Res Pública

No hay que regalar los bancos públicos

Los que de forma frívola o interesada vienen abogando y presionando al Gobierno para que regale los bancos públicos, incluso con inyecciones adicionales de recursos y garantías, están planteando una enormidad: tirar a la basura el equivalente a 4 o 5 puntos del PIB – entre 40 y 50000 millones de euros – sin ni siquiera haber intentado rentabilizar el esfuerzo de los contribuyentes españoles en pro del saneamiento del sistema crediticio. No creo que el Gobierno ceda ante semejantes propuestas; de hecho el propio Ministro de Economía lo ha negado insistentemente, y con razón. Sin embargo, el río del regalo sigue sonando con el afán de cortocircuitar los planes del ministro, al que pretenden torcer el brazo, sin que nadie se tome la molestia de explicar cuáles son las verdaderas razones o justificaciones del empeño. Al fin y al cabo, estamos hablando de bancos ya saneados, como reconocen reiteradamente los portavoces oficiales, que gozan de liquidez y que, potencialmente, son susceptibles de prestar un apoyo decidido a la política económica española en un momento crucial para todos. La gestión de tales bancos, en el seno de un proyecto homogéneo de interés nacional, debería beneficiar a su dueño, el Estado, que bien lo necesita, hasta que llegue el tiempo de pensar en una venta, y subrayo lo de venta, que resultara ventajosa para las arcas públicas. Hasta que llegue ese tiempo, que parece lejano, los bancos públicos deben ser sacados de su actual purgatorio de provisionalidad, dañino para ellos y para todos los contribuyentes.

La debilidad de nuestra industria bancaria

La industria bancaria de España está deglutiendo sus problemas y despejando incertidumbres. Ninguna de las entidades que operan en nuestro país está en condiciones de pensar en políticas expansivas o de aumento de su negocio, sobre todo mientras la economía continúe bajo cero. La tarea principal del sector sigue siendo la de asumir su debilidad y defender los márgenes en medio de una atonía sin precedentes a la que se superponen exigencias constantes de capital y de provisiones. Dificultades y más dificultades que han llevado al Estado a apoyar con dinero público a una parte significativa del sistema, convirtiéndose en dueño de entidades que representan activos equivalentes a cerca del 30 por 100 del PIB. Son el primer grupo bancario de España. Una vez saneadas, que es el caso, representan una potencia nada desdeñable para coadyuvar a la reanimación del crédito y al resto de políticas necesarias para mover el motor de la economía española. Y precisamente ésta puede ser una de las razones no confesadas para hacerlas desaparecer del mapa financiero. Otra razón podría ser la de utilizarlas como instrumentos o vehículos para evitar problemas en los bancos privados más frágiles del sistema crediticio. Pan para hoy y hambre para mañana.

No es ningún secreto que la recesión económica y la morosidad van de la mano, y que los bancos que no han requerido todavía ayuda es probable que no aguanten un año más de depresión económica sin tener que pedir árnica, bien en forma de relajamiento de las exigencias regulatorias, bien con la inyección directa de recursos públicos. Todos están exhaustos y a tiro de OPA, aunque por ahora parece que no hay cazadores dispuestos a ello, porque Europa ha perdido interés y España con ella, además de que el negocio bancario tradicional resulta poco atractivo para inversores deseosos de retornos suculentos. Los inversores miran al Pacífico. De hecho, en las previsiones oficiales de uno de nuestros grandes bancos, comunicadas a las autoridades norteamericanas, no se descarta la eventualidad de un rescate adicional. Por eso, resulta chocante el ambiente de prisa por regalar los bancos públicos, aunque es verdad que el Gobierno no ha dicho nada oficialmente, sin tener garantías de que ese regalo y las enormes pérdidas del mismo signifiquen el fin de la reestructuración bancaria española. Podría haber un costosísimo viaje de ida y vuelta.

Necesidad de un proyecto de gestión para los bancos públicos

Ya sabemos que proyectar políticas a medio y largo plazo no se lleva: los problemas y agujeros del presente lo monopolizan todo. Las dejaciones anteriores han sido sustituidas por una carrera sin freno que convendría revisar, una vez que se ha conseguido salvar con dinero público a una parte significativa del sistema bancario. Eso es un activo en manos del Estado que conviene preservar para el presente y para el futuro, porque, si como dicen los más optimistas, el crecimiento está a la vuelta de la esquina, los bancos públicos, bien gestionados y con proyectos de alcance nacional, pueden contribuir a que lo anunciado sea realidad y que la mejoría se acreciente, de forma que los contribuyentes se vean aligerados del peso de las deudas contraídas por los poderes públicos para cubrir tantas pérdidas. No se trata de liberalismo o socialismo, de lo que se trata, a mi juicio, es de no confundir la gestión política o politizada con la gestión pública que ahora debe complementar la actividad privada, a todas luces insuficiente en materia crediticia.

El retraso de la Unión Bancaria, que acaba de oficializarse en el reciente Consejo Europeo, implica que los Estados siguen siendo responsables últimos de sus sistemas crediticios. El nuestro ya ha ejercido esa responsabilidad y no es pedir demasiado que recoja algún fruto de ello. Por tanto, el Gobierno está cargado de razones para plantear en Bruselas una revisión del MoU, justificando que el mantenimiento de sus exigencias con las entidades nacionalizadas conducirá inexorablemente a un final fatídico de pérdidas inasumibles que echará por tierra todas las previsiones de cumplimiento de los objetivos de déficit y sembrará más dudas sobre el pago de las obligaciones contraídas. Eso es lo que se juega y convendría dejar de tirar tantas piedras a nuestro tejado que, en éste caso, son los bancos públicos.

Insisto en que el comentario no se debe a iniciativa alguna del Gobierno en la dirección del título, porque, al contrario, parece decidido a gestionar sus bancos. Prueba de ello es la costosa campaña publicitaria del FROB sobre las actividades de los bancos públicos. Mi reflexión obedece al interés de objetivar nuestra realidad económico-financiera que exige no tirar al sumidero 40 o 50.000 millones de euros sin haber intentado ponerlos al servicio de los intereses generales. A los partidarios de hazaña semejante, les pediría una explicación pormenorizada y solvente de por qué hay que destruir definitivamente la parte de la industria bancaria española que ha sido salvada con fondos públicos. Dudo que éste Gobierno esté dispuesto a eso. Si rechaza las presiones y se pone manos a la obra tendrá apoyos, más de los que piensa. 


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