Tribuna de Juan Zamora

El Prestige en su noveno aniversario

13 de noviembre de 2002, 15.15 hora local. El Centro de Coordinación de Salvamento del Monte Enxa, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), recibe la llamada de socorro de un petrolero de bandera de Bahamas, de nombre Prestige, que navega con rumbo sur por el dispositivo de tráfico de Finisterre. Súbitamente, tras un estrépito de hierros, el buque se ha escorado a estribor y amenaza con perder la estabilidad.

Nueve años más tarde el siniestro aún supura, al menos por la herida jurisdiccional, incapaz en estos casi tres mil trescientos días de poner fin al proceso penal iniciado en la tarde del mismo día 13 con la denuncia contra el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, acusado de desobediencia a la autoridad. Esa falaz acusación, la de desobediencia, resulta que ahora ni siquiera aparece en las conclusiones del fiscal. Todo el proceso penal montado en el Juzgado de Corcubión constituye algo peor que un esperpento, un inmenso error.

La sociedad española ya ha pagado con creces los errores del entonces director general de la marina mercante, López Sors, responsable de un grotesco plan de salvamento que en sus propias palabras consistía en “sacar el buque fuera y rezar para que se hunda”. De nada va a servir ahora procesarle por un supuesto delito al menos imprudente.

En cuanto al capitán del Prestige, el único imputado que supo actuar con cordura y acierto en las cuarenta y ocho horas siguientes a la avería del petrolero, al que logró salvar del inminente naufragio, nada hay que añadir a lo que todo el mundo informado concluyó cuando le detuvieron en el aeropuerto de Alvedro, nada más descender del helicóptero que le había rescatado. Apóstolos Mangouras es un profesional intachable, ajeno a la avería del buque, inocente del posterior naufragio y de sus consecuencias contaminantes, que el gobierno ha utilizado como chivo expiatorio para tapar los errores que causaron el definitivo hundimiento del Prestige en la mañana del día 18 de noviembre de 2002, cinco días después de haber sufrido la primera avería.

A los otros dos encausados, el primer oficial del buque, Irineo Maloto, y el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, la torna, se les acusa, no por el fiscal sino por el abogado del estado y la Xunta de Galicia, de desobediencia y delito ecológico. Se les piden siete años de prisión. Ambos permanecieron a bordo, por fidelidad y sentido del deber, mientras los demás tripulantes abandonaban el buque, un comportamiento que sólo merecería admiración y elogios de la sociedad, pero que aquí les podría costar la cárcel. Si hubieran subido a los helicópteros de salvamento en la tarde del día 13 a nadie se le hubiera ocurrido acusarles de nada.

La justicia tardía no es justicia. En estos momentos ya da igual lo que pase en el juicio de Corcubión. Mangouras tiene 78 años y una frágil salud. Maloto y Argyropoulos siguen con su vida lejos de este país donde el heroísmo y la profesionalidad se pagan con una acusación penal modelo nigeriano. López Sors ya está jubilado, retirado de cualquier responsabilidad. Quienes le nombraron han pagado la equivocación con la inesperada y amarga derrota electoral de 2004. A Alvarez Cascos, hoy resucitado para la política como presidente de la autonomía asturiana, nadie ha podido borrarle las arrugas que se le profundizaron en el rostro durante el siniestro. Aunque no intervino en la decisión que llevó el petrolero hacia el desastre, lo cierto es que él era el ministro del ramo, el máximo superior jerárquico del director general de la marina mercante.

En cuanto al buque, sus propietarios y gestores, todos ellos amparados por el blindaje ideológico de los paraísos fiscales y las banderas de conveniencia, seguirán el juicio por la prensa, instalados a todo confort en las mansiones de verano que tal vez construyeron con los beneficios obscenos que legalmente amasaron. Igual que ocurre con banqueros y financieros, ellos están a salvo, limpios de polvo y paja.

Entonces, ¿para qué el largo, costoso, complejo e inútil proceso penal de Corcubión? ¿Qué o a quién pretenden castigar si ni siquiera tienen claro por qué se produjo la vía de agua que desencadenó el siniestro? Fue un disparate la gestión del accidente, un desatino la denuncia contra el capitán del buque y será un bochorno la vista oral, cuando ésta se celebre. Dicen que algún día, el año que viene quizás.


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