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El fundamento de la Constitución

Tal día como hoy, hace treinta y cuatro años, el pueblo español acudió a las urnas para refrendar la Constitución de la libertad y de la concordia. Participó en la consulta el 67,11 por ciento del censo electoral. Votó “sí” el 87,87 por ciento de los votos emitidos, mientras que los votos en contra sumaron el 7,84 por ciento. Hubo un 3,50 de votos en blanco y un 0.75 de votos nulos.

Ahora que arrecian las turbulencias separatistas en Cataluña no es ocioso recordar que los ciudadanos catalanes se volcaron en las urnas en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978. La participación fue del 67,91 por ciento del censo electoral. El sí a la Constitución alcanzó el 90,46 por ciento del censo. Se decantó por el “no” el 4,97 por ciento. Hubo un 4,05 de votos en blanco y un 0,70 por ciento de votos nulos.

Este resultado demuestra que los catalanes se sentían entusiasmados con el nuevo régimen político español que garantizaba la libertad política, reconocía la “nacionalidad” catalana basada en la posesión de una lengua propia como principal “hecho diferencial” y aseguraba el acceso a su autogobierno con un impresionante haz de competencias autonómicas.

Poco después, en el marco de la Constitución, el pueblo catalán volvió a las urnas para refrendar su Estatuto de autonomía. Esta vez la participación descendió al 59,7 por ciento y también los votos afirmativos, que se situaron en el 88,15 por ciento. A pesar de ello, los ciudadanos de Cataluña se sentían felices con su nuevo Estatuto, que permitió el arranque de la era Pujol.

Casi treinta años después, los catalanes tuvieron la oportunidad en 2006 de volver a las urnas para refrendar un nuevo Estatuto, considerado como la panacea del “soberanismo”. El resultado no pudo ser más decepcionante. La participación consiguió a duras penas llegar a la mayoría absoluta del censo electoral, con un 51,1  de los votos, de los que un 73,91 por ciento fueron a favor del Estatuto y un 20,76 de rechazo al mismo.

Estos resultados vienen a cuento pues no resulta ocioso recordar, en un día como hoy, que el pueblo de Cataluña se mostró de una manera contundente a favor de la Constitución, mientras que los dos Estatutos refrendados desde entonces registran un apoyo popular bastante menor. Podemos concluir, por tanto, que el ímpetu democrático de los catalanes fue un gran espaldarazo a una Constitución que se fundamenta, ni más ni menos, en  la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

Un espaldarazo al que no fueron ajenos, sino todo lo contrario, los nacionalistas catalanes que participaron de una manera muy intensa en la elaboración de la Constitución. A la inestimable labor como ponente constitucional de Miquel Roca, hay que añadir la de otros otros diputados y senadores catalanes entre los que destaca el propio Jordi Pujol.

La Minoría Catalana presentó en la Ponencia que elaboró el anteproyecto constitucional un voto particular al artículo 2º con el siguiente texto: “La Constitución se fundamenta en la  unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Con esta redacción pretendía que  la Constitución no sólo se fundamentara en la unidad de España y en la solidaridad entre sus pueblos sino también en el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El voto particular se mantuvo como enmienda al anteproyecto de Constitución, pero al final la Minoría Catalana acabó por aceptar íntegramente y sin reserva alguna la actual redacción del artículo segundo.

En el curso del debate en la Comisión constitucional, Miquel Roca acuñó el concepto de “nación de naciones” al defender la introducción del término nacionalidades, dejando bien sentado que la “nación catalana” no sólo formaba parte de un mero Estado plurinacional sino que éste, a su vez, era consecuencia de la existencia de la propia “nación española”. Para la Minoría Catalana hay una nación –España- que a su vez integra otras naciones. Ahora bien, tales “naciones” (culturales) no gozan de soberanía, pues ésta pertenece única y exclusivamente a la nación española. En consecuencia,  la titularidad del poder constituyente corresponde al pueblo español del que el pueblo catalán forma parte inseparable.

En estos momentos, el nacionalismo catalán trata de introducirnos en el túnel del tiempo para situarnos en 1714, año en que Felipe V, según sus historiadores, acabó con la independencia de Cataluña. Pero esto no es cierto. Lo que abolió el primer Borbón, cometiendo una gravísima injusticia, fueron las instituciones históricas del Principado como castigo por haberse incorporado mayoritariamente a las filas del archiduque Carlos de Austria, cuya legitimidad era bastante más sólida que la del duque de Anjou.

El Principado de Cataluña no era en 1714 un Estado soberano. Formaba parte de la Monarquía española desde el momento en que el emperador Carlos de Habsburgo se ciñó las coronas de Castilla, de Aragón y de Navarra en 1516. Es adecuado decir que Cataluña perdió aquel año sus instituciones de autogobierno, pero es falso que con ello perdiera su independencia como Estado soberano.

Después de dos siglos de centralismo borbónico, Cataluña recuperó en 1932 la institución de la Generalidad con la promulgación de un Estatuto de autonomía redactado en el marco de la Constitución de la II República. El Estatuto fue refrendado por el 99,45 por ciento de los votos emitidos con una participación del 75 por ciento, resultado que apunta a un cierto pucherazo estatutario.

La dictadura franquista supuso un nuevo paréntesis en la autonomía catalana que reverdece de nuevo al calor de la  Constitución de 1978. Nuestra Ley fundamental quiso reparar todos los agravios históricos entre ellos la pérdida de su autogobierno por Cataluña. Por eso carece de sentido invocar 1714 como fuente de legitimidad del proceso separatista.

Resulta muy lamentable comprobar que la deriva separatista de Convergencia se haya producido por motivos puramente mercantilistas y con argumentos falaces –“España nos roba”- que vulneran el principio de solidaridad. No hay ningún argumento consistente para romper siglos de convivencia en común. Es absurdo e inmoral decir a la gente que Cataluña pretende salirse de España pero para formar parte de un nuevo Estado de la Unión, que como todo el mundo sabe lleva varias décadas en proceso de construcción. De ahí que sea una traición al consenso constitucional pretender la segregación de Cataluña. Y además ¿por qué destruir España para construir Europa?


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