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El escándalo de las tasas judiciales

Pido al Gobierno la retirada de la Ley de Tasas Judiciales que actualmente se tramita en las Cortes Generales. La Constitución garantiza el derecho de todos a la tutela judicial efectiva. Unas tasas judiciales exorbitantes suponen la privación de ese derecho a la mayor parte de la sociedad. Espero que el ministro de Justicia, cuyo espíritu dialogante es indiscutible, se haga eco de la indignación que provoca esta medida en todos los estamentos de la Justicia. De sabios es rectificar, “mantenella” y no “enmendalla” es propio de gobernantes soberbios. Para una mejor ilustración de los lectores transcribo –y comparto- íntegramente el artículo que el abogado Ignacio del Burgo, mi hijo, ha publicado el 3 de noviembre en “Diario de Navarra”.

La comisión de justicia del Congreso de los Diputados, con el plante de toda la oposición, aprobó el pasado 31 de octubre una subida generalizada de las tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, que supone una verdadera involución histórica, un atraco a la ciudadanía y una manifiesta violación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

La pretensión del gobierno no es otra que utilizar la administración de justicia como fuente de recaudación (estima Gallardón, a ojo de buen cubero, que las nuevas tasas judiciales supondrán unos ingresos anuales de 306 millones de euros, frente a los 164 millones obtenidos en 2011). Para ello se ha decidido gravar el acceso a los tribunales con tasas desorbitadas que muchos justiciables no podrán afrontar.

La mera presentación de una demanda civil de juicio ordinario devengará una tasa de 300 euros más un plus variable del 0,5% sobre la cuantía del pleito; para apelar la sentencia del Juzgado habrá que desembolsar otra tasa de 800 euros y para recurrirla en casación la tasa será de 1.200 euros. Asimismo, el acceso al orden contencioso-administrativo comportará una tasa de 200 euros en el procedimiento abreviado (por ejemplo, para impugnar una multa de tráfico) y de 350 euros en el ordinario, más el citado plus del 0,5%.

Más deplorable resulta aún la extensión de la tasa judicial al orden social, donde por primera vez se obliga a los trabajadores a pagar 200 euros por un recurso de suplicación y 300 euros por un recurso de casación (la pretensión inicial del gobierno era de 500 y 750 euros, respectivamente). La imposición de estos pagos por acceder a los recursos es sin duda un ataque contra el beneficio de la justicia gratuita de los trabajadores.

Hasta ahora este tipo de tasas se aplicaban únicamente en los órdenes civil y contencioso-administrativo a empresas cuya cifra de negocios superase los 8 millones de euros. Ahora, además de aumentarse el importe de las tasas de forma exagerada, su pago, copago o repago se aplicará indiscriminadamente a cualquier persona que ose cruzar la puerta de un Juzgado. ¿Tutela judicial efectiva? Sí, para quien pueda pagársela.

El gobierno alega que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 16 de febrero de 2012, avaló las tasas judiciales como medio de financiación de la administración de justicia. Sin embargo, esta sentencia se pronunció sobre el sistema de tasas en el orden civil de cuyo pago quedaban exentas personas físicas y empresas que no superaban los 8 millones de euros de facturación anual, a quienes ahora, sí o sí, se obliga a pasar por caja. Y además ocurre que esta misma sentencia declaró a las claras que tales tasas contravendrían el derecho de acceso a la jurisdicción si fueran tan elevadas que lo impidieren u obstaculizaran. El hecho es que las tasas recién aprobadas, a la vista de sus cuantías, claramente impiden y obstaculizan el acceso a la justicia para un incontable número de ciudadanos, más aún en los tiempos que corren.

Para llegar a ser ministro de justicia deberían exigirse tres requisitos básicos: uno, fundamental, haber vestido la toga durante su carrera profesional (en suma, haber pisado los Juzgados y conocer el foro); dos, tener verdadera conciencia de la esencial labor que desempeña la administración de justicia en un estado democrático (lo que implica reconocer y reforzar el papel de jueces y magistrados, y de otros profesionales del derecho, en lugar de despreciarlos e indignarlos); tres, demostrar una mínima sensibilidad social, evitando que el acceso a la justicia se convierta en un privilegio de ricos. Sinceramente, me daría con un canto en los dientes si el próximo ministro de justicia reúne uno sólo de esos requisitos.


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