Tribuna de Fernando Zunzunegui

Bankia: que paguen los responsables

Jesús Alfaro dedica su última columna en este medio a “Goirigolzarri, el patriota”, en una réplica a mi tribuna en El Confidencial sobre “Bankia y los otros accionistas”. Según Alfaro “nadie que no sea un miserable puede acusar a Goirigolzarri de no haberse comportado como un patriota al aceptar dirigir Bankia”. De este modo, pretende contraponer a los preferentistas y accionistas defraudados por Bankia con el patriota Goirigolzarri. Pero ese no es el problema. Si Goirigolzarri es un patriota es irrelevante.  La cuestión reside en decidir quién debe responder de las pérdidas ocasionadas por el fraude de las preferentes y de la salida a bolsa. Según Alfaro, Goirigolzarri  hace bien en defenderse de la obligación de indemnizar a preferentistas y accionistas, pues: “Si ellos no tuvieron culpa por comprar las preferentes o las acciones de Bankia, mucho menos tenemos la culpa los contribuyentes que preferimos que el dinero de nuestros impuestos se reparta entre nuestros compatriotas más pobres”.  Lo cual pone el caballo delante del carro,  ya que antes de dar respuesta a la pregunta sobre los responsables adjudica el pago a los contribuyentes con el fin de enfrentarlos con los ahorradores defraudados por Bankia que buscan una reparación.

El emisor, los supervisores, los bancos colocadores, los inversores institucionales estaban al corriente del riesgo de la operación, pero no trasladaron esta información a los clientes de las sucursales destinatarios de las preferentes y de las acciones

Hay que partir de un hecho puesto en cuestión por Alfaro, la colocación de preferentes en 2009 y la salida a bolsa de Bankia en 2011 constituyen un fraude en dos etapas que debe ser indemnizado. Ni los adquirentes de las preferentes ni los que acudieron a la oferta pública de acciones fueron informados de que con su dinero se intentaba rescatar Bankia de la quiebra. El emisor, los supervisores, los bancos colocadores, los inversores institucionales estaban al corriente del riesgo de la operación, pero no trasladaron esta información a los clientes de las sucursales destinatarios de las preferentes y de las acciones. Hay que pensar que los diseñadores de este rescate privado en dos etapas, no informado y con cargo al ahorro de los clientes,  pensaban que con esos recursos propios Bankia podría ser saneada. El hecho es que dejaron la gestión del saneamiento en manos de titulares de tarjetas black, personas carentes de la honestidad y la cualificación necesaria para llevar a buen puerto el saneamiento. Es decir, que los ahorradores de las cajas fueron sacrificados sin dar ninguna oportunidad a que Bankia fuera saneada con esas dos rondas de recursos propios.

La mala gestión propició el fracaso del saneamiento, vía preferentes y acciones, y en mayo de 2012 se descubre al público la quiebra de Bankia, lo cual impone un rescate por la Unión Europea para evitar el contagio, en el que se pacta que los ahorradores que habían anticipado fondos adquiriendo preferentes o acciones lo pierdan casi todo. Esta solución constituye un ejercicio de deslealtad hacia los ahorradores, un abuso de confianza y un ataque frontal a la confianza del público en el mercado financiero.

Por poner un ejemplo reciente que sirva de contraste, cuando crece el Ebro con el fin de evitar que los núcleos urbanos sean anegados se inundan miles de hectáreas de terreno rústico. Los agricultores sacrificados son indemnizados con ayudas públicas. Sería miserable negar estas ayudas por ser dinero de los contribuyentes. Pues en las cajas, tras el tsunami de Lehman Brothers, se inundaron las sucursales de preferentes y acciones con el fin de evitar la quiebra de las cajas y tras la inundación se niega ahora a los clientes perjudicados la indemnización de las pérdidas ocasionadas.

Según Alfaro la indemnización a preferentistas y accionistas “no es una comida gratis, sino que se hace a costa del contribuyente”. Pero no tiene por qué ser así, pues hay otros responsables más allá del FROB que pueden pagar a los ahorradores defraudados. Del fraude de las cajas han vivido muchos y se han beneficiado muchos más. Por esta razón, Goirigolzarri debería haber comenzado por defender el patrimonio de Bankia de las jubilaciones doradas, “dietas” y “bonus” destinados a los administradores y directivos responsables de la quiebra de las cajas que formaron Bankia. Todos sus esfuerzos deberían haber ido encaminados al embargo del patrimonio de los altos cargos responsables de la situación y el de las personas vinculadas que se han enriquecido a costa de todos los contribuyentes.

Se deberían haber emprendido acciones legales contra los guardianes del mercado que incumplieron sus obligaciones como responsables de las pérdidas

El mercado cuenta con una red de seguridad, con unas obligaciones profesionales cuyo incumplimiento genera responsabilidades civiles. Se deberían haber emprendido acciones legales contra los guardianes del mercado que incumplieron sus obligaciones como responsables de las pérdidas, entre los que se encuentran los auditores que valoraron las emisiones de preferentes, el auditor de las cuentas que figuran en el folleto de salida a bolsa de Bankia y los bancos colocadores de las emisiones. Estas empresas tienen patrimonio suficiente para hacer frente a las pérdidas de los preferentistas y de los accionistas que acudieron a la OPS de Bankia. No tiene por qué pagar el contribuyente.

Mucho más difícil lo tenía el administrador judicial de Madoff y ha conseguido recobrar más de 10.000 millones de dólares, cerca del 60% de lo invertido por las víctimas de este fraude piramidal. Bankia debería haberse puesto al servicio del juez instructor de la Audiencia Nacional para facilitarle la identificación de los hechos constitutivos de delito que permitan una pronta indemnización de las responsabilidades civiles. En lugar de eso se ha dedicado a poner reparos a la labor judicial. Lo último ha sido contratar con dinero público un contra-informe al dictamen de los peritos designados  por el banco de España en el que se analiza el fraude del folleto. En ese dictamen se identifican prácticas de manipulación del mercado de algunos inversores institucionales que pudieran generar la obligación de indemnizar el daño ocasionado a los inversores. También cuestiona el dictamen las cuentas auditadas incorporadas al folleto lo cual podría generar la consiguiente responsabilidad del auditor.

Luego hay responsables y patrimonio suficiente para reparar a los clientes defraudados más allá de los anticipos que tenga que hacer el Estado. Pero resulta más fácil hacer recaer la pérdida sobre los ahorradores desinformados y sin recursos para defenderse. Y de forma mezquina intentar enfrentarles con los contribuyentes.

Con acierto, José de la Vega tituló el primer libro sobre la bolsa en 1688 “Confusión de confusiones” como si todo lo relacionado sobre el mercado de valores estuviera cubierto por el manto gris de la niebla. Pero desde entonces hemos avanzado mucho y ya no es posible confundir los conceptos con el fin de evitar responsabilidades.


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