Res Pública

El Estado en manos de los jueces

El relato de los procedimientos judiciales que se extienden por todo el país y que afectan a los componentes del establishment se parece cada vez más a unos gigantescos fuegos artificiales, que divierten a unos, entristecen a otros y turban a la mayoría. Los más se preguntan ¿qué ha pasado aquí? O ¿qué clase de gente gobierna nuestras vidas? En años futuros puede que existan algunas respuestas, ahora todo es confusión y desconfianza y un poco de atención, no demasiada, a lo que hagan o digan los jueces y fiscales que al final, tras el desmoronamiento de las instituciones, parecen los únicos encargados de desentrañar lo ocurrido. Una gran empresa, que les pilla desentrenados, con pocos medios y con la enemiga de fuerzas poderosas como a nadie se le oculta. Su tarea, por tanto, se va a parecer más a una especie de guerra de guerrillas, que encabezarán algunos quijotes o empecinados, a diferencia de lo que sería esperable de la máquina de la justicia independiente y poderosa de un país democrático que goce de la división de poderes. Puede haber dudas sobre qué países gozan de esas condiciones; de lo que no hay dudas es de que España no está entre ellos. Nos conformaremos con la vieja expresión ¡menos da una piedra!

La reaparición de problemas viejos

Hace alrededor de veinte años, después de los fastos de 1992, se produjo en nuestro país una caída económica de envergadura, con el ladrillo como protagonista, acompañada de problemas en el sistema financiero que eclosionaron con la archifamosa intervención de Banesto en diciembre de 1993, a menos de seis meses de la mayor ampliación de capital de un banco español que mereció numerosos parabienes dentro y fuera de España. A partir de esas circunstancias salieron a la luz pública toda clase de miserias y corrupciones provenientes del poder en sentido amplio: los negocios de la llamada gente guapa, los fondos reservados, el crimen de Estado etc… Fueron la erupción de un volcán que muchos españoles creían dormido o muerto, porque pensaban que la democracia española había proscrito todo aquello que se asociaba con nuestra leyenda negra de país poco de fiar.

El shock de la sociedad fue inmenso, tanto que nunca se superó, y surgieron voces de alarma y de petición de regeneración. Hubo también actuaciones judiciales puntuales y jaleadas. El partido hoy en el Gobierno, capitaneado por Aznar que irrumpe de nuevo en la arena política, se puso a la cabeza de las peticiones y en 1996 obtuvo el apoyo limitado, pero suficiente, para gobernar el país. Y lo hizo, pero la regeneración quedó en el baúl de los recuerdos. Se preocupó de contener la hemorragia de la recesión económica con un narcótico, cuyo componente principal era el ladrillo, que ha terminado esterilizando el presente y el porvenir económico-financiero de los españoles. Esas políticas fueron mantenidas por el PSOE cuando tomó el relevo en las elecciones trágicas de marzo de 2004.

Los jueces no son suficientes

La realidad de este tiempo, gobernado a medias por el PP y el PSOE, ha sido la continuidad de las prácticas y alianzas que provocaron los problemas de dos décadas atrás. Nadie ha querido solucionarlos porque, como ya conocemos amargamente, están en los genes de la Transición. Eso no significa que no haya habido voces aisladas que, insistentemente, han recordado las asignaturas pendientes, una de esas voces la de Jesús Cacho con sus libros y sus artículos; pero la potencia de la droga expandida por el poder nos ha privado de conocer otras opiniones del mundo académico, de la universidad, de las empresas, de la judicatura y mucho menos de la política durante los años del éxtasis. Ahora se notan la falta de práctica y de previsión. La pelota de los desmanes ha pasado al único terreno disponible: el judicial. No es que asuma al cien por cien la maldición gitana – tengas pleitos y los ganes- pero convendrán conmigo que es muy poco esperanzador que una crisis nacional de la envergadura de la nuestra quede al albur de los autos y providencias o de alguna sentencia que emanen de determinados juzgados. Entiendo la alegría o la decepción ante las resoluciones judiciales, pero no debemos engañarnos, sus efectos y consecuencias siempre serán limitados.

No conozco ningún caso en que una o varias actuaciones judiciales hayan cambiado significativamente el rumbo del poder. Si no, que le pregunten a los italianos en qué terminó la ofensiva de mani pulite de los jueces de Milán en los años 90, que acabó con el sistema de partidos de entonces, pero que, al no tener correspondencia en la política y en la economía, es decir, en la sociedad, ha dado el poder a Berlusconi por incomparecencia de los demás. Los jueces no son suficientes. Hacen falta, además, los movimientos políticos organizados para transmitir a la sociedad las propuestas de cambio y de regeneración que permitan superar con garantías de estabilidad los problemas que angustian a los españoles.


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