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Duelo de espadachines con puñetas*: Horrach versus Castro

Un juez con ganas de pelea

En otras épocas el gravísimo desencuentro entre el juez Castro y el fiscal Horrach a cuenta del auto de imputación de la Infanta Cristina se hubiera ventilado en el campo del honor. Hubiera sido emocionante contemplar el duelo en una playa mallorquina entre los dos abanderados de la causa de la justicia y de la defensa de la legalidad. Como estamos en un Estado de Derecho, el juez se defiende de las acusaciones de parcialidad que le ha dirigido en su recurso ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, retando al fiscal a que se querelle contra él por prevaricación, por haber caído en la tentación de pasar a la historia judicial de este país por su obsesión de sentar en el banquillo de los acusados a la hija bien amada del rey don Juan Carlos. Aunque, bien mirado, Castro podría haber tomado la delantera a su rival presentando una querella por calumnia.

No es la primera vez que el juez, convertido en héroe nacional por el republicanismo, reta a alguien a querellarse contra él por prevaricación. Ocurrió cuando Antonio Alberca, el abogado de Jaume Matas, puso en cuestión su imparcialidad cuando, después de dictar auto de prisión provisional, eludible con una fianza de nada menos que tres millones de euros, los socialistas baleares consiguieron que Pérez Rubalcaba le concediera la Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco. Esta condecoración se otorga a quien, aun no siendo miembro del Cuerpo Nacional de Policía, realice “cualquier hecho que evidencie un alto sentido del patriotismo o de la lealtad con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio”. Querella que si no se ha materializado es porque, según tengo entendido, el expediente de dicha concesión se ha extraviado en los archivos del Ministerio del Interior y, por tanto, no se han podido valorar qué méritos patrióticos o de servicio a la policía había contraído Castro para ser acreedor de tan preciada condecoración.

Ni imparcialidad, ni objetividad ni congruencia

Comparto básicamente los argumentos del fiscal Horrach. Habrá que esperar al veredicto de la Audiencia Provincial. Por de pronto al sector “progresista” del Consejo General del Poder Judicial se ha alineado junto a Castro. Esperemos que no acabe por imponerse un mal entendido corporativismo. Entre tanto se despeja definitivamente el horizonte judicial de la Infanta, para bien o para mal, exigir al rey Felipe VI que adopte medidas extraordinarias como sería privarle del título de Duquesa de Palma o requerirle para que renuncie a sus derechos sucesorios- constituiría una vulneración de su derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Me impresionó una de las más contundentes frases del recurso del fiscal: “Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados”. Y es que, a mi juicio, eso mismo puede ser de aplicación al proceso, que no dudo en calificar de inquisitorial, seguido contra el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, en el caso Palma Arena, en el que tanto el juez como el fiscal forman un tándem hasta ahora irreductible.

Como es bien sabido, el caso Nóos es una derivación del Palma Arena. No deja de ser sorprendente que el juez Castro haya imputado en esta causa al expresidente Matas por hechos similares a los que, a lo largo de la instrucción, se han detectado en Valencia, Cataluña y Madrid, donde los responsables políticos de los organismos que concertaron diversos convenios de colaboración con el referido Instituto o fueron llamados como testigos o ni siquiera fueron citados. Claro es que si pasaban a la condición de imputados, dado que son aforados, Castro hubiera perdido la instrucción del procedimiento.

¿Quién se acuerda del Palma Arena?

Pero mi intención no era hablar del caso Nóos sino hacer un recordatorio del “escándalo” Palma Arena. Jaume Matas fue imputado en septiembre de 2009. De modo que lleva sometido a investigación desde hace cinco años. Hasta ahora el éxito de la instrucción de Castro se ha traducido, por hechos que nada tienen que ver con la instrucción del Palma Arena, en una condena de 9 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, por haberse interesado por la concesión de una subvención destinada a la creación de una agencia balear de información, intervención que no produjo ningún efecto pues el órgano encargado de distribuir las ayudas regladas a los medios de comunicación se produjo con total objetividad. La otra gran victoria fue la condena por un delito de tráfico de influencias alr haber tenido la debilidad de recurrir a un empresario hotelero amigo, sin ninguna vinculación con la Administración balear, para que diera trabajo a su esposa. No obstante, Castro recibió un rotundo varapalo cuando el Tribunal Supremo tumbó una sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que había condenado al expresidente a casi seis años de cárcel por la contratación de un periodista para que le preparara los discursos presidenciales. Y no es ocioso señalar que en ningún caso se le ha condenado por haber causado perjuicio al erario público. Otra cosa es que el resultado de los procedimientos anteriores haya resultado letal para la reputación del expresidente.

Después de cinco años, el caso Nóos ha oscurecido la instrucción del “escándalo” Palma Arena, del que ya casi nadie se acuerda (desde hace tres no se ha practicado una sola diligencia), pero que sirve para que Jaume Matas aparezca señalado en los medios como paradigma de la corrupción. Hagamos algo de memoria. Todo empezó cuando el Gobierno socialista de Francesc Antich formuló una denuncia genérica acusando al anterior Gobierno de gravísimas irregularidades en la construcción del velódromo donde se celebró, en 2007, el campeonato mundial de ciclismo en pista. La acusación fundamental consistía en que el presupuesto aprobado de 45 millones de euros se duplicó hasta superar los 90 millones de euros.

Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, con el inestimable impulso del fiscal Horrach, puso en marcha una investigación a raíz de una denuncia anónima en la que un grupo de “ciudadanos indignados” acusaba al expresidente balear de haberse enriquecido de forma exorbitante, hasta el punto de haber desviado miles de millones a diversos paraísos fiscales.

El Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, consideró que no había base suficiente para investigar a Matas, pero Horrach consiguió burlar la orden de su superior jerárquico mediante una hábil estratagema. Trasladó la anónima denuncia al juez Castro, encargado de investigar las irregularidades del Palma Arena, y éste decidió imputar al expresidente. Dio por sentado, de acuerdo con la Fiscalía, que Matas se había enriquecido en el ejercicio de su cargo y unió la denuncia a la causa con un argumento cartesiano. Es así que el expresidente posee una gran fortuna, luego la única explicación razonable de este hecho reside en el sobreprecio del velódromo: “Deviene, pues, inevitable –dice Castro en su auto de 30 de marzo de 2010- investigar el patrimonio de don Jaume Matas Palou y de personas muy ligadas al mismo, y no solamente por los delitos que tal investigación pudiera desvelar, sino por algo que no admite discusión, y es que con ocasión de la construcción del Velódromo Palma Arena hubo desviación de fondos públicos, éstos o la parte que de ellos quede en algún lugar estarán y será preciso encontrarlos para reintegrarlos al patrimonio de los ciudadanos. (…) habiendo aparecido grandes sumas de dinero cuyo origen se está a la espera de que pueda ser justificado y, para el supuesto de que las explicaciones no convencieran y, por tanto, se confirmaran las sospechas de que la injustificada fortuna tuviera su origen en las funciones públicas que en otro tiempo desempeñó, una de ellas, no necesariamente la única, podría en buena lógica ser la construcción del Velódromo Palma Arena”. Todo un veredicto de culpabilidad.

Jaume Matas en su comparecencia ante el Juez desmontó la acusación de haber acumulado un exorbitante patrimonio. El Palacete supuestamente adquirido por 500 millones de pesetas resultó ser una de las siete viviendas en que se dividió un viejo caserón en el casco antiguo de Palma, aunque se tratara de la planta noble. Se le imputó la propiedad de dos inmuebles, uno de ellos no es suyo, adquiridos antes de que Palma fuera elegida por el COI para celebrar en ella el campeonato mundial de ciclismo. Un informe de la Agencia Tributaria concluye que los ingresos ordinarios y justificados del matrimonio Matas eran suficientes para afrontar su inversión inmobiliaria.

El tesoro escondido

Pero lo más relevante es que, después de cinco años de investigación, las grandes sumas de dinero depositadas en paraísos fiscales no han dado señales de vida. No deja de ser algo sorprendente, pues lo ocurrido en otros renombrados casos, incluido el del Instituto Nóos, demuestra que cuando la Justicia se pone a buscar los tesoros escondidos acaban por aflorar. Se dirá que Jaume Matas ha podido ser mucho más hábil que otros, pero la Justicia no se basa en meras suposiciones –como las que sirvieron a Castro para imputarle- sino en hechos probados. Quede claro que lo único que digo es que después de cinco años la denuncia anónima no ha quedado confirmada en ninguna de sus acusaciones.

Otro gran error –que Castro y Horrach conocen perfectamente- reside en la afirmación de que el Palma Arena costó más del doble de lo presupuestado. Presunción falsa por la sencilla razón de que no hubo tal presupuesto. Cuando el COI designó a Palma le dio dos años de plazo para construir el velódromo. El Gobierno balear abrió una partida de 45 millones de euros para hacer frente a las obras, que no respondía ni siquiera a un anteproyecto, pues mientras no se hubiera producido la elección de Palma destinar un solo euro a esta finalidad habría sido una temeridad. De modo que el presupuesto se hizo conforme se fueron confeccionando los proyectos de construcción y con el pie forzado de que el velódromo estuviera listo para la primavera de 2007. De no haber sido así el ridículo internacional, no sólo de las Islas Baleares sino de toda España, hubiera sido monumental.

Las obras fueron ejecutadas por FCC y por Dragados en virtud de licitaciones públicas transparentes. No se ha detectado que dichas empresas hubieran satisfecho cantidad alguna en concepto de comisiones a ningún miembro de la Administración balear, ni por supuesto a su entonces presidente. El campeonato fue todo un éxito de la sociedad balear en su conjunto, pues en su realización se involucraron todas las instituciones de las Islas.

Nóos, la gran estrella de las piezas separadas

Para rematar a Matas, el sumario se fraccionó en piezas separadas, hasta un total de veinticinco, sobre asuntos que en la mayoría de los casos nada tienen que ver con el Palma Arena. Algunas de ellas fueron archivadas, como el ruidoso soborno de 250.000 euros del productor de televisión, Paco Ruiz, acusado falsamente de haber entregado a Jaume Matas dicha cantidad de dinero durante la gala de inauguración de la TV balear, eso sí, ante las más de mil personas que festejaron el acontecimiento.

La más sonada de las piezas separadas la constituye la investigación de las actividades del Instituto Nóos. Esta se inició, en el mayor de los secretos -roto por las filtraciones procedentes del juzgado de Castro-, cuando el instructor y la fiscalía repasaron las actas de la Fundación Illes Sports y se toparon con los convenios de colaboración para la celebración de eventos deportivo-culturales concertados con el Instituto. Juez y fiscal demonizaron los convenios (según el Tribunal de Cuentas se celebran todos los años en España más de 30.000 convenios de esta naturaleza por todas las Administraciones Públicas porque no hay una delimitación nítida sobre las diferentes figuras contractuales. Pero Castro y Horrach lo tienen meridianamente claro. Se quebrantó la legislación porque lo procedente hubiera sido convocar concursos públicos, conclusión más que discutible desde el punto de vista del Derecho Administrativo.

Otra cosa es que el Instituto Nóos hubiera subcontratado su ejecución con sociedades mercantiles creadas por sus propios patronos (Urdangarín y Torres), ocultando beneficios al fisco o desviando fondos a paraísos fiscales, todo lo cual se dilucidará en el juicio oral.

Soy consciente de que todo lo anterior irritará a los justicieros que andan por ahí y que, desde hace cinco años, han contribuido a que la opinión pública haya dictado veredicto de culpabilidad contra Jaume Matas y otros imputados sin esperar a que la Justicia, con mayúsculas, dicte su última palabra. Y es que, como concluye certeramente Horrach, diga lo que diga el juez Castro con su peculiar y a veces irrespetuosa (con el justiciable) literatura jurídica: “Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados”.

*Puñetas: Encaje o vuelillo que adornan los puños de las togas jueces y fiscales.


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