OPINIÓN

La chapuza de LexNET: Catalá debería dimitir

El poder ejecutivo ha diseñado e implementado el sistema LexNet, el poder ejecutivo controla ese sistema, el poder ejecutivo ha obligado a todos los juristas a usarlo y el poder ejecutivo acaba de demostrar que ha sido incapaz de impedir un fallo básico gravísimo.

La chapuza de LexNET: Catalá debería dimitir
La chapuza de LexNET: Catalá debería dimitir EFE

Lo de LexNET es un desastre sistémico en toda regla. Al estilo español. A perjuicio de los ciudadanos y empresas españoles y extranjeros. Es decir, usted mismo. LexNET, si aún no lo sabe—(cosa comprensible porque los medios y los telediarios han hablado poco de este escándalo desde el jueves)—es el sistema de notificaciones judiciales del reino, de uso obligatorio desde hace un año y medio. Como si fuera un buzón de correo electrónico para cada jurista con los tribunales, a efectos procesales. Ahí está todo, de todos los procesos de todos los juzgados y todas las instancias y todos los actores jurídicos: jueces, abogados, procuradores, fiscales, Guardia Civil, Policía, etc. En ese sistema, si usted tiene algún pleito civil o demanda administrativo contencioso, o si está acusado o víctima de de algo a nivel penal, están sus datos: nombre, DNI, domicilio, cuentas bancarias, Seguridad Social, antecedentes penales, sociedades, y todo lo demás. Y la semana pasada falló a lo grande o, mejor dicho, descubrieron que tenía un fallo gordísimo desde hacia no se sabe cuánto tiempo.

Cada jurista usuario podía entrar con su propio identificador, certificado y clave para luego acceder a toda la documentación judicializada de otro usuario cualquiera

Tanto tiempo que seis días después, el Ministerio de Justicia no ha querido contestar cuánto. En mi opinión, tras hablar con abogados y procuradores, tras leerme todos las notas de prensa y tras dos o tres rondas de llamadas y correos con el Ministerio sobre el asunto, es posible que no saben cuánto tiempo estuvo el fallo al descubierto. La chapuza es así de potente. Dudo incluso que tengan los logs (registros informáticos) de lo sucedido. Y no funcionan las alertas por acceso indebido que dicen que tienen, porque si eso habrían saltado a lo bestia la semana pasada al poner a prueba—autorizándose mútuamente a acceder a sus notificaciones—un grupo de abogados el sistema. Si admiten que estuvo así X tiempo, mal; si admiten que no saben cuánto tiempo estuvo así, peor todavía. Sólo son conscientes del error porque un abogado de Cartagena, José Muelas, insistió en el tema, insistió en conseguir el teléfono de algún subdirector de Justicia para advertirle personalmente del alcance del error, que afectaba a todo el sistema.

Algunos descubrieron que en la prueba SSL (la seguridad entre el navegador y el servidor) de SSL Labs, LexNET sacaba una "F", la peor nota posible

¿Cuál fue el error? De nuevo hablamos de algo nivel Torrente. No hace falta que entre en escena ningún hacker adolescente ruso en su habitación, o ningún ejército de informáticos norcoreanos intentando colapsar los servidores patrios. No, no. Es más sencillo, más estúpido. Cada jurista usuario podía entrar con su propio identificador, certificado y clave para luego—estando autorizado a estar dentro de LexNET—acceder a toda la documentación judicializada de otro usuario cualquiera en algún lugar del reino, de todos sus casos; Incluso descargársela o borrarla. Sólo con saberse o adivinar o hacerse de alguna manera con el identificador de ese ser (que no su clave, ojo). Parece que estaba hecho, programado, así. La prueba está en que el jueves cerraron LexNET corriendo durante una hora para intentar arreglarlo. De paso, algunos abogados informáticos descubrieron que en la prueba SSL (la seguridad entre el navegador y el servidor) de SSL Labs, LexNET sacaba una "F", la peor nota posible. "F" de fracaso, "f" de fallo. A día de hoy, tras el gabinete de crisis del Ministro Catalá este fin de semana, y tras los arreglos informáticos realizados, la página sigue sacando una…"f". "F" de "toman a los españoles por tontos".

Este mismo lunes por la mañana, después del arreglo urgente del jueves y de todo un fin de semana de otros—desconocidos—arreglos urgentes, el sistema volvió a fallar

Los abogados me dicen que el fallo del jueves ya está arreglado, pero se preguntan qué más hay. Porque si ha podido pasar esto y el Ministerio corre a taparlo todo en los últimos días hábiles del año judicial, antes de la largas vacaciones estivales, ¿quién sabe qué otros errores potentes hay en ese sistema hecho por, y controlado por, el Ministerio de Justicia? La respuesta es que parece que nadie lo sabe. A los jueces del Consejo General del Poder Judicial les gustaría saberlo, pero no pintan nada en LexNET. A los abogados del Consejo General de la Abogacía Española les gustaría saber más del tema; pero no pintan nada en LexNET. Los procuradores del Consejo General de Procuradores de España fueron quienes dieron la noticia del gabinete de crisis del fin de semana; pero tampoco pintan nada en LexNET. No me consta que ninguno de estos grupos fuera invitado a dicha reunión, que Justicia prefiere describir como un grupo de trabajo, ni acudió ninguno de los abogados que descubrió el fallo. Los únicos que lo pueden saber son los técnicos del Ministerio de Justicia. Adivinan cuánta información concreta, específica, he podido sacarles desde el jueves sobre lo que pasó. Exacto, cero. Les envié una larga lista de preguntas detalladas sobre distintos aspectos y me dijeron que si eso me organizarían una entrevista con algún técnico…para septiembre.

Para septiembre, quién sabe qué habrá pasado con el sistema. Este mismo lunes por la mañana, después del arreglo urgente del jueves y después de todo un fin de semana de otros—desconocidos—arreglos urgentes, el sistema volvió a fallar. Es otro golpe más para la teórica separación de poderes en España. En teoría podría ser un sistema encriptado, cifrado, con código fuente abierto, con permisos escalonados según los distintos juzgados e instancias, y podría estar todo el sistema en manos del poder judicial. Pero no es así en España. El poder ejecutivo ha diseñado e implementado el sistema, el poder ejecutivo controla ese sistema, el poder ejecutivo ha obligado a todos los juristas a usarlo y el poder ejecutivo acaba de demostrar que ha sido incapaz de impedir un fallo básico gordísimo. Y eso sin entrar en teorías más malvadas, sin sugerir que alguien diseñó ese fallo así a propósito, para que luego otro alguien pudiera aprovecharse de ello para enterarse de todo, sin alertas, sin registro del acceso indebido, sin nada. En España, con todos los casos de corrupción y fraude que hay en los juzgados, con lo que mola la picaresca, nadie haría eso, ¿verdad?


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