Res Pública

La esperanza necesita un proyecto

La tregua financiera iniciada un año atrás y que se prolongará, como mínimo, hasta el otoño ha dado algunos frutos que merecen ser considerados y atendidos de la mejor de las maneras: servir de soporte sobre el que desarrollar un nuevo modelo económico español, eliminando las aristas y los daños de determinadas políticas sólo pensadas en beneficio de unos pocos y en perjuicio de las clases sociales que dan estabilidad y contribuyen al buen funcionamiento del tejido productivo. El comienzo de la tregua al que ya me referí, me parecía una ocasión para enmendar errores y dedicarnos a trabajar en España en pro de un proyecto adecuado a nuestros intereses y alejado de las directrices de aquellos a los que únicamente preocupaba, y preocupa aún, que como país seamos capaces de pagar las deudas. Desgraciadamente, las deudas se han seguido incrementando y, aunque ceda la famosa prima de riesgo, el volumen de las mismas causa mareos a cualquier observador imparcial; por eso resulta ilusorio pretender que la llegada del crecimiento, por muy importante que éste fuera, sería suficiente para limitar los estragos que la deuda viene causando en las cuentas públicas y en la economía de las empresas y familias españolas. Nuestro proyecto nacional tiene que enfrentar, entre otras cosas, esa realidad, para cambiarla, ya que dilatar su resolución podría ahogar la flor de invernadero a la que se refería recientemente el ministro de Economía.

La crisis española no es homologable con la de los socios europeos

En términos económicos, y con todos los matices que se quiera, la crisis española se define por: alto endeudamiento público y privado, hundimiento del sector de la construcción y promoción, además de problemas importantes del sistema bancario. Sus consecuencias son de sobra conocidas, la principal, una tasa desmesurada de paro, seguida de una contracción sin precedentes del crédito y del consumo, que impiden la regeneración del tejido productivo. Pero no es sólo eso, la economía española jugó casi todas sus cartas a la producción inmobiliaria, más del 20% del PIB, con el concurso crediticio del sistema bancario, que se endeudó en los mercados financieros para estimularla. En paralelo, continuó el abandono progresivo de la industria, cuyo peso en la producción nacional es cada vez más reducido. La jugada de las últimas décadas ha resultado un fiasco que obliga, a mi juicio, a elaborar un proyecto de desarrollo económico para el país con el objetivo principal de cubrir el vacío dejado por los sectores desaparecidos, o casi. Quiero decir que la nuestra no es una perturbación económica como la que sufren otros socios europeos, es mucho más que eso y, por tanto, no valen las medicinas habituales.

La urgencia de atender los problemas inmediatos parece haber impedido dedicar tiempo a la elaboración de planes a medio y largo plazo, pero eso no puede aplazarse sine die, ya que se corre el peligro de malograr los muchos esfuerzos realizados por el conjunto de la nación. De tales esfuerzos constatamos que el Estado se ha hecho cargo de una parte bastante significativa del sistema bancario y de otra parte, nada desdeñable, de los activos inmobiliarios. A ver qué hace con todo eso, teniendo en cuenta que las iniciativas privadas continúan desaparecidas, cuando no preocupadas por el ambiente de inseguridad jurídica generado por el tropel legislativo que se ha abatido sobre sectores clave del tejido productivo, especialmente el financiero y el de la energía.

El factor confianza no se recupera con la misma rapidez con la que se pierde y es obligación de todos, y en especial de los poderes públicos, ayudar a su restauración. De ahí la importancia de trabajar en un plan nacional que defina el modelo de país y los sectores productivos que merecerán el apoyo de las administraciones para que los presuntos inversores sepan a qué atenerse en el medio y largo plazo. Sin esa guía, será complicado que los buscadores de gangas actuales, que no aportan valor ni seguridad, sean sustituidos por iniciativas estables y solventes.

Un plan de reconstrucción y un Gobierno que lo garantice

Ese plan teórico que, en términos coloquiales, sería el plan de viabilidad de la empresa país, tendría que contener el estudio de la deuda, tanto pública como privada, para determinar su influencia en el desenvolvimiento del conjunto del proyecto. Eso es lo que hacen las empresas cuando están en apuros, y la empresa nacional española lo está en grado sumo. De hecho, el volumen de la deuda es un factor capital a la hora de pensar en recomponer los graves daños que padecemos. Hasta ahora se ha obviado su trascendencia, centrando todas las referencias en los tipos de interés o prima de riesgo, pero, sin negar su importancia, hay que insistir en que la cirugía de la deuda tiene que ir más allá de los costes financieros de la misma, porque, aunque éstos se redujesen a la mínima expresión, la economía española no tiene ni tendrá capacidad suficiente para asumirla si no media una profunda reestructuración de aquella. Y ésta sólo podrá conseguirse con la exhibición a los acreedores de un plan serio y solvente, garantizado por un Gobierno con autoridad política y moral.

Para terminar: ya sé que una de las preguntas es si España tiene ese Gobierno y, en caso afirmativo, si éste estaría dispuesto a convocar al país a la tarea de su reconstrucción, que incluiría la del propio Estado. Que el lector saque sus conclusiones. Por mi parte, afirmar que, si las respuestas son negativas, el gran objetivo nacional debería ser convertirlas en afirmativas. Lo demás, me parece pura calderilla que agostará la esperanza.


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