Res Pública

El ocaso de la transición: apertura o búnker

En un comentario reciente decía que la crisis española estallaba en el ocaso del régimen de la Transición y que ello ocurría en un momento de quiebra del orden europeo, concretamente de la Unión Europea y de su moneda, el euro. Sobre esto  último ya he expresado diferentes opiniones, que ratifico a la vista de los resultados de la cumbre europea del fin de semana. Probablemente, habrá que volver sobre ello. Hoy debemos centrarnos en la política nacional, que inicia una semana en que se constituyen, por fin, las Cortes, como paso previo a la entrada del nuevo gobierno en días posteriores. Todavía no conocemos sus propósitos, pero sí sabemos que las elecciones de las que trae causa han dejado maltrecho uno de los pilares del régimen de la Transición, el PSOE. El otro pilar, el de los nacionalistas burgueses vascos y catalanes hace tiempo que se resquebrajó; quedan la Monarquía, un poder fáctico menguante, y el Partido Popular con su mayoría parlamentaria. Todo este conjunto, hoy desunido y decrépito, ha representado y mantenido el orden establecido después de la muerte del general Franco hace 36 años. Parece llegado el momento de soltar amarras y liberar a España de un corsé que dificulta su salida al mar abierto de la democracia y del buen gobierno.

A modo de recordatorio para los más jóvenes, importa señalar que la Constitución de 1978 fue, en realidad, una carta otorgada para alcanzar metas mínimamente democráticas y constitucionales, que nos homologaran con el contexto europeo de entonces en el que los países dominantes tenían interés en tutelar la transición española para separarla del proceso revolucionario que se vivía en el vecino Portugal, proceso que posteriormente fue también reconducido. Por eso, sin desdeñar sus contenidos formalmente democráticos, el texto otorgado garantizaba claramente la posición de sus hacedores: la Monarquía, los dos partidos políticos nacionales, la entonces UCD y el PSOE, y los nacionalistas catalanes y vascos, cerrando la posibilidad a cualquier intento constituyente futuro. Precisamente, para blindarse contra los cambios se arbitraron unos mecanismos de reforma constitucional muy exigentes hasta el punto de hacerla casi inviable, salvo acuerdo de los dos partidos nacionales como ha sucedido recientemente Quedó así consumado el reparto de poder del Estado y perfectamente acotado el terreno de juego en el nuevo orden constitucional. La Constitución fue aprobada en diciembre de 1978 en un referéndum con una magra participación, poco más del 64 por 100 del censo electoral.

Durante más de treinta años se ha vivido una transformación social y económica innegable de nuestro país, gracias a la prosperidad europea y a la liberalización de la economía española. Los recursos han sido ingentes tanto europeos como internos, sobre todo estos últimos por el esfuerzo fiscal de los españoles. Casi todo ha cambiado menos el Estado, o mejor dicho la maquinaria pública en poder de la partitocracia. Esta se ha mantenido inalterada en manos de los partidos, que han extendido sus redes clientelares de forma que ninguna institución ni  actividad relevante ha quedado fuera de su control. El régimen autonómico ha sido un instrumento perfecto, junto con la sintonía casi servil con los detentadores del poder económico y financiero del país. No parecía posible que ese Titanic, flotando en una sociedad conformista y poco exigente, pudiera hacer aguas. La denominada monarquía parlamentaria española era la versión actual de la monarquía burguesa de la Francia de Luis Felipe, sostenida bajo el lema de “enriqueceos”. Sin embargo, la inundación ha llegado: después de los chispazos y advertencias de mediados de los años 90, que no se tomaron en consideración, ha hecho crisis un modelo carcomido por su alejamiento de la sociedad y por el espejismo del dinero fácil. La bajada de la marea ha dejado al descubierto nuestras carencias económicas y sobre todo políticas.

La aguda crisis de uno de los partidos dinásticos, el PSOE, unida a la decadencia ostensible de la propia monarquía, atrapada entre su arcaísmo y su falta de ejemplaridad, añaden más leña al fuego del cambio constitucional necesario del Estado en España; tarea que, junto con otras, corresponderá iniciar a las nuevas Cortes y al gobierno que surja de las mismas, aunque no estuviera entre sus propósitos. El proyecto de reconstrucción nacional política y económica, que nadie niega, no puede llevarse a cabo con los mimbres maltrechos de las viejas políticas y de las instituciones caducas: la ordenación de la economía, la austeridad del poder público y la educación del país no pueden ser capitaneados con garantías de éxito sin enfrentar la revisión del modelo de la Transición. El mandato de los españoles, hastiados y aturdidos, parece claro, teniendo en cuenta las limitaciones de elección del sistema.

Ahora que tanto se habla de refundaciones, de Europa, del capitalismo, de la globalización, no estaría de más que se intentara la revisión del modelo español que, contra lo que sostienen sus defensores y beneficiarios en cada uno de los homenajes que se dan, ha quedado anegado por la incapacidad y por la corrupción. Se dirá que la nueva mayoría parlamentaria forma parte de ese modelo; y es verdad, pero también lo es que en las circunstancias críticas de cualquier Estado moderno, y ésta es una de ellas, quienes tienen el poder pueden abrir las puertas a los cambios o pueden levantar muros frente a los mismos. Ese es el dilema del tiempo político inmediato.


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