Res Pública

Los derechos sucesorios de la infanta

Con motivo del procesamiento de Doña Cristina de Borbón, hermana del Rey, se ha suscitado en parte de los medios de comunicación la conveniencia de que la aludida renuncie a sus derechos sucesorios para no empañar la imagen de la Monarquía. El asunto, visto desde la perspectiva democrática y republicana, no tiene el mayor interés y podría enmarcarse en las cuestiones familiares de la Dinastía de las que los españoles tenemos una experiencia dilatada y trágica. No obstante, parece oportuno salir al paso del tratamiento que los medios más cortesanos dan a la pretendida renuncia en el sentido de que ésta depende de una decisión personal de la infanta procesada, ignorando que, al menos formalmente, tenemos un régimen parlamentario y no una Monarquía patrimonial de las de antes. De todas maneras, no es sorprendente el tratamiento oficial del problema porque, en lo tocante a la Monarquía, el Gobierno y el Parlamento han venido rehuyendo sus responsabilidades durante el reinado del Rey anterior y desconocemos si seguirán la estela con Felipe VI, que acaba de llegar. El enjuiciamiento de la infanta y la asunción de las consecuencias constitucionales del mismo nos ilustrarán sobre ello.

Las Cortes Generales permitieron que, en la práctica, la Corona funcionara como un organismo autónomo, alejado del control democrático y envuelta en un velo espeso de opacidad

De la monarquía patrimonial a la parlamentaria

El Rey Juan Carlos I fue el fundador del régimen del 78, otorgando una Constitución que ha permitido el ejercicio de las libertades y el voto de los españoles que, gracias a eso, se han familiarizado con las prácticas democráticas, pero, en correspondencia con su generosidad, los gobiernos sucesivos y las Cortes Generalespermitieron que, en la práctica, la Corona funcionara como un organismo autónomo, alejado del control democrático y envuelta en un velo espeso de opacidad. Tan es así que nada se reguló sobre su funcionamiento o los posibles conflictos de intereses que pudieran surgir en el seno de dicha institución, como quedó de manifiesto cuando se produjo en el mes de mayo la renuncia apresurada del monarca: casi todo se tuvo que improvisar y tanto el Gobierno como las Cortes aparecieron más como subordinados a las órdenes del Rey saliente que como los depositarios genuinos de la soberanía popular.

En el modelo parlamentario, que es el que establece la Constitución, ninguna institución puede quedar sustraída al control de las Cortes y del gobierno que emana de ellas. Mucho menos la jefatura del Estado que, a pesar de su carácter meramente representativo, es el símbolo más eminente de la nación. Ni en las monarquías burguesas que sobreviven en Europa ni en las repúblicas, sean presidencialistas o parlamentarias, sus monarcas o presidentes pueden funcionar sin el contrapeso o control de los órganos de la soberanía. De ahí que las prácticas seguidas durante el llamado juancarlismo no parece que deban continuar: la Corona ha de reintegrarse sin reservas al orden parlamentario y su titular debe quedar sometido a todas las exigencias de transparencia y comportamientos exigibles a la primera magistratura del país. En el caso de la monarquía supone además entrar en las cuestiones que afectan a la familia del rey y a sus herederos. Y, evidentemente, no es el rey, o no solo, el que debe arbitrar o resolver los conflictos que surjan en su Casa o en su familia, sobre todo aquellos que tengan dimensión pública, como es el caso de la infanta. 

Al Rey no se le puede pedir lo que no está en sus atribuciones conceder, porque los verdaderos responsables son el Gobierno y las Cortes Generales

Al Rey no le compete resolver el problema de los derechos sucesorios

El procesamiento de la hermana del Rey es un conflicto y no menor desde la óptica monárquica en la que la parafernalia de la imagen ocupa un lugar destacado. Creo que esa es la razón, o una de las razones, de que muchos medios se hagan eco del mismo y pidan decisiones para resolverlo. Hasta ahí es fácil de entender, sin embargo, lo que no se entiende es que esas decisiones se pidan a la infanta o al propio monarca, porque, desde mi punto de vista, ni la una ni el otro son los responsables últimos, salvo, claro está, que la infanta renunciara motu proprio. Al Rey no se le puede pedir lo que no está en sus atribuciones conceder, porque los verdaderos responsables son el Gobierno y las Cortes Generales; y la Corona se limitará a asumir o ejecutar las resoluciones que, en su caso, se adopten. Estos principios son la base del sistema parlamentario, con regulación normativa o sin ella, que esa es otra cuestión.

Es realmente penoso tener que recordar principios tan elementales, lo que da idea de la calidad democrática del régimen español. Y es comprensible que, a estas alturas, con la decrepitud institucional imperante que nos va introduciendo en un período pre constituyente, el Gobierno y las Cortes, que perdieron el favor de la nación en las elecciones de mayo pasado, eludan adoptar iniciativas legislativas para poner orden en los asuntos de la Corona, contribuyendo con su inacción a mantener la interpretación patrimonialista de la misma, que ejerció con desparpajo y con el aplauso del establishment, el monarca anterior. Por supuesto,  éste problema es uno más, y no el más importante, que tiene el régimen del 78. Probablemente será resuelto en el futuro cercano y no lo harán ni éste gobierno ni éste Parlamento. En la espera, será entretenido observar las cabriolas jurídicas de los que no se creen ni su propio orden constitucional.

Feliz Navidad a todos los lectores y sus familias.


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