Res Pública

El caso YPF y España sin cañonera

La incautación de YPF, no por anunciada, ha sorprendido a todos. Una vez condenada la decisión de las autoridades argentinas, expreso mi opinión sobre dos cuestiones que parecen relevantes: la primera es la indefensión de los accionistas, sobre todo los pequeños, que tienen motivos para preguntar y exigir responsabilidades, en su caso, por la gestión de la crisis con el gobierno argentino por parte de los administradores de Repsol; la segunda es la incapacidad de España, de nuestro gobierno, para defender los derechos de los accionistas y de la propia compañía frente a las decisiones adoptadas por la presidenta argentina. En estos días tan alterados en la política nacional el caso YPF ha supuesto, en mi opinión, un triste baño de realidad sobre lo que somos y las fuerzas reales de que disponemos, porque lo único concreto es que la incautación se ha producido y que, después de las proclamas altisonantes de unos y de otros, queda el recurso a los tribunales internacionales. Largo me lo fiáis con un país que tiene acreditada una historia de incumplimientos de sentencias de estos.

Inversiones arriesgadas

El asunto que nos ocupa ha puesto de manifiesto que las inversiones en América del Sur tienen un componente de riesgo más elevado que aquellas otras que puedan realizarse en  regiones o países estructurados social y políticamente. Es una realidad aceptada sin apenas discusión y que se ha tratado de justificar por las importantes tasas de beneficios  que se han venido obteniendo de tales inversiones en los últimos veinte años. Pero, a veces, la generación de negocios y de beneficios de forma ininterrumpida durante un cierto período de tiempo suele fomentar un imprudente grado de confianza, que lleva a aumentar los compromisos de inversión más allá de lo aconsejable. Eso ha sucedido con la Argentina, donde la inversión global de las empresas españolas representa alrededor del 2 por 100 del PIB de España. Al problema empresarial se añade la inevitable repercusión de la crisis en nuestra propia economía y la necesidad de prevenir su impacto.

Los veinte años pasados se han caracterizado en las relaciones económicas exteriores de España por dos hechos significativos: uno de ellos ha sido la concentración de nuestro comercio exterior, aproximadamente un 75%, en el área de la Unión Europea, y el otro, el aumento exponencial de las inversiones españolas en América del Sur: la banca, la energía, las comunicaciones y el turismo son los sectores más destacados del fenómeno. Esta circunstancia obliga a considerar aquella región económica como una prolongación de la propia economía española, ya que cualquier alteración significativa que allí se produzca puede afectar a alguna o algunas de las empresas más importantes de nuestro país, como ha ocurrido con Repsol. Un aviso previo fue la crisis argentina del corralito, que no se tomó en serio. Bolivia y Venezuela son otros dos ejemplos.

Retirada norteamericana

La retirada de los inversores americanos de la zona, escaldados por las crisis y la inestabilidad de los años 70 y 80 del siglo XX, facilitaron la llegada de los empresarios y banqueros españoles, confiados en un escenario de mayor ortodoxia económica y presupuestaria de gobiernos democráticos, que parecían apostar por la modernización de sus países, aunque no cabe engañarse de las dificultades y amenazas de todo orden a dichos proyectos, derivadas de situaciones sociales y políticas ancladas en la injusticia y en la corrupción. Para una gran mayoría de la opinión pública española la decisión argentina resulta poco menos que increíble, después de un largo tiempo de noticias y comentarios sobre las excelencias de nuestra presencia allí sin el menor atisbo de duda sobre el porvenir. Sin embargo, los administradores de Repsol, como los de otras compañías españolas instaladas en Argentina, sí estaban obligados a conocer y a calibrar el riesgo-país para prever situaciones como ésta y no aparecer como unos pobres amateurs que han sido engañados. De todas formas, los accionistas lesionados poco podrán conseguir en España: no me consta de ninguna empresa cotizada en la que su junta general de accionistas haya conseguido remover administradores. En el plano judicial, qué decir. Una realidad que, como tantas, debería cambiar para situarnos de verdad en el plano de los países exigentes y civilizados.

Soledad de España

En cuanto a España y su gobierno, sólo recordar que somos una potencia menor, aunque las alegrías y excesos pasados hicieran creer lo contrario, que ha tomado grandes riesgos en el exterior; riesgos que no está en condiciones de defender, llegado el caso, porque carecemos de la potencia económica y militar para ello. Ni siquiera suple esa carencia nuestra pertenencia a la UE que, como siempre, se pierde en la ambigüedad y las buenas palabras. Nuestra soledad es clamorosa y la acción de Argentina debería obligar a revisar con criterios de prudencia las inversiones exteriores, especialmente en determinados lugares, sin olvidar lo positivo que sería repatriar capitales, tan necesarios ahora aquí, como hicieron las compañías japonesas con la crisis de Fukushima hace un año. Si sucediera algo así podríamos congratularnos con el no hay mal que por bien no venga.

Las grandes potencias siempre han cuidado de sus intereses exteriores, antaño con la diplomacia de la cañonera y ahora con la versión edulcorada de ésta que son las sanciones y los embargos económicos sin descartar la fuerza militar, cuando éstos no son suficientes. Nosotros no estamos en ese club y ni siquiera parece que los miembros del mismo atiendan nuestras súplicas: ni la UE, ni el G-20 ni los Estados Unidos han hecho más que proclamas cortésmente solidarias. Con razón se lamentaba de ello el ministro de Asuntos Exteriores. En resumen, sólo resta esperar que no se produzcan nuevos abusos y extraer las enseñanzas de lo sucedido para, sin prisa pero sin pausa, disminuir los riesgos allí donde se prevea un escenario adverso. Al fin y a la postre, gobernar y administrar es prever.


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