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Reflexiones sobre la reforma constitucional

En 2003, en un libro que publiqué sobre Cataluña, titulado “Jaque a la Constitución”, escribí: “A la vista de lo que está por venir, presiento que Cataluña lleva camino de convertirse en un nuevo problema… Y si Dios no lo remedia, la vida catalana está a punto de una radicalización sin precedentes por causa de la irresponsabilidad de sus políticos”. No tengo el don de la profecía. Llegué a esa conclusión después de analizar los proyectos de Estatuto que en aquellos momentos debatía el Parlamento catalán. Lamento vivamente haber acertado.

Los actos sediciosos que se han producido en el Parlamento de Cataluña por la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña, elegido el pasado 27 de septiembre, revela que nos encontramos en una situación de emergencia nacional. En tal circunstancia es de esperar que las fuerzas políticas democráticas tengan la suficiente altura de miras para apoyar al Gobierno en cuantas medidas sean precisas, dentro del marco constitucional, para poner fin al desafío separatista. 

Es evidente que el problema no podrá solucionarse sólo mediante la aplicación de medidas coercitivas

Es evidente que el problema no podrá solucionarse sólo mediante la aplicación de medidas coercitivas. Será preciso articular soluciones políticas. Y es en este punto donde se plantean profundas diferencias.

La más extrema es la que aboga por introducir el derecho de secesión, para permitir la autodeterminación de Cataluña, previa entrada de España en un nuevo proceso constituyente. Estoy seguro de que el pueblo español, titular único de la soberanía nacional, no aceptará esta propuesta suicida que le conduce a su autodestrucción. Por otra parte, si el referéndum resultara contrario a los separatistas, éstos pronto volverían a la carga.

Otros planean convertir a España en un Estado federal asimétrico, con el fin de permitir un encaje singular de Cataluña en el concierto nacional. Pero esto no se puede hacer sin una reforma integral de nuestra Ley fundamental. Porque además de redefinir el núcleo esencial del título preliminar de la Constitución, habría que derogar íntegramente su Título VIII y los Estatutos de autonomía, algunos de los cuales tienen carácter paccionado. Sin contar que todo ello tendría un efecto dominó sobre el entramado institucional del Estado (Cortes, Poder Judicial, Tribunal Constitucional). 

En suma, la transformación de España en una Federación de Estados conduciría casi indefectiblemente a la entrada en un nuevo proceso constituyente. Los grandes debates de la transición, incluido el de la forma de gobierno, volverían a la palestra. El consenso político de 1978 saltaría hecho pedazos. Es una irresponsabilidad meter a los españoles del siglo XXI en el túnel del tiempo para regresar a un pasado de grandes convulsiones del que nadie puede sentirse orgulloso.

Por otra parte, pensar que la solución al problema catalán pasa por el Estado federal es una ingenuidad. En el ADN de los separatistas está la negación de España como nación y la aspiración irrenunciable a erigirse en Estado independiente. O se está en España o se está fuera de España. No hay vías intermedias.

Otras voces defienden la necesidad de reestructurar el Estado para fortalecer su unidad y su eficacia. Esto podría provocar una cierta involución centralizadora si parten del supuesto de que todos los grandes males de la nación traen causa de la deficiente redacción del Título VIII. Quienes así se pronuncian no se atreven a reivindicar la vuelta al Estado centralista, pero sí pretenderían convertir las autonomías en meros entes descentralizados. Ahora bien, las Comunidades Autónomas están firmemente asentadas en el paisaje político español. Por eso, no es fácil que prospere ninguna reforma constitucional en tal sentido.

Las principales deficiencias que se atribuyen al sistema autonómico no son imputables a la Constitución sino a la actuación de los diversos Gobiernos

Las principales deficiencias o disfunciones que se atribuyen al sistema autonómico no son imputables a la Constitución sino a la actuación de los diversos Gobiernos que han propiciado el desistimiento del Estado a la hora de ejercer ciertas funciones y competencias que la Ley fundamental le reservan para garantizar en todo el territorio nacional los derechos y libertades fundamentales, la igualdad básica de los españoles, el principio de solidaridad y el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales en materia de política interior y exterior. Desistimiento que ha sido consecuencia de la privilegiada posición de bisagra de las minorías nacionalistas, pues desde 1977 sólo cuatro legislaturas de las once habidas lo han sido con gobiernos de mayoría absoluta.

Hay otra posible solución. Fue esbozada por el ponente de la Constitución Miguel Herrero en abril de 2014. Es una vía que comparto y he defendido públicamente desde este mismo medio. Se trataría de introducir en la Constitución una nueva disposición adicional similar a la que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Esto permitiría negociar con las instituciones catalanas, siempre previa renuncia inequívoca a cualquier veleidad separatista, un pacto de estatus siguiendo el patrón procedimental del Amejoramiento del Fuero de 1982, que confirma la singular inserción de la Navarra foral en el seno de la nación española. Esta fórmula tendría la ventaja de desconectar la cuestión catalana del legítimo debate sobre la reforma constitucional, que está por hacer y de cuyo contenido, hasta el momento, no existe consenso alguno. El obstáculo sería la invocación del principio del “café para todos”, que ha tenido y tiene efectos tóxicos para el desarrollo constitucional de la España plural. Debo decir que esta fórmula de momento sólo ha sido asumida por Durán y Lleida, representante hoy por hoy de una minúscula fracción del nacionalismo moderado.

En cualquier caso, hay algo incuestionable: cualquier reforma constitucional solo puede hacerse en el marco de un amplio consenso nacional que ha de comenzar por la fijación de sus objetivos. La revisión del Título VIII requiere además una gran estabilidad política. Y huir de “ideicas” (como llevar el Senado a Barcelona) o improvisaciones (como la asamblea de presidentes autonómicos en sustitución de la Cámara alta), a las que somos tan aficionados los españoles. 

A juzgar por algunas encuestas da la impresión de que los españoles no duermen pensando en la reforma constitucional. Pero cuando se les pregunta qué hay que reformar y para qué, nadie se pone de acuerdo. Lo que conduce a la conclusión de que no se puede jugar con fuego mientras se detectan grietas inquietantes en edificio de la Constitución.

Tal vez lo más sensato sería tratar de alcanzar una gran “convención constitucional” para cerrar de una vez el perturbador artículo 150,2, pues el proceso autonómico no puede estar permanentemente abierto. Es preciso acabar con el desistimiento del Estado a la hora de ejercer las facultades inherentes a la unidad constitucional. Urge reformar aquellas leyes orgánicas que no se adecúan ni a la letra ni al espíritu de la Constitución o que son manifiestamente mejorables. Es el caso de las leyes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de la Ley Electoral.

Una de las grandes lacras de la sociedad española es la corrupción. Pero ésta no ha sido fruto de la Constitución sino de la infame ambición de políticos sin escrúpulos y de la falta de transparencia en la contratación pública, afortunadamente corregida. Ha bastado que jueces y fiscales trabajen de consuno para dar jaque mate a los corruptos.

Es una simpleza propugnar una segunda transición salvo que se pretenda deslegitimar la Constitución

Procede reeditar el espíritu de la Transición. Está de moda demonizarla, pero es un insulto a los españoles de aquel momento sostener que fue fruto de oscuros contubernios con los llamados poderes fácticos. Es una simpleza propugnar una segunda transición salvo que se pretenda deslegitimar la Constitución. El tránsito de la dictadura a la democracia se produjo hace cuadro décadas. Y de la democracia sólo se sale para caer en regímenes totalitarios o dictatoriales.

No me resisto a citar unas atinadas reflexiones del gran escritor francés Víctor Hugo: “Las sociedades envejecidas, sean monárquicas o republicanas, se llenan de corruptelas, como los ancianos de arrugas y los edificios caducos, de zarzas. Pero es preciso distinguir, arrancar la maleza y respetar el edificio, rechazar el abuso y conservar los fundamentos. Esto es lo que las revoluciones no saben, no quieren y no pueden hacer: distinguir, seleccionar, podar. Verdaderamente, no tienen tiempo para ello. No vienen a escardar el campo sino a hacer temblar la tierra. Una revolución no es un jardinero. Es el soplo de Dios.”

El auténtico patriotismo democrático exige hoy más que nunca defender la vigencia de la Constitución y que en ella está la respuesta democrática a nuestros problemas de convivencia, incluida la posibilidad de su reforma. Certificar la defunción de la Constitución es abrir la puerta a la Revolución. Sería el preludio de un nuevo fracaso histórico.


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