Res Pública

La presidencia andaluza debería negociarse

El declive del bipartidismo anunciado en mayo pasado, se ha materializado inicialmente en Andalucía y todo hace prever que continuará en los procesos electorales que vienen. El encogimiento del PP y del PSOE parece irreversible junto con el crecimiento de otras fuerzas, Podemos y Ciudadanos, que aspiran a romper el monopolio del poder ejercido por aquellos. Se trata de un cambio importante en la política española y, como primera providencia, debería suponer la dinamización del sistema parlamentario que, hasta ahora, ha estado trufado de demasiadas dosis de presidencialismo, por efecto de las mayorías absolutas, o casi, del bipartidismo imperante. Por ello, sería deseable que las viejas inercias empiecen a ser arrumbadas para dejar paso a negociaciones claras y exigentes en los parlamentos o consistorios, incluyendo en las mismas la titularidad de presidentes y/o alcaldes, teniendo en cuenta que la investidura en España concede una especie de patente de corso al nombrado, por mor de la existencia de la moción de censura constructiva. Y es en Andalucía donde los partidos emergentes van a tener la primera oportunidad de intentar los cambios.

De acuerdo con los principios constitucionales, los electores eligen diputados y concejales, no eligen jefes de gobiernos ni alcaldes, y son los parlamentos o consistorios los encargados de nombrar a éstos

Corresponde al parlamento decidir quien forma gobierno

De acuerdo con los principios constitucionales, los electores eligen diputados y concejales, no eligen jefes de gobiernos ni alcaldes, y son los parlamentos o consistorios los encargados de nombrar a éstos. Hasta ahora el sistema ha venido funcionando sobre la base de otorgar la titularidad del gobierno a la lista con mayoría absoluta o, en su caso, a la más votada, aunque haya habido excepciones en ayuntamientos y comunidades autónomas cuando desaparecían las mayorías absolutas. Por cierto, tales excepciones solían criticarse a causa de prejuicios presidencialistas o quizá por ignorancia de la verdadera naturaleza del régimen constitucional español. Sin embargo, a partir de ahora, las excepcionalidades podrían convertirse en regla, como demostración de dos cosas: que el parlamento recupera su protagonismo y que el cambio que predican los partidos emergentes va en serio en la medida en la que los electores lo vayan expresando.

Sin volver a repetir las causas del decaimiento de los partidos que han protagonizado la política española más de treinta años, parece claro que han sido sus errores y su alejamiento de los ciudadanos los que han terminado provocando el nacimiento de las dos organizaciones políticas, Ciudadanos y Podemos, que tienen como objetivo común el saneamiento de la vida pública y el impulso de cambios constitucionales, que permitan adecuar los poderes públicos a las exigencias de una sociedad que ha sido escarnecida por multitud de comportamientos irregulares, la famosa corrupción, y que está sufriendo en términos de desigualdad social las consecuencias de la crisis española de éstos últimos años. Ambos grupos políticos parecen empeñados en abrir horizontes de transparencia y de profundización democrática, reclamados insistentemente por los españoles e ignorados en la práctica por los grandes partidos que ahora sufren las consecuencias de sus actos.

El proceso que se ha puesto en marcha en Andalucía requiere de un tratamiento alejado de la vieja política y de las componendas entre los partidos tradicionales

Andalucía como ensayo previo de la obra de las nuevas Cortes

En Andalucía, que es lo que hoy nos ocupa, el PSOE, gobernante durante tres décadas, no ha obtenido la mayoría absoluta y su contrincante tradicional, el PP, ha sufrido un retroceso espectacular, apareciendo por vez primera las dos nuevas fuerzas citadas que, lógicamente, tendrán mucho que decir y que hacer en relación con la formación del gobierno de la Junta de Andalucía. Las decisiones que adopten tendrán trascendencia no sólo para los andaluces, sino para el resto de españoles que las valorarán para emitir su voto en las elecciones de éste 2015. Por supuesto, no les resultará fácil variar las inercias y el propio statu quo, sobre todo cuando se expresa como axioma que la presidencia de la Junta corresponderá a la actual inquilina de San Telmo, con lo que ello supone de cegar la capacidad de influencia y, lo que es más importante, de control futuro del gobierno que emerja del Parlamento de Andalucía.

Desde mi punto de vista, el proceso que se ha puesto en marcha en Andalucía requiere de un tratamiento alejado de la vieja política y de las componendas entre los partidos tradicionales; y corresponde a los recién llegados explorar y explotar al máximo los instrumentos que les ofrece el régimen parlamentario para conseguir que el cambio se visualice y se ejecute con las máximas garantías. Por ello, deberían contemplar de común acuerdo la idea de poner en la mesa negociadora las propuestas más urgentes para superar la situación de emergencia de esa región, duramente castigada por el paro, la desigualdad y los déficits educativos que todos reconocen. Y lo razonable es que ese proyecto de emergencia regional sea ejecutado por un gobierno con amplio respaldo parlamentario, cuyo presidente sea elegido por consenso entre los partidos implicados en el acuerdo. En realidad, asistiríamos en Sevilla al ensayo de la obra mayor que corresponderá ejecutar a las nuevas Cortes Generales para enfrentar la crisis española.

Cuando se acabe el efecto de la morfina electoral, haremos las cuentas de la realidad del Ruedo Ibérico

La presidenta en funciones dice que pretende gobernar en solitario porque ella ha pactado con los andaluces. Se ve que los demás han pactado con los murcianos o los castellanos. Que cosas hay que oír, sobre todo viniendo de una dirigente del partido socialista, que debería estar a años luz del nacionalismo de vía estrecha, puro aldeanismo, que se está inoculando en las regiones españolas. Con independencia de eso, pretender gobernar Andalucía en solitario con el 35 por 100 de los votos, haciendo algunas concesiones para pasar el fielato de la investidura, supone desconocer el alcance de la crisis de la región y el mensaje que los votos de los andaluces han expresado. Todos los grupos parlamentarios, y en especial los nuevos, están obligados a buscar en el seno del Parlamento el gobierno adecuado para gestionar la emergencia andaluza, porque el juego acaba de abrirse y cada jugador, por la cuenta que le trae, deberá saber jugar las cartas de que dispone. Es verdad que los viejos partidos están en declive, pero la agudización del mismo dependerá de la inteligencia y de las acciones de los que aspiran a romper el monopolio de aquellos.

No me engaño sobre la dosis de voluntarismo que contiene lo expresado, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos y energías que se desparraman en una estructura estatal, la autonómica, cuya revisión parece que nadie quiere afrontar para que el Estado recupere la fortaleza necesaria que nos ayude a superar el desbarajuste que impera en el conjunto de los poderes públicos. En fin, cuando se acabe el efecto de la morfina electoral, haremos las cuentas de la realidad del Ruedo Ibérico.


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