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¡Delenda est Monarchia!

La abdicación del rey don Juan Carlos ha provocado que algunos grupos de la izquierda extrema –como IU– y de extrema izquierda –como Podemos– enarbolen la bandera republicana y exijan el fin de la Monarquía. Están en su derecho.

Se puede pensar que es un anacronismo en estos tiempos conferir, con carácter hereditario, la Jefatura del Estado y la máxima representación de la nación a una dinastía por más que hunda sus raíces en nuestra historia. Si la Corona ejerce eficaz y ejemplarmente su elevada función no hay ninguna incompatibilidad entre la democracia y la monarquía. Así lo han entendido los países democráticos que como el nuestro mantienen la institución monárquica y figuran entre los más avanzados del mundo. Es el caso del Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Fuera de Europa son monarquías parlamentarias democráticas, entre otras, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Es precisamente ese servicio permanente a la nación el que exige a quienes en cada momento encarnen la institución una dedicación y entrega total y absoluta. El respeto que se merece el rey y los privilegios inherentes a su cargo no se deben a él como persona, sino porque en él se ve la representación viva de la nación. El rey es rey las veinticuatro horas del día. Tiene derecho a disfrutar de momentos de ocio y de descanso, pero no es un funcionario sujeto a horario, como si se tratara de un alto cargo de la Administración. Sin duda esto constituye una servidumbre y una limitación de su libertad personal, pero quien no sea capaz de soportarlo debe renunciar a sus privilegios para convertirse en un ciudadano como los demás. Por eso, la ejemplaridad de su conducta ha de ser requisito indispensable para mantener su estatus. Ejemplaridad en su vida personal y familiar.

Hizo bien don Juan Carlos en prescindir de la corte que en otros tiempos rodeaba al monarca y lo distanciaba del pueblo. Pero no es bueno que el lugar de los Grandes de España lo ocupen o traten de ocupar personajes del mundo financiero y empresarios poderosos. Sería mejor que el próximo rey se rodee de personas del mundo académico o de la cultura que no pertenezcan a ningún grupo de de interés. No pongo en cuestión, sino todo lo contrario, que se utilice la excelente relación de los miembros de la Corona con numerosos líderes mundiales para lograr todo aquello que redunde en beneficio de la economía española, siempre que cualquier actuación o gestión cuente con el refrendo del Gobierno, pues ahí reside la esencia de la monarquía parlamentaria y en ella se fundamenta la inviolabilidad e inmunidad que la Constitución confiere a la persona del monarca. El rey tiene derecho a administrar su patrimonio personal, siempre con el obligado asesoramiento de expertos independientes, pero no debe ni puede hacer negocios por más que la Constitución no lo prohíba expresamente. Creo que es innecesario argumentar el por qué de esta aseveración.

Sería mejor que el próximo rey se rodee de personas del mundo académico o de la cultura que no pertenezcan a ningún grupo de de interés

Hay quien añora que alguien, con peso suficiente en el país, resucite aquel famoso artículo '¡Delenda est Monarchia!', del gran filósofo José Ortega y Gasset, que allanó el camino a la revolución incruenta que acabó con el reinado de Alfonso XIII en 1931, olvidando que el filósofo a los siete meses de proclamada la República se lamentaría en otro memorable artículo, '¡No es esto! ¡No es esto!', en el que se preguntaba por qué los gobernantes republicanos “nos han hecho una vida agria y triste” y les advertía de que “el Estado naciente vivirá en continuo peligro y a merced de que cualquier banda de aventureros lo amedrente e imponga su capricho”.

En 1931, el rey fue víctima del error de haber consentido y refrendado la dictadura de Primo de Rivera, aunque el dictador hubiera sido llevado en triunfo desde Barcelona a Madrid para que pusiera fin a los grandes males que afectaban a España, entre ellos el de una agitación social incontrolable. En esa tarea colaboraría el dirigente socialista Largo Caballero, más tarde aclamado como el “Lenin español”. Cuando Alfonso XIII quiso regresar a la normalidad constitucional y convocó elecciones municipales era demasiado tarde.

El rey Juan Carlos hizo todo lo contrario que su abuelo. Condujo a España desde la dictadura a la democracia, devolvió al pueblo español la soberanía nacional e impulsó la aprobación de la Constitución de 1978, llamada con razón de la libertad y de la concordia, que fue refrendada por la gran mayoría de los ciudadanos, algo que por cierto no sucedió con la Constitución republicana. Y cuando un 23-F un grupúsculo de militares golpistas secuestraron al Gobierno y al Congreso para volver a la dictadura, el rey salvó a la democracia. Digan lo que digan sus detractores.

La monarquía tiene por tanto en España plena legitimidad democrática. Que un grupo ácrata y antisistema como el liderado por el nuevo Pablo Iglesias -que en una de sus alocuciones defiende que, al igual que en los Estados Unidos, el pueblo tenga derecho a portar armas para responder a la violencia del Estado-, reclame el régimen republicano está dentro de la naturaleza de las cosas. Pero sí que lo hagan los herederos de Santiago Carrillo. En las Cortes constituyentes, el histórico dirigente comunista votó desde un principio a favor de la monarquía parlamentaria y expuso con toda claridad las razones de su apoyo a la forma monárquica del Estado: “Es una actitud responsable que nos felicitamos sea compartida, en definitiva, por el Grupo Parlamentario Socialista, colocado en una situación semejante a la nuestra. En realidad, nunca se vio que un pueblo rechace la monarquía cuando ésta ha contribuido a establecer las libertades políticas democráticas y cuando su rechazo significa poner en peligro dichas libertades. Este papel desempeñado por la monarquía del rey Juan Carlos es lo que determinan nuestra actitud, que no es una maniobra coyuntural y que mantendremos invariable, siempre que la Constitución sea respetada. (…) En este terreno contribuiremos en todo momento a facilitar la elevada y responsable labor del Jefe del Estado, cuya situación, al margen de las contiendas entre partidos y grupos sociales y al servicio de la voluntad popular expresada en las urnas, debemos respetar todos”.

El rey no se ha apartado nunca un ápice de sus deberes constitucionales. A la hora de su abdicación merece, cuando menos, nuestro afecto y nuestro respeto. Don Juan Carlos tiene valor probado en defensa de la democracia. A su sucesor, el futuro Felipe VI, el valor se le supone. Pero ha sido educado en los valores democráticos y se le ha inculcado que ha de estar siempre al servicio de los españoles. Reúne todas las condiciones para ser un gran rey. Quienes pretendan mandarlos al exilio tendrán que poner en marcha, si cuentan con el respaldo popular, los mecanismos constitucionales que permiten la reforma total o parcial de la Constitución. Mientras tanto, larga vida a Felipe VI.


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