Tribuna de Jesús Santaella

El 14 de abril de Juan Carlos I

Una de las lecturas de adolescente que más me impresionó fue el conocido libro de Miguel Maura “Así cayó Alfonso XIII”. En sus primeras páginas –cito de memoria-, el que fuera primer Ministro de la Gobernación en la II República explica, en clave hispánica pura, la mutación en horas veinticuatro de un país que se acostó monárquico y se despertó republicano. Maura recordaba a aquel entusiasta del regreso de Alfonso XII que se lamentaba, sin embargo, de que superior jolgorio experimentaron cuando años atrás “echamos a la puta de la Reina”, la madre, doña Isabel II. Vienen a colación estas reflexiones por el “incidente Botsuana”, sobre el cual ayer, el diario “El Mundo”, de la pluma y grafía de Guillermo insertó en forma de ilustración cómica el mejor editorial: Un Alabardero sostiene un bando que dice, “Nota de Prensa de la Casa Real: Su Majestad el Rey queda apartado de la agenda de la familia real por su conducta no ejemplar”. Sobran todos los comentarios sobre la solidaridad en tiempos de crisis, la ejemplaridad en los actos propios y los juicios precedentes sobre conductas ajenas.

Dejémonos de hipocresías y S.M., estoy seguro de ello, es el primero en lamentar su conducta. Lo dijo Cayo Lara en tono desgarrado. No es compatible presumir de dolor por el paro juvenil y dilapidar, siquiera sea en términos de ejercicio de regalo cinegético, una pequeña fortuna para tantos y tantos parados de toda edad y condición. Si su Casa calificó, a través de su Jefe, de poco o nada ejemplar la conducta atribuída al yerno, salvadas las distancias, tampoco es de recibo la forma en que S.M. practica su ocio. Desde luego es discutible éticamente. Pero estéticamente no tiene un pase, y así lo han confirmado las redes sociales y los mejores formadores de opinión en estas últimas 48 horas. Me quedo, sobre todo, con el significativo silencio institucional de PP y PSOE, Tomás Gómez excluído. Hay silencios que también suenan a elocuentes discursos.

Con todas sus características peculiares, la Jefatura del Estado es un cargo político.¿Qué sucede cuando a un cargo político en democracia se le pilla en falta? Que dimite o se le cesa. Cuando afecta nada menos que a la cúspide del Estado, Alemania, otra vez más, nos ha ofrecido un reciente ejemplo de cómo solventar esa incidencia. Claro que allí el cargo de Presidente de la República Federal no es vitalicio. ¿Acaso el carácter vitalicio del cargo o la inviolabilidad constitucional de la persona –esto es, la absoluta imposibilidad de exigirle responsabilidades por cualquier circunstancia según el artículo 56 de nuestra ley fundamental-, impide que la ausencia de ejemplaridad de la conducta carezca de consecuencias?

Nuestra Constitución consagra el carácter vitalicio de la Corona, al calificarla de hereditaria en sus sucesores. Y la herencia sólo nace por el óbito del causante, lo cual ojalá diste mucho tiempo en beneficio de don Juan Carlos. Pero la misma Constitución reconoce al menos dos supuestos en los que es posible conservar la vida del Monarca y dejar de ejercer el cargo sin necesidad de acudir a otros procedimientos históricos. Por un lado, la abdicación a aprobar mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales, en cuanto condición de eficacia de aquella decisión unilateral equivalente a la dimisión –artículo 57.5, C.E.- Por otro, la apreciación de la inhabilitación sobrevenida para el ejercicio de la autoridad propia del cargo –art. 59.2, C.E.-, a apreciar por las Cortes Generales. Este último supuesto puede entenderse como análogo al del cese, sin necesidad de que tal inhabilitación derive de incapacidad física o psíquica alguna ya que, en cualquier caso, la decisión parlamentaria no estaría sujeta a revisión jurisdiccional alguna a salvo el Tribunal Constitucional vía recurso de inconstitucionalidad. En este caso, sucede al Monarca en funciones de Regente el Príncipe heredero hasta que se produzca definitivamente el hecho causante de la sucesión.

Los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado no contemplan procedimiento específico que de cauce a esta previsión constitucional. Parece que, por similitud con lo contemplado para el caso de dimisión, el cese del Monarca por haber incurrido en causa de pérdida de autoridad que le inhabilita para continuar en el cargo deberá adoptar el rango de ley orgánica, a aprobar conforme el procedimiento legislativo común por ambas cámaras.

Lo importante en el caso no es si la Casa de S.M. privó al Presidente del Gobierno del conocimiento de la agenda privada del Jefe del Estado. Al Presidente del Gobierno le sobran medios para saber en todo caso donde y cómo está el Rey y si no es así el CNI, entre otros organismos, sobraría. Lo relevante, en atención al escándalo suscitado por el “incidente Botsuana”, es si la flagrante pérdida de credibilidad social de la monarquía, por sus “facta propia”, su pérdida de “auctoritas” que ahora afecta al mismo titular de la Corona, puede de alguna manera ser obviada sin necesidad de acudir a un referéndum sobre monarquía o república, cuyo resultado nos sumergería en un proceso de reforma constitucional absolutamente incompatible con los esfuerzos imprescindibles que la superación de la crisis económica exige en el tiempo actual. Y la Constitución permite, sin reforma alguna, el tránsito para hacer factible que don Juan Carlos alcance su 14 de abril y haga efectivo su derecho a la jubilación como todo trabajador que se precie, bien porque dimita, bien porque se le dispense por el órgano depositario de la soberanía nacional del ejercicio de sus deberes. El procedimiento existe. Se trata de decidir si ponerlo en marcha o no y si debe o no hacer para evitar intuidos aunque sin confirmar males mayores.

Jesús Santaella es abogado. Fue Secretario General Técnico de Justicia con los gobiernos de UCD.


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