Res Pública

El laberinto de Cataluña

Entre las noticias y expectativas de éste final de año, creo que vale la pena subrayar aquellas que proceden de Cataluña, porque son inquietantes y demostrativas de la aguda crisis que padece una de las regiones más importantes de España, mascarón de proa de los proyectos nacionalistas que abundan en la política española. Las dificultades financieras, que son la punta del iceberg del mal gobierno, pueden poner en marcha una escalada de reclamaciones del nacionalismo catalán, que intentará forzar el pacto fiscal sacando a relucir la lista de agravios tradicional, junto con la ensoñación de dotarse de un estado propio, que actuaría como bálsamo de fierabrás contra los males que aquejan al país. Un remedio alicorto de los “cahiers de doleances” de la prerrevolución francesa de 1789, sin concesión alguna a la autocrítica de quienes vienen gobernando la amplísima autonomía de Cataluña desde hace más de treinta años.

Desde la segunda mitad del siglo XIX Cataluña aparece entre las primeras regiones de España por su nivel de desarrollo y de educación: las burguesías emergentes contribuyeron al impulso de la industrialización catalana y supieron sacar provecho del repliegue de España a su territorio peninsular una vez independizadas las grandes colonias de América del Sur, cuya conclusión fue la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. Esa crisis española combinada con la inteligencia de algunas clases dirigentes catalanas convirtieron a Cataluña en uno de los sostenes más destacados de la Restauración canovista, que va de 1874 a 1931.

Durante la Restauración, Cataluña fue consciente de su importancia y se esforzó por desarrollarse para lograr unos niveles de bienestar que otras regiones españolas ni pudieron ni supieron obtener. Bien es verdad que para ello contó con el apoyo de los gobiernos de la Monarquía que nunca dudaron en atender las peticiones fiscales y de otro orden procedentes de Cataluña. Pero, como ocurre con frecuencia, el saberse importante o casi indispensable conduce a elevar el listón de las exigencias. Y así sucedió cuando un sector de la burguesía catalana abrazó los contenidos de las Bases de Manresa de 1892, que son la primera formulación nacionalista de Cataluña. A partir de ahí, una parte de las clases sociales ilustradas catalanas asumió el romanticismo nacionalista, creando dudas sobre el porvenir de Cataluña en España. La cuestión catalana, trufada de nacionalismo y anarquismo, se convirtió en uno de los elementos de la crisis de la monarquía de Alfonso XIII hasta el punto de situarse en el epicentro de su hundimiento.

La Segunda República española fue generosa con Cataluña: las Cortes Constituyentes aprobaron en septiembre de 1932 su primer Estatuto de Autonomía, que pretendía dar satisfacción a las aspiraciones catalanas, sin poner en riesgo la unidad española. Pero tal objetivo no se consiguió: la deslealtad del nacionalismo catalán para con la República es un hecho histórico, demostrativo además de la cortedad de miras y de la ignorancia sobre el contexto social y político en el que pretendía desarrollarse el régimen republicano.

Como la inteligencia y la capacidad innovadora no son fáciles de eliminar, Cataluña tuvo de nuevo la oportunidad de situarse a la cabeza del crecimiento económico de España cuando se inició la liberalización de la economía en los años 60 del siglo pasado, en pleno franquismo: fue tierra de promisión y acogida para cientos de miles de españoles de otras regiones, que buscaban salir de la penuria de sus regiones de origen. Su bienestar y laboriosidad eran un ejemplo a imitar.

La aprobación de la Constitución de 1978 permitió a Cataluña la obtención de su segundo Estatuto de Autonomía, también amplísimo de facultades. Además contó con un apoyo inequívoco e ininterrumpido a las tesis nacionalistas por parte de los diferentes gobiernos centrales que han permitido que el nacionalismo parezca la única expresión legítima de Cataluña, sacrificando en ese altar nacionalista la pluralidad y la tolerancia propias de cualquier sistema democrático. El nacionalismo ha sido dueño y señor de los destinos de Cataluña, disponiendo de los presupuestos y las capacidades suficientes para procurar su desenvolvimiento y bienestar, que es lo que cabe esperar del poder público. Pero no ha sido así.

Después de la aventura osada de un nuevo Estatuto de Autonomía, que hirió de muerte al orden constitucional, todos nos hemos dado de bruces, incluidos los propios catalanes, con el colapso económico y financiero de Cataluña. Hasta tal punto es así que la Generalidad ha dejado de ingresar en el Tesoro el importe de las retenciones de impuestos y las cuotas de la Seguridad Social, como suelen hacer las empresas al borde de la quiebra o de la suspensión de pagos. La diferencia, en este caso, es que se trata de un gobierno que directamente incumple la ley. Es, en mi opinión, el primer desafío de envergadura, vendrán otros, al nuevo gobierno nacional. De momento, no hay respuesta. La tardanza de la misma puede alentar a otros, en situación angustiosa, a emular la decisión catalana. Se puede imaginar lo que sería un escenario así.

Han sido largos años de inacción en los que alguna responsabilidad incumbe a los gobiernos centrales; pero la mayor de ellas corresponde a los políticos nacionalistas catalanes, tanto convergentes como socialistas, que han resultado ser malos gobernantes. Por eso es desalentador comprobar el empecinamiento de muchos de los responsables del desaguisado en achacar sus fracasos al poder central, proponiendo como salida recetas rancias e insolidarias, como el pacto fiscal, en un tiempo de depresión general de España. Vale la pena que en Cataluña y en el resto de España se reflexione sobre esta triste realidad, como prueba de que el poder público tiene que gestionar los intereses de sus ciudadanos  y no dedicar el esfuerzo y el dinero de todos bien a fabricar estados bien a construir realidades nacionales.


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