados.

Casi a las tres de la tarde (con los estómagos rugiendo) me tocó el turno para exponer mis conclusiones, en representación de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC). Es el momento de hacer balance de un procedimiento complejo, tanto por el volumen de las actuaciones como por el número de los acusados, que además ha sido complicado deliberadamente por las defensas en una calculada estrategia procesal que pasa por confundir e intentar derivar responsabilidad hacia terceros (en este caso el ex presidente Terceiro y el ex secretario general de su época, ya fallecido, Montero).

Se ha dado la curiosa paradoja de que quienes más actividades desarrollaban en supuesto beneficio de la Entidad, menos retribución disponían para su propio peculio

Según el procedimiento iba llegando a su final, las defensas de los acusados han redoblado sus intentos para convencernos de que los “gastos de representación de libre disposición” (lo que en esencia constituye ya de por si una contradicción) son una cosa “normal”, amparada por la normativa de Cajas de Ahorro, por los acuerdos de Caja Madrid y relativamente habituales en el mercado (aunque curiosamente no han conseguido dar ni un solo ejemplo de una empresa que las haya utilizado). El problema viene porque (como suele ocurrir con las invenciones) cada uno ha dado una versión distinta de la película. La mayoría ha defendido su naturaleza puramente retributiva, pero hay quien (como Rato) considera que era una mero instrumento de liquidez (descontándose supuestamente de su sueldo), están los que han seguido defendiendo que eran de representación y los que apelaban a una tesis mixta, en virtud de la cual servía para todo: para gastos de representación y para uso personal en el hasta agotar el límite, dándose la curiosa paradoja de que quienes más actividades desarrollaban en supuesto beneficio de la Entidad, menos retribución disponían para su propio peculio. Algo así como un bonus por objetivos pero al revés….

Pero más allá de tales discrepancias, que debilitan enormemente las tesis de las defensas, lo que no hay olvidar en toda esta maraña técnico-jurídico-retributiva es que las black eran, ante todo, un sistema de compra de voluntades. Es la fórmula que encontró el presidente Blesa para lo que, eufemísticamente, se denominó la pacificación de la Caja, que en la práctica se hizo a base de tarjetas y un régimen despótico en el cual el presidente decidía personalmente a quién había que aumentar el límite y a quién congelar sus emolumentos. Cuando utilicé en la Sala esa expresión (“compra de voluntades”) pude oír un murmullo de desaprobación en la bancada de los acusados (que por momentos parece un graderío de barras bravas). Como son en su mayoría gente fina hubieran preferido quizá que utilizara otro término más académico, como captura de los órganos de gobierno. Pero ya estoy cansado de cursiladas.

Los mismísimos representantes de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Control de la Caja ¡también tenían tarjeta black!

Utilicé la expresión “compra de voluntades” porque me parece un término más descriptivo. Todos cogieron su parte mientras saqueaban la Caja (en su doble acepción). El Comité de Dirección se multiplicó el sueldo (más de 70 millones de euros se embolsaron en los últimos cuatro años a base de sueldo fijo, variable, prejubilaciones, blindajes…) gracias a los propios consejeros, titulares de las tarjetas. Las operaciones inmobiliarias fluían, había negocios para todos y los controles simplemente desparecieron. Baste indicar, para comprender hasta qué punto ocurrió así, que los mismísimos representantes de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Control de la Caja ¡también tenían tarjeta black!, al igual que los representantes de los sindicatos, supuestamente allí para defender a los empleados frente a los que les habían entregado la manzana del pecado. Otros, los de la patronal o de las grandes empresas entraron simplemente por el prestigio o por no perderse ningún negocio de los que volaban cada día por el espacio aéreo de las Cajas.

Nada tienen que ver en realidad unos con otros (políticos y enchufados, sindicalistas y empresarios) pero acabaron juntos, en el mismo barco, preparando sus conclusiones, a la espera de una sentencia que barrunto va a ser más liberatoria que otra cosa, pues si algo tengo claro es que la penitencia la llevan ya sufriendo años, desde que se desató el escándalo.


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