Rumbo norte

Lo que no puede ser es imposible

Durante la última semana no habré leído menos de 30 artículos y opiniones en formatos mediáticos varios sobre los eventos conocidos alrededor de la intervención de BPA a raíz de un informe del departamento del Tesoro de Estados Unidos en que se acusaba a la entidad andorrana de delitos de blanqueo de capitales continuados y muy graves.  Las derivadas y opiniones sobre las mismas son muchas pero yo trataré de resumírselas de manera concisa desde la visión privilegiada, no de un periodista, sino de un profesional del sector. 

La primera se refiere a cómo es posible que una entidad financiera de aquí al lado, andorrana y donde la mayor parte de sus clientes son de nacionalidad española o hacen negocios en España, con una subsidiaria española (aparentemente también involucrada), sea intervenida por malas prácticas gracias a la labor de investigación de un país, poderoso desde luego pero lejano, como los Estados Unidos.  ¿Dónde estaban el Banco de España y el Sepblac, La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias? 

Y la respuesta del profesional es que, más allá de teorías conspiratorias, es difícil entender cómo es posible que Banco de España y Sepblac, teniendo las operaciones y las personas involucradas aquí al lado, hayan sido literalmente enmendados la plana y adelantados por las autoridades de los Estados Unidos.  Quizás ante hechos como estos es cuando aquellos que defendemos que las verdaderas reformas estructurales en la economía española y en el sector financiero siguen en buena medida pendientes somos reivindicados. 

La segunda es la discusión y polémica alrededor de cómo se rescatan o liquidan ambas entidades.  La opinión de consenso más extendida es que por supuesto no debe salir ni un duro del bolsillo de los contribuyentes españoles, contrariamente a lo que sucedió con Bankia y otras muchas entidades financieras españolas.  La justificación es que ambos bancos no dejan de ser entidades dedicadas a gestionar el dinero de los ricos y que si estos, aun no teniendo nada que ver con el blanqueo de capitales, pierden alguna parte de su dinero les está bien empleado por especular en el casino de los mercados financieros y nada han de reclamar a sus conciudadanos.  Además se dice que no son entidades sistémicas ya que representan una ínfima parte de la totalidad del sistema luego no hay riesgo de contagio y desestabilización del sector financiero. 

Y la respuesta del profesional es que así debe ser pero sería poco honesto negar que, a menor escala, no pocos de los pequeños inversores en preferentes, acciones, bonos obligatoriamente convertibles y demás productos tóxicos fabricados por el sistema financiero les movían la misma ambición y la misma ignorancia que sus homónimos y “privilegiados” conciudadanos, clientes de la Banca Privada.  Como mínimo es muy discutible y un riesgo moral indudable que aquellos que nada tienen que ver con las malas inversiones de sus conciudadanos tengan que pagar a escote los agujeros generadas por estos. 

Más discutible, claman algunos, es cómo es posible que se haya dado la paradoja de que habiendo acreedores institucionales - fundamentalmente entidades financieras europeas que prestaron mucho dinero a muchas de las antiguas cajas españolas – y que son considerados por derecho inversores cualificados y por tanto debían saber los riesgos que tomaban, salgan en gran medida indemnes gracias al rescate del conjunto de una ciudadanía no cualificada.  Sin embargo, resulta que esas entidades financieras europeas cualificadas pueden ser desde un banco alemán que empaquetaba esa deuda como un producto supuestamente muy seguro para… ¡o sí! inversores minoristas no cualificados en Alemania y por tanto supuestamente sujetos a especial protección o un plan de pensiones holandés cuyos partícipes resultan ser también inversores minoristas no cualificados y por tanto sujetos a protección que cuentan con el dinero de esa pensión para su jubilación… 

Y en este punto llegamos a la esencia de la cuestión que como siempre sucede en los debates alrededor de los recurrentes problemas en el sector financiero se encuentra ausente, bien por ignorancia o bien por interés… y que no es otra que con la regulación actual el inversor o ahorrador (monta tanto, tanto monta) en realidad no se encuentra en absoluto debidamente protegido.  La regulación, pasados más de seis años desde la explosión de la gran crisis financiera, sigue siendo básicamente la misma que entonces y se basa en un sinsentido tal como que a aquel que comercializa el producto financiero también se le permite “asesorar”.  Se trata de un absoluto disparate como hemos explicado en este medio en diferentes ocasiones.  Una entidad cuyos ingresos provienen de la comercialización y venta de productos financieros debiera tener terminantemente prohibido asesorar.  Por el contrario dicho rol debiera recaer en entidades especializadas en análisis y asesoramiento que son remuneradas exclusivamente por su labor de filtrar los productos y propuestas financieras que reciben los ahorradores o inversores sujetos a protección, que son básicamente todos, desde una familia que después de más de treinta años de duro trabajo ha conseguido ahorrar cien mil euros hasta uno de los clientes tipo de Banco Madrid o cualquier otra banca de mármol blanco con millones de euros pasando por un ayuntamiento o la comisión de control de un plan de pensiones. 

Terminamos con una última y tercera reflexión sobre los sucesos alrededor de BPA y Banco Madrid que han sido también comentados profusamente pero que normalmente se han quedado en la superficie del asunto.  Nos referimos a la carrera emprendida por las bancas andorranas durante los últimos años a la caza y captura de entidades financieras en España que han terminado en compras millonarias.  Las razones de dicho movimiento son obvias y se han comentado ampliamente pero apenas nada se ha hablado sobre las consecuencias.  Toda inversión elevada necesita una rentabilización y en el negocio de la gestión de patrimonios ello no significa otra cosa que elevadas comisiones.  Desconozco si la generación de elevadas comisiones y rápida captación de patrimonios se encuentran detrás de la entrada de BPA y Banco Madrid en el “negocio” del blanqueo de capitales pero sí sé muy bien que grandes comisiones se traducen en altos costes para los clientes y menores rentabilidades en el mejor de los casos… y que sólo pueden ser ocultadas convenientemente en entornos de mercado propensos al riesgo como los de los últimos años.  Como siempre volvemos una vez más a la esencia de la incompatibilidad de la comercialización con un asesoramiento verdadero en defensa de los intereses del inversor que tiene como una de sus premisas principales la reducción de costes y comisiones… y es que lo que no puede ser es imposible.


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