Res Pública

Los responsables del “lío” y la soberanía popular

No cabe seguir engañándose, la vieja cuestión catalana, remozada y engordada con el estímulo y colaboración de los poderes públicos tanto del Estado como de la Generalidad, está sobre la mesa de operaciones de la democracia española desde el pasado sábado, cuando el Señor Más convocó formalmente la consulta del próximo 9 de noviembre. Son los hechos, que traen causa de otros muchos anteriores, a los que ahora se les intenta responder con un rosario de pleitos ante el Tribunal Constitucional, inaugurando así una etapa tortuosa de la política nacional, que añadirá más dudas sobre la capacidad de gestión y de resolución de los problemas por parte de los que tienen la responsabilidad de gobernar España y Cataluña.

Esto termina redundando en perjuicio de los españoles a los que no se les consulta y, en cambio, se les ensalza como soberanos

Porque el lío, como lo ha definido el jefe del Ejecutivo, es morrocotudo y sus consecuencias serán malas en todo caso, lo que da razones sobradas para preguntarse quiénes asumirán las responsabilidades del desbordamiento al que estamos asistiendo. De momento, nadie las pide ni en Madrid ni en Barcelona, pero a ninguno se le oculta que terminarán siendo exigidas si, como es de temer, esto termina redundando en perjuicio de los españoles a los que no se les consulta y, en cambio, se les ensalza como soberanos. Precisamente, la apelación a la soberanía popular es la condición sine qua non para tratar con seriedad la crisis constitucional.

Los árboles de los discursos encubren el fracaso de la autonomía

Los árboles de los discursos independentistas y de la retórica constitucional parecen impedir ver el bosque de la realidad política construida durante décadas, porque lo de Cataluña es el fruto más amargo y destacado de la siembra del “café para todos” que puso en marcha la máquina de la insolidaridad y de la desafección al Estado a lo largo y ancho de todo el territorio español. Pocos dejarán de reconocer, salvo sus beneficiarios, el fracaso del Estado de las Autonomías cuando tanta falta nos hacía disponer de la fortaleza del poder público, para buscar salidas a ésta crisis española, que ha traído la pobreza y la desigualdad a nuestro país.

Los españoles fuimos embarcados en un proyecto constitucional, que pudo ser bienintencionado pero que ha devenido en la pura y dura disgregación de España. Hace tiempo que se sabía, y no se rectificó, y ahora, que está tronando, se continúa con circunloquios reglamentarios para no entrar en lo que importa que, desde mi punto de vista, es revisar lo existente para alumbrar un modelo constitucional distinto, unitario y democrático, para salir de la espiral de despropósitos que estamos viviendo. Para eso es para lo que tendrían que ser consultados los españoles, no para mantener los rescoldos de lo que pudo ser y no fue, aunque, lamentablemente, no se vislumbran consultas ni para lo uno ni para lo otro.

De los dos partidos dominantes, PP y PSOE, el primero se muestra renuente a hablar de reformas o revisiones constitucionales y el segundo sí habla de las mismas, pero con la idea de continuar, con otra semántica, el modelo actual

Las providencias del Tribunal Constitucional han cubierto momentáneamente la falta de iniciativas del Gobierno central en relación con el proceso independentista catalán. Por parte de ese organismo se ha prestado aceleradamente el auxilio que le demandaba el presidente del Ejecutivo, y ahora corresponderá a éste y a las autoridades catalanas gestionar las consecuencias de ello, porque el problema político y social no desaparece por ensalmo. La gestión de unos y de otros deberá concluir pidiendo la opinión de los electores ante la evidencia de una crisis del Estado, que no se puede encubrir indefinidamente y que está perturbando, desde la política, la salida del agujero económico y financiero en el que se encuentra España.Son las reglas de la democracia parlamentaria que, por otra parte, no tienen nada de excepcionales, si de verdad se cree en la soberanía popular y en la voluntad expresada libremente por los ciudadanos. Lo que pasa es que para consultar hay que tomarse la molestia de plantear propuestas adecuadas a la envergadura del problema y ahí es dónde empiezan a derrapar nuestros próceres.

La soberanía popular es la última ratio en democracia

De los dos partidos dominantes, PP y PSOE, el primero se muestra renuente a hablar de reformas o revisiones constitucionales y el segundo sí habla de las mismas, pero con la idea de continuar, con otra semántica, el modelo actual. Así andamos y, por tanto, poco cabe esperar de ambos partidos, que viven preocupados por la desconfianza creciente de los españoles hacia ellos. No es extraño, pues, que la gente se desentienda y otee el horizonte a la búsqueda de otras opciones que prometan preocuparse de lo concreto, fundamentalmente del paro y de la desigualdad, aunque la unidad del país tiene mucho que ver con la solución acertada de esos problemas.

Es difícil que los responsables del desaguisado, entre los que ocupan un lugar destacado los nacionalistas, ayuden a salir de la crisis del Estado, porque la envergadura de la misma desborda los límites de la gestión ordinaria del gobierno y de las propias Cortes. Lógicamente, el primero, sumido en el descrédito y el desapego ciudadano, y las segundas, poco representativas de la última voluntad expresada por los españoles en mayo, tratarán de mantener formalmente la legalidad, pero no están en condiciones de abordar la resolución del problema. Y es en ese punto donde brilla con luz propia la soberanía popular a la que habrá que apelar, no de forma retórica, sino pidiendo el voto para decidir sobre un nuevo orden constitucional para España y que los electores decidan también el papel que quieran otorgar en ese orden a los partidos políticos responsables de ésta crisis.


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