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Una disposición adicional para Cataluña

La respuesta al proceso separatista en el que Cataluña vive inmersa ha de darse en el marco de nuestro Estado de Derecho. Hasta ahora así ha sido y el Tribunal Constitucional ha suspendido la decisión del presidente de la Generalidad de convocar un referéndum consultivo para el 9 de noviembre. Todo induce pensar que igual suerte seguirá la “consulta alternativa” de las urnas de cartón impulsada por la Generalidad, que no pasa de ser una irresponsable astracanada. La unidad de las fuerzas políticas de ámbito nacional en torno al Gobierno es también garantía de que nadie podrá quebrantar la Constitución por la vía de hecho. 

Sin embargo, hay un elemento perturbador que, en mi opinión, no fortalece dicha unidad. Me refiero al llamamiento reiterado del secretario general del PSOE al presidente del Gobierno para que negocie de inmediato una reforma constitucional con el fin de convertir a España en un Estado federal. Es una ingenuidad creer que por el mero hecho de que las Comunidades Autónomas pasen a llamarse Estados federados, los independentistas catalanes (o vascos) vayan a dar marcha atrás en su pretensión de separarse de la nación española. Por otra parte, por respeto al orden constitucional, ningún gobierno puede negociar nada con quienes, además de mantener una actitud de rebeldía constitucional, advierten que sólo tratarán sobre el reconocimiento de su sedicioso “derecho a decidir”. Sostener por ello que para resolver la cuestión catalana resulta imprescindible la federalización del Estado, es tanto como dar la razón a quienes afirman que Cataluña no tiene encaje en el actual marco constitucional.

La unidad de las fuerzas políticas de ámbito nacional en torno al Gobierno es también garantía de que nadie podrá quebrantar la Constitución por la vía de hecho. 

La transformación de España en un Estado federal no podría llevarse a cabo sin la apertura de un nuevo proceso constituyente al afectar al núcleo esencial de la Constitución. Habría que modificar buena parte del título preliminar, revisar en su integridad los títulos III, IV, V y VIII que se refieren a las Cortes Generales, al Gobierno y a la Organización Territorial del Estado. Con toda probabilidad, sería necesario redefinir el título VI, sobre el Poder Judicial, y el IX, sobre el Tribunal Constitucional. Previamente habría que resolver la cuestión de si el nuevo modelo estatal nace de la decisión soberana del pueblo español o, por el contrario, es una manifestación de la voluntad soberana de cada Estado federado, dispuesto a ceder en el momento fundacional toda o parte de su soberanía. En un asunto tan trascendental conviene recordar aquella sabia reflexión del filósofo catalán Eugenio d’Ors: “Los experimentos con gaseosa”. 

Cataluña nunca fue un Estado independiente

En el debate de la Constitución de 1978, todos los esfuerzos de la Minoría catalana se concentraron en conseguir el reconocimiento explícito de la existencia de “nacionalidades”. Cuando alguien recordó el viejo principio de las nacionalidades [“Toda nacionalidad tiene derecho a convertirse en Estado independiente”], Miquel Roca replicó que España es una “nación de naciones”. Es verdad, dijo, que se trataba de un concepto poco ortodoxo desde el punto de vista de la ciencia política, pero argumentó que aquellos eran momentos para innovar. Aseguró que defender la existencia de la nación catalana era perfectamente compatible con su pertenencia a la nación española, pues a las nacionalidades tan sólo se les atribuía el derecho a la autonomía. Por eso, una vez aceptada la inclusión del controvertido término, los catalanistas no tuvieron ningún inconveniente en votar con entusiasmo una Constitución que se fundamenta nada menos que “en la unidad indisoluble de España, patria común e indivisible de todos los españoles”. Es verdad que Jordi Pujol, a pesar de su constitucionalismo verbal,  actuaría como si la única nación fuera Cataluña, reduciendo a España a la condición de mero Estado plurinacional.

Nunca Cataluña fue un Estado independiente. Es cierto que en 1716, Felipe V acabó con las antiguas instituciones políticas del Principado, tras la derrota del archiduque austríaco Carlos de Habsburgo en la guerra de Sucesión, uno de cuyos últimos episodios sería la capitulación de Barcelona el 12 de septiembre de 1714. Los que ahora se veneran como héroes y mártires de la independencia catalana eran en realidad legitimistas españoles dispuestos a “derramar gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España”. Frase que figura en el último y desesperado llamamiento a sus compatriotas de Rafael Casanova, conseller en cap de Barcelona, efectuado el 11 de septiembre de aquel año y que no pudo impedir que las tropas borbónicas penetraran en la ciudad. Pero no es menos cierto que aquel agravio histórico quedaría reparado por el Estatuto de 1932 y, sobre todo, por el Estatuto de 1979, después de que el pueblo catalán refrendara por mayoría aplastante la Constitución de 1978. De modo que la “devolución” a Cataluña de sus antiguas instituciones, democráticamente renovadas y con un nivel de autogobierno infinitamente superior al que gozaba Cataluña cuando se regía por “usatges” y “constituciones” medievales, reparó con creces aquel agravio histórico.

Los separatistas catalanes no luchan por la libertad. Eso sí se aprovechan de la que les proporciona la Constitución para dejar de ser españoles. 

El catalanismo del siglo XXI ha pulverizado el pacto constitucional al emprender la actual deriva separatista. La resurrección de la “cuestión catalana”, unida a la desmoralización y justificada indignación provocada por los escándalos de corrupción -de los que sólo se libran quienes hasta ahora no han tenido oportunidades de ejercer el poder-, ha conducido al país a una crisis de imprevisibles consecuencias. El actual proceso independentista catalán no es un movimiento de liberación nacional. Cataluña no es una colonia de España ni padece ninguna discriminación política, social o económica, ni dominación política de un pueblo sobre otro. Por eso no le ampara el derecho de autodeterminación reconocido por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Los separatistas catalanes no luchan por la libertad. Eso sí se aprovechan de la que les proporciona la Constitución para dejar de ser españoles. Manipulan la historia y no dudan en hacer demagogia para extender el credo independentista.  Aquel lema de “España nos roba” fue sin duda la consigna demagógica más eficaz del independentismo en los últimos tiempos, al menos hasta que se ha demostrado que los verdaderos ladrones estaban en casa. 

¿Hay margen para encarrilar la cuestión catalana?

¿Significa todo esto que no hay margen para encarrilar la cuestión catalana? Sin duda no lo habrá si el nacionalismo catalán se enroca en el independentismo y se niega a marchar por la senda constitucional. En tal caso el “choque de trenes” será inevitable. Por desgracia, el nacionalismo catalán comienza a dar  muestras de intolerancia y de coacción sobre los “malos” catalanes, traidores a la patria, por colaborar con el Estado español. Otra cosa distinta sería si aceptara negociar un nuevo estatus sin desbordar el actual marco constitucional.  Es verdad que el Gobierno no tiene mucha capacidad de maniobra. España ya es uno de los Estados más descentralizados del mundo desde el punto de vista político. Sería posible concertar, sin desbordar el marco constitucional, un nuevo régimen de financiación, o profundizar en la bilateralidad entre la Generalidad y el Estado (que no entre Cataluña y España). Eso exigiría, a su vez, una gran altura de miras al resto de las Comunidades para no emprender  la habitual carrera alocada del “café para todos”.

Debemos hacer lo posible e imposible para evitar que España vuelva a protagonizar un nuevo fracaso colectivo.

Para satisfacer esta fórmula de compromiso bastaría con introducir en la Constitución una disposición adicional similar a la de los derechos históricos de los territorios forales (Comunidad vasca y Navarra). No hace falta abrir un nuevo proceso constituyente si lo que se pretende es proporcionar a Cataluña un estatus singular. En el federalismo, no se olvide, es principio básico la igualdad competencial entre todos los Estados miembros.

Debemos hacer lo posible e imposible para evitar que España vuelva a protagonizar un nuevo fracaso colectivo. Nadie podría evitar además la irrupción de otras reivindicaciones  de difícil conciliación entre sí. En tales condiciones, sería imposible alcanzar el consenso necesario para abordar la reforma de la Constitución. Los únicos beneficiarios en todo este pandemónium serían quienes pretenden la voladura revolucionaria del régimen de libertades de 1978.


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