Tribuna de Juan Zamora

El error de Salvamento Marítimo y la irresponsabilidad del poder político

El juicio sobre el naufragio del petrolero Prestige ha adquirido tintes de serial. Cada semana, durante tres días, ocupan la pasarela diferentes testigos que se adhieren a la trama principal con más o menos éxito. A veces un personaje secundario aumenta su importancia con una actuación impecable. Fue el caso de los marineros del remolcador Ibaizabal Uno, Collado y Caínzos, cuyo testimonio alcanzó cotas muy altas de credibilidad, honradez y profesionalidad. Ambos fueron lanzados a la cubierta del petrolero desde el helicóptero en la negra noche del 13 al 14 de noviembre de 2002, para colaborar en la toma de remolque. Ambos coincidieron en exculpar a los tripulantes del buque de cualquier falta de colaboración, alabaron la actitud y entereza que mantuvieron en todo momento y aseguraron que ir desde el puente hasta la proa constituía una peligrosa heroicidad. Nada tuvieron que ver ni ellos ni los tripulantes del Prestige en las sucesivas roturas de los cabos de remolque que intentaba dar el Ría de Vigo.

Por lo demás, la última semana estuvo marcada por el testimonio de dos actores de primera fila empeñados en ensuciar su papel. Por un lado, el controlador de la torre de Finisterre (CZCS Finisterre), Rodríguez Fungairiño, que fue quien sostuvo en inglés todas las conversaciones con el Prestige la tarde del día en que el petrolero sufrió una avería navegando por el dispositivo de separación de tráfico de Finisterre. Fue Fungairiño quien cometió el trágico error de traducir mal las palabras del capitán Mangouras. Dónde éste dijo que quería coger el remolque, pero que “the tug receive orders from owners, not from me” (el remolcador obedece al armador, no a mí), el controlador escribió: el capitán dice “que sólo obedece órdenes del armador”. En ese error se basó la acusación de desobediencia que denunció el capitán marítimo de La Coruña ante la Guardia Civil, que llevó a Mangouras a la cárcel y que ha dado lugar al largo proceso que diez años después se enjuicia en La Coruña.

Un error disculpable en el marco de unas conversaciones complicadas y con interferencias, pero inadmisible con el paso del tiempo. El Gobierno español tardó muchos meses en entregar las grabaciones que demostraban el error del controlador y la inocencia de Mangouras. En el juicio, Fungairiño, sin embargo, se enrocó en su error y con vehemencia temeraria insistió que a él Mangouras le dijo que sólo obedecía a su armador. Cuando le recordaron que todas las conversaciones están grabadas y que el capitán griego nunca dijo eso, el controlador llegó al extremo de aceptar, en respuesta a la irónica pregunta del abogado Ruiz Soroa, que las cintas en efecto habrían sido manipuladas por la dirección de Sasemar. En este punto, la declaración de Fungairiño recordó la declaración del subinspector Díaz Regueiro cuando declaró fuera de sí que los tripulantes del buque querían sabotear su misión. Una pena.

El segundo actor principal decidido a embarrar su papel con una actuación lastimosa fue Arsenio Fernández Mesa, delegado del Gobierno en Galicia en el tiempo del siniestro. En síntesis, el señor Fernández Mesa declaró que él de buques, de contaminación y de siniestros marítimos no tiene “absolutamente ni idea”, no obstante contar con la medalla al mérito naval y haber ejercido de portavoz del Partido Popular en la comisión de asuntos marítimos y portuarios del Congreso de los Diputados. En la gestión del caso Prestige vino a ser un mayordomo sordo, ciego y mudo, ajeno a cualquier decisión: todo se lo decían, él nada sabía y nada entendía.

Presidía el llamado organismo rector (OR) –un órgano que nada tiene que ver con lo dispuesto en el Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental-, que, según los testimonios de los controladores marítimos, del subdirector general de seguridad, Manuel Nogueira, y del mismo López Sors, ex director general de la marina mercante, era el órgano colegiado donde se tomaron todas las decisiones importantes de la gestión del accidente del petrolero: conducir el buque a mar abierta hasta hundirlo, denunciar en falso a su capitán y ordenar a los salvadores profesionales que alejaran el buque hasta 120 millas de las aguas donde España ejerce jurisdicción o derechos jurisdiccionales, es decir hasta las 320 millas de la costa.

Pero según la máxima autoridad política que, in situ, intervino en la gestión del siniestro, el tal OR ni debatía ni mucho menos decidía nada. Allí, según el testigo Fernández Mesa, cada cual venía con las decisiones que le competían definitivamente selladas y él no estaba para entrometerse en las funciones de los demás. Cuando la pregunta atañía a sus propias competencias, por ejemplo, la movilización de la Guardia Civil para ir a bordo a detener al capitán Mangouras, hecho del que existen pruebas documentales sobradas, el testigo Fernández Mesa se escurría tras la flaca memoria: “No me consta, no lo recuerdo…”.

Un papel lamentable el suyo, que roza la indignidad. ¿Mintieron los controladores y jefes de Sasemar? ¿Mintieron López Sors y Nogueira, director y subdirector de Marina Mercante? ¿Mintieron todos los que han atribuido al organismo rector la toma de las decisiones que convirtieron un accidente marítimo en una catástrofe ecológica, una ruina económica y un considerable descrédito para España? ¿O estamos ante un político vacío, de cartón piedra, una figura subida al machito de la política que cuando hay que fajarse con un problema alega que él no sabe nada de nada, él era un simple mayordomo, el anfitrión de cuantos trabajaron para resolver el problema de un petrolero accidentado frente a las costas españolas? En cualquier caso, un desastre.


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