Res Pública

El escándalo bancario: la puntilla (y II)

A pesar de que el Partido Popular apoyó el régimen de excepción financiera del Gobierno del PSOE, cabía la posibilidad de que la obtención de la mayoría absoluta en noviembre de 2011 y los resultados negativos de las políticas aplicadas al sistema financiero, empujaran al nuevo gobierno a revisar lo actuado y proponer alternativas realistas en defensa del interés nacional, que incluye disponer de entidades de crédito capaces de atender las necesidades de familias y empresas. A mi juicio, dada la situación crítica de la economía y de las empresas crediticias, las alternativas pasaban por la puesta en marcha de un proyecto de negocio y de saneamiento homogéneo, impulsado y apoyado por el Estado que, ante la deserción o diáspora de los capitales privados, se ha ido convirtiendo en la referencia casi única para ello. En España, lamento no ver otras referencias. Pero tal revisión no se hizo. Una decepción más, sumada a otras, que han segado las expectativas y la confianza de millones de españoles. Más razones para insistir en que hay que cambiar las políticas, porque éstas son cosa de los hombres, fundamentalmente de los dirigentes. Y si estos no pueden o no quieren, su obligación democrática es consultar a la nación, teniendo en cuenta que lo que hacen poco tiene que ver con lo prometido.

Poca duración del beneficio de la duda

Cuando el Partido Popular daba sus votos al PSOE para la reestructuración crediticia siempre ponía de manifiesto que lo hacía por evitar problemas mayores y sugería, aunque nunca lo precisó, que tenía otras opciones. Los diarios de sesiones de las Cortes atestiguan lo que digo. Por eso yo creía que de la niebla de la indefinición saldría, con la constitución del nuevo gobierno, el plan de reconstrucción financiera tan esperado y tan deseado, sobre todo después de comprobar los efectos desastrosos de los experimentos anteriores. Era confundir los deseos con la realidad: el ministro del ramo empezó pegando un tiro al aire que se trastocó en un torpedo a la línea de flotación del maltrecho sistema crediticio: hizo unas declaraciones públicas en medios internacionales afirmando que había necesidades adicionales de provisiones de 50000 millones de euros, que podrían ser cubiertas por las propias empresas financieras o, en su caso, con la llegada de inversores privados a aquellas que lo necesitasen. Según él, no había que preocuparse.

Aunque ya veníamos curados de espanto, se produjo cierto revuelo y algo de desconfianza; pero ambos se transformaron en alarma cuando se constató que, efectivamente, había sido una declaración poco fundada que se intentó cubrir con el primer Decreto-Ley de febrero de éste año. El poco fundamento, a mi juicio, no era por la cifra proclamada, podía ser esa u otra superior como ha ocurrido después, era por la ausencia de previsión sobre cómo allegar los recursos necesarios además de prever planes de reactivación para el conjunto del sector. La puesta en marcha de las exigencias del decreto citado fue desvelando que no había recursos suficientes: las despensas de las entidades estaban prácticamente vacías y el negocio bancario en España era incapaz de generar tales recursos. Y se armó la marimorena, me refiero al estallido de Bankia en el mes de mayo, que ya fue objeto de comentario –Nacionalización y gestión del crédito- y que se constituyó en el punto de partida de la “nueva” política de reestructuración crediticia que es una versión, corregida y aumentada, de la precedente: decretos-leyes a go go, pruebas de esfuerzo, bancos de inversión, consultores etc. Toda la parafernalia conocida, sin asomo de proyecto de reconstrucción alguno.

Excusa europea e inhibición española

Los inversores privados no llegaron, pero sí llegaron los acreedores de la Unión Monetaria, con su rescate al brazo, para garantizarse el cobro de sus créditos transformando deuda privada en pública. Ese es su interés y no otro. Y desde España se ofrece como contrapartida el desmantelamiento generalizado del sector bancariominorista para fortalecer oligopolios, eliminar la competencia y volver a la exclusión financiera. De plantear políticas públicas de crédito, nada. De actuar coordinadamente con los activos empresariales e inmobiliarios de los bancos nacionalizados, tampoco, véase el caso Iberia, EL ERE de Iberia y Bankia. A las entidades capitalizadas con fondos públicos, se les coarta hasta el punto de impedir su desenvolvimiento como empresas en funcionamiento, poniéndoles fecha de caducidad, 2017.

Un escenario insólito e inquietante, porque cualquier gestor de fondos de terceros está obligado a buscar su rentabilidad. En el caso de los fondos públicos esa exigencia es mayor, combinada con la rentabilidad social y el interés general. Por eso, lo conocido y anunciado, parece un despilfarro de recursos humanos y materiales que indica el grado de abandono en que nos encontramos y el poco respeto que merecen las personas y los dineros de los contribuyentes. Ni un genio empresarial como Lee Iaccoca podría poner en rentabilidad, en las condiciones hechas públicas, a los bancos o cajas nacionalizados. El lector puede deducir a quién aprovechará todo esto.

Junto a esa montaña de recursos públicos comprometidos, se esta fraguando otra, el famoso banco malo o SAREB, del que se sabe poco, solamente que se ha firmado su escritura de constitución a la espera de los inversores privados que se están buscando. De momento, esa búsqueda se circunscrita a nuestro solar patrio y recuerda a las conferencias de donantes que se crean para los países devastados. Entre los presuntos donantes aparecen algunos que, si no son pobres de pedir, no están para muchas alegrías. En fin, me temo que seguiremos con el humo y los señuelos, sin poner sobre la mesa un proyecto ambicioso de negocio para los bancos o cajas del Estado con el objetivo de vigorizar a empresas y trabajadores y frenar la carrera del mal. Ya se que un proyecto así suscitará resistencias y la hostilidad de los grupos financieros privados, pero elEstado debe gozar de libertad y autonomía para manejar sus empresas financieras, especialmente en circunstancias críticas como las actuales. Quizás sea pedir peras al olmo, pero hay que pedirlo.

Es urgente controlar la situación y dar un giro copernicano, prescindiendo del discurso único del desmantelamiento a secas. Para ello, el gobierno debería plantear sin ambages ni prejuicios el cambio de condiciones inasumibles desde la defensa del interés público español. Nuestras enormes deudas son nuestra fortaleza, siempre que se acompañen de proyectos serios. Porque de la destrucción programada o de la tierra quemada, aplaudidas con ligereza suicida desde algunas tribunas, no va a resultar ningún bien para a nación, que es lo que nos debe importar. ¿O no?


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