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Por el honor del Partido Popular

Llevo cinco años voluntariamente apartado de la primera línea de la política. Pero los acontecimientos de los últimos tiempos me obligan a romper una lanza por el honor del Partido Popular. No puedo permanecer indiferente mientras observo que muchos ciudadanos españoles están firmemente convencidos de que el Partido Popular es un nido de corrupción y que, desde hace décadas, la planta sexta de Génova 13 se había convertido en una gigantesca oficina de recaudación ilegal, donde los empresarios satisfacían un negro peaje a cambio de suculentos contratos en las Administraciones “populares”. Y que esos fondos opacos e ilícitos fluían después hacia los bolsillos de los principales dirigentes nacionales del partido.

En 1989 fui elegido diputado por Navarra. Una de las facetas de mi vida como congresista fue ocuparme, en representación del Grupo Popular, de la mayor parte de los asuntos de corrupción tratados en el Congreso. El primero fue el escándalo Filesa, que nos obligó a descender a las cloacas de las finanzas de los partidos políticos. Esta penosa inmersión me llevó a la conclusión de que la raíz de todos los males se hallaba en la propia ley de financiación de 1987, presentada por el gobierno de Felipe González como panacea de la lucha contra la corrupción. Y es que la ley permitía a los  partidos recibir donaciones anónimas, es decir, dinero negro cuyo blanqueo se producía al ingresarlo en una cuenta bancaria abierta con esta finalidad.

Entre 1987 y 2007, los partidos ingresaron algo más de 100 millones de euros fruto de la generosidad de donantes anónimos. De esta cifra, CIU se llevó 42 millones de euros, el Partido Nacionalista Vasco 27, el Partido Popular 25 y el PSOE 6. En el caso del PP habría que añadir la supuesta “caja B”. Si fuera cierto que en los últimos 25 hubiera registrado un movimiento de 8,3 millones de euros, la media anual de los ingresos no contabilizados sería de 300.000 euros anuales. Una cifra que no justifica hablar del “mayor escándalo de la democracia” y menos por quienes en el mismo período de tiempo fueron beneficiarios de donaciones exorbitantes (se calcula que podrían oscilar entre los 40 y los 60 millones de euros) como consecuencia de la condonación de sus deudas por las entidades bancarias. Tan sólo en 2005, al PSC se le perdonaron 6,57 millones de euros y a ERC 2,7.

Pues bien, en la comisión Filesa llegué a la conclusión de que la futura ley de financiación debía eliminar de raíz las donaciones anónimas. Mi primer empeño fue convencer al Partido Popular de que era preciso suprimir este tipo de donaciones anónimas. Y encontré un excepcional aliado en quien era tesorero del partido, Alvaro Lapuerta. Fue en la sesión de la comisión celebrada el 24 de febrero de 1995 donde ambos expusimos la inequívoca posición de nuestro Grupo. Presentamos después una proposición de ley, en cuya redacción participó –paradojas de la vida- también Jorge Trías. En su defensa ante el pleno de la Cámara el 18 de febrero de 1997 dije: “Incentivar la financiación privada exige establecer controles, transparencia y publicidad para que todos los ciudadanos tengan la seguridad de que quien hace una aportación a un partido político no tiene detrás un interés bastardo. Por tanto, creemos que las aportaciones anónimas no deben mantenerse, y este es el anuncio que hago desde esta tribuna”.

El intento de 1997 fracasó. Hubo que esperar hasta 2007 para asistir al alumbramiento de la ley que suprimió de las controvertidas donaciones. Pero esta decisión quedó empañada por los “diez escándalos” que denuncié en el que sería uno de mis últimos discursos parlamentarios. Y es que el PSOE se negó, entre otras cosas, a impedir que promotores y constructores de viviendas pudieran ser donantes de los partidos y de sus fundaciones, a prohibir la condonación de las deudas o a integrar la contabilidad de las organizaciones locales de los partidos en la contabilidad general. Estas fueron mis últimas palabras: “Debemos recordar en todo momento y ocasión que no somos más que meros administradores del esfuerzo fiscal de los ciudadanos y además hemos de poner todo nuestro empeño en luchar contra la corrupción. Un partido financiado ilegalmente es un jugador de ventaja que atenta contra la igualdad de oportunidades de los partidos y, por tanto, contra el principio de representación basado en el sufragio igual y libre”.

A lo largo de la investigación judicial de las presuntas actuaciones ilegales del ex gerente y ex tesorero del partido he pasado de la incredulidad a la indignación, sobre todo cuando se descubrió su enorme fortuna opaca al fisco y acumulada en Suiza. Su defensa se basa ahora en la estrategia del calamar. Confío en su absoluto fracaso, lo que no excluye que cada palo aguante su vela y si hay alguien que por acción u omisión dolosa se apartó del código ético del partido deberá asumir su responsabilidad. La opinión pública, a través del Parlamento, merece una explicación clara y convincente de lo ocurrido por parte del presidente del Gobierno. Y de un modo especial la exigen los millones y millones de españoles, entre los que me encuentro, que han levantado con orgullo la bandera del Partido Popular para defender la democracia y la libertad, resistir el embate del terror y luchar contra la corrupción, teniendo siempre en cuenta el interés superior de España y el bienestar de los españoles.


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