Res Pública

La reestructuración bancaria, ¿sólo privada?

Hay gran interés por saber del nuevo plan de reestructuración crediticia. Las proclamas que se conocen del mismo se refieren a la creación de entidades poco numerosas y solventes, sin apelar a los contribuyentes. Dando por bueno, que ya es dar, el principio de la concentración como único recurso, parece un planteamiento virtuoso que me recuerda aquello que se cuenta de un presidente de república americana, que expuso a sus ministros un plan ambicioso para convertir el país en la Suiza de América del Sur. Cuando llegó el turno de preguntas, un ministro alabó el plan y preguntó ¿cuándo se espera la llegada de los suizos? Ahí acabó todo. Evidentemente, no es nuestro caso, pero sí se parece al citado en que todo rezuma un alto grado de voluntarismo, confiando en la acción privada, que carece de potencia financiera, sin la menor mención a la actuación pública.

A nadie se le ocultan dos hechos: uno, que la economía española va para cinco años en depresión y que nuestras entidades bancarias, con la excepción de las que actúan fuera de España, están todas, en mayor o menor grado, condicionadas por esa situación, con un elevado porcentaje de activos improductivos, fundamentalmente inmobiliarios, y escasa actividad. Quiere ello decir, en mi opinión, que resulta poco creíble pensar que las entidades menos dañadas puedan asumir, a su costa, a otras en peor situación. Habrá que ver sus planes y modelos de negocio, además de los calendarios necesariamente amplios, para que las tales concentraciones no se conviertan en un fiasco como el de la mayoría de las realizadas hasta el momento, y ya no quede nada que concentrar. Lo expresado parece una obviedad, pero conviene decirlo por si alguien piensa que hablamos de otro país y de otras entidades financieras. Se pueden hacer todos los mapas que se quieran, la inventiva es libre, pero, en el ámbito privado, las concentraciones se presentan muy dificultosas y poco realistas en muchos casos. Aparte de ello, nos queda el terreno público, que es ignorado reiteradamente, a diferencia de lo ocurrido en otros países con problemas análogos.

El Estado es dueño de bancos que manejan activos por importe superior a 175 mil millones euros con más de 3300 oficinas extendidas por todo el país, aproximadamente un 10 por 100 del sistema crediticio. Si a ello añadiéramos aquellos grupos que han recibido ayudas públicas, que pueden convertirse en capital por la imposibilidad de amortizar los préstamos concedidos, se superaría el 30 por 100. Situación muy tentadora para desarrollar un ambicioso plan de gestión y de concentración, en su caso, que pudiera facilitar la solución del gran problema que tenemos entre manos, inalcanzable para la inversión privada en el medio plazo. Sería una manera justa y adecuada de valorar el esfuerzo ya realizado por los contribuyentes. No es la primera vez que me refiero a éste asunto que, cuando se plantea, suele ser despachado, como tantas cosas en España, con la afirmación de que lo público está desterrado del ámbito de la gestión, a pesar de que es evidente que todos recurren al Estado, convertido en tabla de salvación de última instancia. ¿Qué habría sucedido sin las ayudas públicas en toda Europa y los caudales de liquidez proporcionados a la banca por el Banco Central Europeo?

No nos engañemos, la cuestión planteada trasciende la controversia entre lo público y lo privado. Es ponerse ante la realidad presente y la prospección económica de los próximos cinco años para contar con los instrumentos que están en nuestras manos. Como se dice vulgarmente, “con estos bueyes tenemos que arar”. El sector público está obligado a capitanear el proyecto de reestructuración financiera, porque, sin su concurso, esta se hará de forma mediocre y poco eficaz. Las evidencias de los años pasados son las que son, y no creo que se pretenda continuar con una partitura análoga. Que los saneamientos son necesarios, es innegable, pero hay que ser conscientes de las capacidades actuales y de la disposición real de recursos efectivos, que no van a cambiar por la publicación de un Decreto o de una Circular contable del Banco de España.

En mi opinión, el Estado, que goza de una posición dominante en el sector crediticio, tiene que dar el paso al frente con un proyecto de gestión homogéneo de sus entidades, acompañado de políticas públicas para el desarrollo de los numerosos activos inmobiliarios e industriales de las mismas, aprovechando además las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo para dinamizar el crédito en la medida en que sea posible. Cuando pasen los malos tiempos, el Estado se podrá plantear la venta parcial o total de participaciones accionariales para recuperar lo invertido. El sector privado podrá complementar dicha acción pública, lo que creo que no hará en ningún caso, dada la situación del país, es ser el mascarón de proa de la reestructuración del crédito en España.


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