Tribuna de Jesús Santaella

El caso Urdangarin

Confieso mi sorpresa en relación con este asunto. No con los hechos objeto de investigación en los términos que se han filtrado. Aparentemente asistimos a una forma ya conocida de trasvase de fondos públicos a bolsillos privados sin causa justa. Se oferta un servicio pleno de humo a precio disparatado. Se obvian las cautelas contractuales públicas. Se acepta directamente y se paga. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Más de lo de siempre desgraciadamente. Lo sugestivo en el caso es quien lo protagoniza –el yerno del Rey- , que se ampara para ello en una entidad sin ánimo de lucro –el Instituto Nóos-, y que, para eludir las limitaciones estatutarias –los beneficios deben reinvertirse en la finalidad no lucrativa-, trasvasa a territorios bajo su personalísimo control los beneficios obtenidos en concepto de gasto, sin dar cuenta debida de ello a nuestra común Agencia Tributaria al situarlos en paraísos fiscales, mediante el diseño de un entramados de falsas facturas.

Primera sorpresa. Resulta que en este país que tanto nos duele funciona el principio de igualdad ante la ley. Nada menos que un Duque, yerno de Su Majestad, está a punto de vérselas con la Justicia, que se administra en nombre de su augusto suegro, nada menos que imputado por la eventual comisión de múltiples delitos: malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, delitos fiscales diversos, falsedades documentales. Será verdad que esto de la democracia y el Estado de Derecho es una realidad por fin.

Segunda sorpresa. Las reacciones de la Casa del Rey se contradicen entre ellas. Primero se advierte que las cosas de las Infantas y de sus cónyuges se irán apartando progresivamente de la regia Majestad que la encabeza, para, días después, recordar un Real Decreto de 1.981 que me resulta muy próximo porque se insertó en su día en el B.O.E. con mi firma, que en materia de “familia real” el único vínculo existente es el de un común y especial Registro Civil. En el que se inscriben el nacimiento y los sucesivos cambios de estado civil de los ascendientes en primer grado y descendientes del Rey. Pero el Registro Civil ninguna suerte de responsabilidad solidaria atribuye respecto de los ilícitos de sus inscritos. Tan solo un elemental deber recíproco de alimentos en las situaciones extremas que contempla el Código Civil. Y, al dia de hoy, anunciar a bombo y platillo explicaciones públicas sobre el uso de la partida presupuestaria destinada a financiar las actividades de la Corona. ¿Por qué se llama a la parte la Casa Real en un asunto que afecta personalísimamente a uno de sus miembros? Las “excusatios non petitas” nunca han sido buenas y se vuelven contra quienes las formulan. Y, ¿qué tiene que ver como se gastan los dineros públicos correctamente asignados con los ingresos indebidos procedentes de fondos públicos? Si de acreditar transparencia se trata, que no es el caso según mi particular apreciación, sería más razonable ofrecer al público una declaración pública de bienes del Rey, al estilo de la que se exige a todos los cargos públicos según la vigente legislación. Precipitación nerviosa se llama la figura diseñada por el señor Spottorno.

Tercera sorpresa. ¿Por qué se retrasa tanto la citación como imputado del señor Duque ante ese Juez de Ciutat Palma –que no de la “part forana”-, el Magistrado Castro? El Convenio europeo establece como derecho básico de todo ciudadano –aristócratas incluídos- el de ser informado desde el primer instante de las eventuales imputaciones para poder ejercer desde el mismo momento en plenitud su derecho de defensa. Las responsabilidades penales del señor Duque de Palma en materia de fraude a la Administración y de malversación de caudales públicos podrían tal vez diluirse, con independencia del juicio moral que su conducta -¿nada ejemplar?, Zarzuela ha dictado su veredicto- pueda merecer. En estos asuntos no rige la ley de Mahoma. Es más culpable quien da -porque no ha administrado bien y no ha sabido resistirse a responder al vicio de pedir con la virtud de no dar-, que el que toma.

¿El retraso puede obedecer a razones de prescripción? Aquí, de verdad, el problema de fondo es que quien forma parte de la familia real –y nada ni nadie puede obligarle a que deje de serlo, porque en ese ámbito tiene razón doña Sofía que no Su Majestad la Reina-, en definitiva de la primera familia del país, y mucho menos en esta situación de crisis económica agobiante y galopante, pueda ser acusado de haber ocultado su patrimonio –legítimo o ilegítimo- ante la obligación común de contribuir mediante el pago de los correspondientes impuestos al erario. Y parece que haberlos haylos. Los delitos fiscales. En materia de IVA, Impuesto de Sociedades y sobre la renta de las personas físicas. Múltiples. Cuando se forma parte de esa primera familia tal conducta, en términos morales, sólo puede ser calificada de traición al Estado. Pero ojo, de ello es sólo responsable quien la ha cometido. Ello no se trasmite ni por vía cognaticia, ni por vía agnaticia al resto de la familia, política o de sangre. Por eso tiene razón Su Majestad el Rey cuando, a efectos institucionales, deja de considerar a su yerno como tal. Y no es un juicio paralelo el que se hace aquí al señor Duque, a quien es de desear el mejor de los éxitos en la dura y difícil batalla judicial a la que se enfrenta. Es un juicio de supervivencia. Porque si bien constitucionalmente el Rey es irresponsable en el estricto ejercicio de su constitucional función –que no en sus actividades meramente humanas-, la historia demuestra que fue La Bastilla la testigo de cómo se saltó el bastión de tal irresponsabilidad. Y no vaya a ser que, como ha apuntado Victoria Prego este domingo en El Mundo, se produzca un daño colateral en la persona del Príncipe heredero y se frustre la previsible sucesión y la mutación de la forma del Estado. Porque en materia de reformas constitucionales este país ya le ha perdido el respeto. Y cuando se cambia la cúspide, por qué no ir al Estado federal…., seguro que más de un partido hoy por hoy se apuntaría al carro republicano. En fin, que quizá lo más oportuno es dejar de verdad que, por fin, la ley sea igual para todos, que el señor Duque sea igualado en vida al más humilde de los vasallos por la Justicia, y no juguemos con las cosas de comer. Parece que Zarzuela, al fín, ha encontrado la aguja de navegar. Pero cuidado con las tormentas.

Jesús Santaella es abogado.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba