Sueños ciudadanos

Mas y Benzema

Dos sucesos sin ninguna conexión, como la implicación de Benzema en un oscuro y torpe delito de chantaje, y la ridícula proclamación soberanista del Parlamento catalán, comparten una cualidad esencial, porque, en ambos casos, se produce un mismo error de bulto, la creencia en que se puede burlar la ley cuando se disfruta de un cierto privilegio, de una posición supuestamente inatacable en función de la pureza de los motivos que se proclaman. Benzema cree que podrá eludir el castigo de la justicia porque, en su opinión, intentaba ayudar a un amigo cuando le recomendaba someterse a una extorsión para arreglarlo todo. Del mismo modo, Mas y sus compañeros de aventura creen que podrán burlarse de la ley y la actuación de los distintos poderes del Estado, dado que, a su entender, sólo están llevando a cabo el designio de un parlamento soberano.

Benzema, tendrá con todo, una ventaja, la de contar con buenos abogados, mientras que la soledad de los fundadores de la imposible república catalana no cesará de crecer porque la desnudez del rey ya ha sido proclamada por buena parte de los que animaron irresponsablemente a poner a prueba si el Estado mismo iba a seguir siendo tan pánfilo como lo había venido siendo un presidente del gobierno que consintió que se llevase a cabo un referéndum claramente ilegal.

Pretender que un viejo estado europeo se deje arrebatar parte de su territorio soberano sin un acuerdo negociado o sin una previa derrota militar, es de una simpleza colosal

La improvisación como método político

Los políticos catalanes que han escrito una proclamación tan cursi como la que el Tribunal Constitucional ha declarado nula, han intentado poner en píe una posibilidad quimérica, saltándose una evidencia palmaria, a saber que, desde que el mundo es mundo, sólo ha habido dos formas en que ha sido posible la secesión: la negociación o la guerra. Pretender que un viejo estado europeo se deje arrebatar parte de su territorio soberano y, con ello, un estimable porcentaje de su población y de su riqueza, sin un acuerdo negociado o sin una previa derrota militar, es de una simpleza colosal, una tontería supina que se refleja paladinamente en ese pretencioso florilegio de estúpidos tópicos, en el que toda sandez tiene su asiento, y ante el que supuestamente tendrían que haberse quedado mudos e inermes todos los poderes públicos. Evidentemente, no ha sido así, y cualquiera, con un mínimo de perspicacia, podría haber apostado por ello, porque por torpes y cobardes que hubieran podido ser los políticos de turno, se aplica al caso la sentencia del Guerra torero, “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”

La ley, esa cosa discutida y discutible

Todo este disparate que ha desembocado en una absurda y frustrante impugnación de la ley como marco de convivencia, la única originalidad  de los secesionistas catalanes, una cualidad inexistente en los procesos serios como el quebequés o el escocés, tiene su origen en la ridícula proclamación zapateril, según la cual se aprobaría cualquier cosa que saliera del Parlamento catalán para poner en píe un nuevo Estatuto que nadie había echado seriamente en falta. Zapatero dijo esta tontería muy prontamente, cuando aún no era más que un líder que no había ganado sino una escaramuza interna en un partido muy dividido, pero el daño que ha hecho tamaña frivolidad todavía no ha cesado. Luego vino el tripartito, el apoyo del PP de Rajoy a Mas, y el proceso autolítico que ha hecho de Convergencia un instrumento inútil para representar al núcleo tradicional de la Cataluña emprendedora y creativa, arrojando a sus clases medias en las fauces de un republicanismo anarquista cada vez más radical y más temible.

Que en unos pocos meses los líderes que asediaron el Parlamento catalán, obligando a Mas a usar un helicóptero para acceder a su escaño, condicionen ahora desde esos mismos escaños la elección del presidente catalán, indica hasta qué punto está desvencijada la política catalana, y ayuda a comprender que algunos hayan perdido la cabeza pensando que la solución al disparate consista en ponerle un piso y enmoquetarlo. Que ciertos políticos catalanes hayan apostado por el camino de la sedición y la rebelión no implica, de ningún modo, que el Estado se tenga que desmoronar y que haya que generalizar el cáncer catalán desmontando el estado de derecho y dando por muerta la Constitución. Antes que nada hay que restablecer el primado de la ley y el respeto a las normas de convivencia, sin las que no se puede negociar nada. El Estado cumplirá, pero la sociedad catalana tiene que optar sin dilación, o volver a la política ordinaria, o prepararse para las barricadas, porque nadie está en condiciones de garantizar que aunque se inicie una sedición nunca pasará nada.

Los sediciosos son tan voluntaristas que ni siquiera reparan en lo magras que realmente resultan sus fuerzas

Una imagen fiel de Cataluña

Los sediciosos son tan voluntaristas que ni siquiera reparan en lo magras que realmente resultan sus fuerzas y en que sus bravatas y proclamas no van a ser capaces de ocultar que se trata de una minoría dividida y que se está beneficiando de los réditos de una confusión insostenible. Este equívoco representativo ha permitido que ciudadanos tan frívolos como crédulos hayan apostado por un independentismo que realmente no quieren para fortalecer la posición de los nacionalistas ante Madrit,  una negociación que se ha hecho absolutamente imposible por el torpe maximalismo y la escasa imaginación de unos políticos deseosos de tapar su corrupción y de hacer realidad sus obsesiones, pensando que las cosas van a ser tan flexibles y bizcochables como su grosera manipulación de las palabras.

Una valiosa lección española

Para un pueblo milagrero no es pequeña lección la que se obtendrá de comprobar como no basta proclamar la república catalana para que el objeto de deseo se convierta en realidad. En un país en el que abundan políticos que proponen un sueldo público para todos, o que quieren blindar como derechos sus proclamas más demagógicas, será bueno contemplar lo que puede pasar cuando se rompe el principio de legalidad, el respeto a las normas y a las instituciones que legitiman la formación precisa de la representación política y los límites que equilibran la tendencia de los poderes a desbordarse, al abuso y la corrupción. Se trata de una lección que podría rendir frutos inéditos en las próximas elecciones y hay que esperar que quienes juegan a confundir la legitimidad política con cualquier especie de fantasma ideológico obtengan lo que merecen, el castigo y el desprecio de los ciudadanos, de forma que la democracia pueda efectivamente corregirse con más democracia, no con bravuconadas ni peligrosas y absurdas fantasías.


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