Res Pública

Menos Unión Europea y más España

En estos tiempos, dolientes e inciertos para todos, se han producido dos hechos, aparentemente no relacionados, que deben mover a la reflexión y a la revisión de algunos principios considerados hasta ahora intangibles. Los hechos son: primero, el varapalo sufrido por nuestra deuda pública y por nuestro sistema crediticio a manos de las autoridades europeas y, segundo, la cifra de casi cinco millones de parados, que explica, en parte el primero. Ambos hechos, creo que obligan a revisar el principio de la confianza casi única en la asistencia exterior, ya que, a medio plazo, poco o casi nada se puede esperar, con el fin de volcar los esfuerzos en el cambio urgente de la configuración actual de nuestro Estado, otro principio a revisar, claramente incapacitado para enfrentar una tarea de reconstrucción genuinamente unitaria y nacional.

Tanto la política como la economía de España han descansado de forma cómoda y hasta indolente, durante las dos últimas décadas, en las directrices y mandatos provenientes de Bruselas o Francfort, sobre todo de éste en la etapa del euro y de la expansión crediticia: nuestra autonomía política y el propio destino del país se han hipotecado, en demasía, a los intereses de las potencias dominantes de la Unión Europea. No se ha pensado que nuestras realidades y capacidades económicas nos impedirían mantener indefinidamente las exigencias para formar parte de ese núcleo dominante. Puedo entender que fuera una apuesta bienintencionada, pero la desastrosa gestión que se ha hecho de ella, nos ha situado en una tierra de nadie para enfrentar la reconstrucción del país. Todo será más complicado y doloroso, pero no imposible.

El fracaso del euro y de la Unión Monetaria, que han terminado por deshilachar el proyecto político de la Unión Europea, nos ponen en un horizonte en el que los Estados nacionales deberán recuperar el terreno perdido en materia política y también, aunque ahora no lo parezca, en materias económicas y monetarias. En mi opinión, los recientes acuerdos de Bruselas suponen la defensa clara de los intereses de las grandes potencias europeas en lógico detrimento de los socios de menor entidad y peor gestionados, entre ellos nosotros. Eso sí, todo envuelto en una hojarasca de declaraciones defensivas comunes y con promesas de constitución de fondos, cuya utilización, en su caso, quedará al arbitrio de las potencias centrales. Pero ni siquiera eso bastará para garantizar la supervivencia del proyecto europeo; probablemente se requerirá el auxilio de la comunidad económica internacional para evitar males mayores y para hacer posible un desmontaje ordenado de aquel. En cualquier caso, nada será igual.

La banca y la deuda españolas han recibido un regalo envenenado de Bruselas. Bien es verdad que se han hecho grandes méritos para obtenerlo: hemos sido un país muy mal administrado y demasiado tolerante con la especulación y el endeudamiento. No eran solo las cajas de ahorros, tan maltratadas, cuya gestión, guste o no, irá pasando a manos del Estado; también la banca esta aquejada del mal y, de una u otra manera, parte de ella pasará a la órbita pública. Los llamados mercados e inversores privados ni están ni se les espera por el momento: viene un tiempo de moderación y de saneamiento y, por tanto, de escaso o nulo beneficio. Serán los Estados los que tendrán que gestionar la travesía del desierto de los próximos años y España no es una excepción. De ahí la necesidad de fortalecerse para la tarea de la gestión pública, que no es lo mismo que la gestión política o politizada.

Uno de los motivos que nos hace dudar a algunos de la eficacia del poder público en España se refiere a la capacidad del Estado para ejercer sus funciones, debido a la gran dispersión de poderes que se ha producido a lo largo de los años y al coste desmesurado que ello supone: el ejemplo genuino son las Comunidades Autónomas, convertidas en la práctica en contrapoderes estatales con vicios agudos de clientelismo y con escaso sentido de la solidaridad. Ni el gobierno más ilustre podría ordenar ese laberinto, sin cambios previos e importantes.

Ninguno de los defensores del derecho a la autonomía de las regiones, que se reguló por primera vez en la Constitución de la República Española de 1931, podría respaldar y justificar la realidad actual del mismo: su ejercicio ha sido vanidoso y viciado, hasta el punto de convertirlo en uno de los problemas que España tiene para recuperar sus equilibrios. Ojala no hubiera sido así, pero es, y, en mi opinión, resulta obligado revisar una situación que se ha convertido en un lastre para el ejercicio correcto del poder público. Después de las elecciones de mayo ha quedado de manifiesto la imposibilidad de continuar con la estructura existente.

Probablemente, el gobierno que surja de las próximas elecciones tendrá que plantearse el problema, aunque, de momento, nada se diga de ello. En función de la fortaleza de tal gobierno o de los apoyos que obtenga, el tratamiento será más o menos enérgico. Tendrá que iniciar una reconversión autonómica que, en todo caso, concluirá en un cambio constitucional, ya anticipado por la reforma constitucional reciente. Hasta que eso llegue, el gobierno deberá aprobar una o varias leyes orgánicas, para fortalecer el poder central, vaciando de competencias a las regiones y comunidades. Muchas de ellas lo agradecerán, aunque no lo expresen claramente; otras se resistirán, pero cuál sería su alternativa.

No será fácil la renuncia, aunque el gobierno, si actúa con inteligencia y templanza, obtendrá el apoyo de la colmena española para desarrollar con eficacia sus planes de reconstrucción nacional. Porque, entre otras cosas, lo que se juega es cambiar un conjunto de reglas y estereotipos implantados en la política española, que ya no dan más de sí. Las circunstancias obligan a volver al interés nacional, algo que otros socios nuestros nunca abandonaron, como se ha demostrado la pasada semana en Bruselas. El resto son vuelos de palomas.


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