Res Pública

El dilema del rey (II): consultar a la nación

Felipe VI tiene el problema de buscar su lugar en el seno de un régimen político caduco y desacreditado, cuyos beneficiarios se dividen entre el inmovilismo y las reformas cosméticas, pero los españoles tenemos la necesidad y el derecho de decidir qué hacer con nuestra nación, gravemente quebrantada por los malos gobiernos que ha padecido durante demasiados años. Por eso, si los problemas o dilemas del rey fueran meramente personales y familiares, no tendrían interés para quienes queremos una España democrática y civilizada; lo que pasa es que el monarca es una pieza fundamental de la superestructura que pugna por mantener el estado de cosas que los españoles repudian. Esa es la razón de que analicemos sus opciones y especialmente las posibilidades de que el jefe del Estado, en un arranque de patriotismo, pudiera convertirse en la palanca interna que mueva la losa para despejar el camino hacia la plenitud democrática, aunque ello le supusiera arriesgar su permanencia en la primera magistratura del país. Más que a reanimar el cadáver de la Transición, sus esfuerzos deberían dirigirse a ordenar y encauzar los deseos de cambio pacíficomanifestados por los ciudadanos, con el fin de que unas nuevas Cortes, elegidas no más allá del próximo octubre, sean capaces de plasmarlos constitucionalmente. Después, podría ser tarde para casi todo.

Las controversias de los fracasados

Los habitantes de la casa deshabitada en que se ha convertido el régimen del 78 andan a vueltas con la idea de cómo revertir su inmenso fracaso: economía hundida, paro endémico, desigualdad creciente, proletarización de la clase media y amenazas de ruptura territorial. Sus recetas son pobres, como lo han sido sus gobiernos, y carecen de capacidad para suscitar apoyo popular, sin el cual nada se puede hacer en un sistema de libertades. Se ha llegado a tal extremo de desafección que ni las prometidas  mejoras fiscales ni una lluvia repentina de oro molido podrían cambiar el rumbo emprendido por amplísimos sectores de la sociedad. Desde las generaciones jóvenes, tan maltratadas estos años, hasta las clases medias urbanas, atenazadas por el miedo al futuro, la colmena española envía señales evidentes de disconformidad y de no querer saber nada de los dimes y diretes de quienes tienen el poder y pretenden usar el recambio monárquico como un elixir.

Los más inteligentes de ellos no se lo creen, pero siguen haciendo comedia por el miedo escénico al cambio y entonces se limitan a manejar conceptos reformistas desvaídos, federalismo, primarias, disminuir aforados etc., que oponen al inmovilismo del gobierno, pero ninguno habla de la separación de poderes, de sanear la Justicia, de educar al país y de dar autenticidad al sufragio, como premisas fundamentales para recorrer el camino de la civilización de España y de la reconstrucción del Estado. En los aledaños, los nacionalistas burgueses de Cataluña y el País Vasco, que han sido una de las vigas maestras del régimen, añoran la fórmula de la vieja Monarquía Dual del Imperio Austro-Húngaro, pero están emparedados entre su propia decadencia y el impulso de otros nacionalismos que abogan por las repúblicas catalana y vasca. La verdad es que las controversias entre los diferentes autores del colapso constitucional merecen un interés perfectamente descriptible ya que sólo les guía mantener el poder que van perdiendo a raudales, por lo que sería más saludable poner el foco en proyectos diferentes para salir de éste edificio ruinoso.

Monarquía de partidos o presidencialismo democrático

Y lo primero debería pasar por reconsiderar la estructura del Estado, para reconstruirlo sobre los cimientos de su unidad, abrogando los experimentos autonómicos fracasados, y convertirlo en lo que nunca debió dejar de ser, el instrumento para lograr la libertad y la igualdad de los españoles. Habría que olvidar los escarceos con vías centrífugas y trasnochadas que han arruinado nuestro presente y limitan las esperanzas de un futuro mejor. España no se lo puede permitir, aunque sea lamentable reconocerlo después de más de un siglo intentándolo. Los federalismos, asimétricos o no, junto con la monarquía dual o confederal son zarandajas que, estoy seguro, rechazarían abrumadoramente los españoles. Igual ocurre con el derecho a la autonomía regional, un interesante proyecto nacido con la Constitución de 1931 que los aprendices de brujo de 1978, los del café para todos, han dejado para el arrastre.

Si se empezara a hablar sin prejuicios habría que situar el debate monarquía-república en el contexto de lo que sería conveniente para la España de hoy. Un país lleno de amenazas de todo tipo, incluida la de la ruptura territorial, que no se puede permitir el lujo de tener un jefe del Estado meramente representativo sometido al albur de una partidocracia fracasada. Porque esa es la cosecha de la alabada monarquía parlamentaria, o mejor dicho la monarquía de partidos, brillantemente definida por Antonio García-Trevijano, que muchos pretenden continuar con Felipe VI en contraposición con otros que creemos en la sustitución del maleado régimen parlamentario actual por un modelo más presidencialista en el que el jefe del Estado sea elegido directamente por todos los españoles, atribuyéndole facultades suficientes para presidir y ordenar el juego institucional además de ser garante y referencia inexcusable de la unidad del país.

Y eso es así, porque, desde las convicciones liberales y democráticas, no se pueden pedir poderes para una magistratura no elegida. Es más, creo que incluso los accidentalistas en materia de formas de gobierno, si analizaran las necesidades de España, abandonarían hoy el accidentalismo para defender la figura de un jefe del Estado elegido por los españoles con el firme propósito de refundar nuestro decrépito Estado.

Desde mi punto de vista, la situación de España no permite dedicar tiempo a debates mistificados ni a propagar las virtudes de crece pelos monárquicos o republicanos añejos. El común de las gentes participa de los valores de la libertad y de la igualdad que han sido puestos en almoneda por unos señores y unas organizaciones que no pueden seguir monopolizando el poder público. Ya sé que eso lo deben determinar las urnas, y ese es el gran dilema del recién estrenado rey: cómo conseguir que cuanto antes los españoles manifiesten su voluntad, después de conocer las propuestas para superar la crisis española tanto de las organizaciones dinásticas como de aquellas otras que están surgiendo al calor de los males nacionales. Ese objetivo debería ser el mascaron de proa del rey para evitar que el alargamiento del caos se lleve por delante la libertad de los españoles.


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