Sueños ciudadanos

La monarquía entre la prosa y la emoción

Tardaremos tiempo en saber si las precauciones tomadas estos días para evitar que nadie pueda sentirse ofendido por un exceso de gasto ceremonial en los actos inaugurales del nuevo reinado han sido inteligentes o cobardes. Las monarquías no son soluciones políticas que puedan fundarse en la mera razón, y necesitan, por tanto, de dosis abundantes de otros ingredientes más morales que intelectuales. En el caso de España, el reinado de Juan Carlos I ha sido una extraña mezcla de legalidad política, casi de burocracia, de supuesta legitimidad histórica, y de un cierto pragmatismo un tanto espeso, eso de presentar a nuestro rey como el mejor embajador de nuestras empresas, por ejemplo.

El discurso inaugural de don Felipe VI da pie a pensar que el nuevo Rey de los españoles es consciente de que la fórmula que garantiza su legitimidad, y la estabilidad política, se encuentra un poco desgastada, que necesita un profundo proceso de restauración para poder durar de manera indefinida, lo que es la gran virtud de las monarquías. No es que en los fastos de ayer haya faltado calor público y emoción, pero parece evidente que esos ingredientes necesitan ser articulados en un discurso monárquico que no puede ser continuación del que estaba patentemente agotado. En las últimas décadas fue frecuente escuchar la monserga de quienes no se declaraban monárquicos sino “juancarlistas”, pero hace ya tiempo que esa extraña especie española parece extinta.

Si examinamos la realidad política de las monarquías que podemos considerar ejemplares, como la inglesa, la holandesa o la del Japón, enseguida advertimos que la monarquía no es indiferente al régimen político en que se ampara y al que sustenta. Las monarquías que han subsistido lo han hecho sobre la base de un sistema político particularmente perfecto, suficientemente flexible y sólido como para contener e impulsar la vida política de las distintas naciones.

Eso fue lo que pasó con la Monarquía española en la época de la transición, que el rey y la institución que encarnaba se ofrecieron como el vehículo más a mano para una recuperación de la democracia, y como clave de arco de una Constitución que intentó ser de todos, y lo consiguió en no escasa medida. Luego, extrañamente, la democracia y la monarquía han emprendido caminos anormalmente divergentes, y si la monarquía no ha ido a más, la democracia ha ido intensamente a menos. El cuestionamiento de la democracia traerá consigo el de la monarquía, sin duda alguna, y el cuestionamiento de la democracia, el recuerdo insomne de una república tan irreal como atractiva para quienes agitan ese bálsamo de Fierabrás, se traducirá, sin duda, en una deslegitimación, por inútil, de la institución monárquica.

En este sentido sí resulta lógico suponer que el nuevo Rey pueda pretender dar un nuevo impulso a esa simbiosis entre democracia y corona que ha hecho admirables a las grandes monarquías. Eso exige, para empezar, una cierta pedagogía, porque es verdad que hay republicas admirables, como Francia o los Estados Unidos, por mencionar dos casos obvios, pero también hay repúblicas que jamás han acabado de cuajar en una democracia estable y respetable, como Argentina o Venezuela, para no molestar con más ejemplos.

En el fondo, cabe sospechar que la renovación de la democracia es algo más difícil de alcanzar que una mejora en el comportamiento de la Corona, pero no basta con que cesen los escándalos o los rumores de todo tipo, porque, al final, el destino de la Monarquía española y el de la democracia están fuertemente unidos.

Mal vamos si nos preguntamos qué debe hacer el Rey sin caer en la cuenta de lo que debemos hacer los demás. El mejor argumento antirrepublicano, a mi modo de ver, consiste en hacer ver que nuestros males son tan de fondo que de nada serviría un cambio en la cúpula del Estado que, aparte de ser más ornamental que efectivo, no cambiase de raíz las causas de nuestros errores y disparates. Un primer error del rey podría ser, por tanto, el dedicarse a tomar iniciativas a las que nadie le ha llamado, tal vez porque pudiera pensar en ganarse los aplausos que ahora se le niegan. Es de esperar que una persona tan bien preparada como parece ser don Felipe VI no se deje llevar por confusiones similares.

Nuestro rey representa la unidad de España, tan diversa y peculiar como se quiera, pero con la sólida unidad que la Constitución atribuye y reconoce a la única Nación española, y debe de ayudar a que nuestra democracia liberal vaya a más, no a menos, a que gocemos de mayores libertades e igualdades, no de menos. Nuestro rey representa una democracia imperfecta, pero con capacidad para mejorar, no con vocación de convertirse en otra cosa muy distinta.

Ha querido la casualidad que estos acontecimientos monárquicos hayan venido a coincidir con la celebración del centenario de Julián Marías, el fiel discípulo de Ortega, que, en la línea de su maestro, tanto hizo por comprender y curar las heridas de la convivencia política y de la unidad española. Marías no se cansó de advertir en los comienzos de la democracia del 78 de que los intentos de lesionar la unidad española no conducían hacia el futuro sino al pasado, no traerían mayor libertad e igualdad, sino que llevarían hacia atrás, hacia una utópica situación prenacional que tenía mucho más que ver con el carlismo, que causó centenares de miles de víctimas cuando la población española era casi un tercio de lo que es ahora, que con cualquier fórmula moderna y liberal de convivencia.

Se trataba de que los nacionalistas retrocedían hacia los análisis de Torrás y Bagés, y habían olvidado, por supuesto, a Balmes, pero también a Pi y Margall o a Almirall, que es lo que hay que hacer para pasar de Tarradellas a Pujol, y llegar luego a Jonqueras. El Rey no puede resolver los problemas que hay que conllevar, como advirtió luminosamente en el Congreso de los Diputados don José Ortega y Gasset, pero que no pueden solucionarse a petición de parte, salvo al precio de crear otros infinitamente más graves y dolorosos. Frente a quienes imaginan al nuevo Rey haciendo de aprendiz de brujo, cabe esperar que el Rey encuentre en la ejemplaridad y el rigor de sus funciones una manera de tirar hacia arriba de nuestra democracia, que no sólo respete la independencia del poder judicial, como ha manifestado, sino que haga cuanto esté en su mano para que la respeten los propios jueces y para que los políticos de partido dejen de apropiarse de lo que no les compete. Don Felipe tiene que ayudar a que exista una democracia mejor, más exigente, más abierta, más constitucional y menos secuestrada por poderes que se atrincheran y se olvidan de los ciudadanos a los que deben servir.

Ahí debe estar su poder moderador de las instituciones y no le faltará trabajo, pero debe también ser la representación viva de una Nación vieja y gloriosa, que quiere sentirse orgullosa de sus instituciones pero no puede, que no quiere verse reducida a un mero orden legal, a una prosa burocrática y muerta, porque sabe que puede resucitar los sentimientos que están debajo de las multitudes que gritan ¡Viva el Rey!, las emociones que pueden volver a hacer de ella una realidad viva y pujante capaz de competir con la cabeza alta en un mundo muy distinto a cualquier otro de ayer. España es una nación que no ha perdido del todo su pulso, pero cuyo impulso ha desfallecido, cuya moral colectiva está baja, cuyas emociones no encuentran el cauce adecuado porque se han cegado las vías de crecimiento de la democracia, porque los abusos de los partidos y el virus de la división y la insolidaridad la están sometiendo a un tratamiento maléfico con el que hay que acabar. El rey tendrá su parte si no contribuye a que se cambie un rumbo tan escasamente brillante, pero no ha de ser ni el piloto, ni el patrón, simplemente el Rey de todos. Don Felipe acabó su discurso citando al simpar Quijote: "no es un hombre más que otro si no hace más que otro", parece claro que sabe bien lo que le espera.


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