Res Pública

Reforma bancaria: devaluación de la vivienda

El Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros para forzar el saneamiento del sistema financiero, trasciende, en mi opinión, éste objetivo y se convierte además en una devaluación interna, que tendrá innumerables repercusiones en el conjunto de la economía y de la política españolas: la proclamación en el Boletín Oficial del Estado de que el precio de la vivienda en España se reduce un 40 por 100 es comparable a la devaluación de la moneda, cuando se disponía de la política cambiaria. A partir de éste momento, no sólo el sistema crediticio se verá afectado, será toda la riqueza nacional la que ha sido rebajada de un plumazo. No por fundado y esperado, lo decidido deja de ser trascendental y demostrativo de la necesidad de la intervención del Estado en la economía en tiempo de emergencia nacional. En congruencia con ello, creo que se requerirá un plan complementario de ajustes y de contrapartidas fiscales, como ocurre con cualquier devaluación, con el fin de aprovechar los beneficios esperados de la decisión y contener el ahondamiento en la depresión.

Desde que España entró en convulsión económica ha habido intentos políticos para frenar la enorme bola de nieve que ha ido destruyendo lo que ha encontrado a su paso, y sigue haciéndolo para desesperación de todos. Sobre los orígenes y las causas de la debacle se ha especulado bastante, pero hay dos aspectos que se repiten en muchos de los análisis: el componente especulativo de la economía española alrededor de lo inmobiliario y el corsé que supone la moneda única, el euro, que impide recurrir al expediente tradicional de la devaluación, como medio para restaurar los desequilibrios principales. Ello sin entrar en que ha sido el propio euro el factor clave de las políticas de expansión crediticia y de inflación de precios. Por eso, se ha venido sosteniendo que una alternativa a la situación creada era la llamada devaluación interna, presionando a la baja los precios de los activos y de los salarios para buscar el equilibrio. Como es comprensible, es fácil decirlo pero extremadamente difícil hacerlo. El gobierno, con éste Decreto-Ley, lo ha hecho: es su mérito y su desafío.

Se dirá que el Decreto-Ley se refiere sólo a algunas partidas de los balances bancarios, ni siquiera al balance en su conjunto, por lo que no tendría el alcance general de una norma devaluatoria tradicional. Y es cierto, pero, en mi opinión, sólo en teoría: el mandato oficial de la rebaja del precio de los activos inmobiliarios, que forman parte del núcleo central del patrimonio del país, tiene un efecto multiplicador, o como dicen los juristas una vis atractiva, que se extenderá como la pólvora tanto en los propios balances bancarios como en el resto de la economía nacional. No hay compartimentos estancos, aunque el legislador lo pretenda, y así se verá con carácter inmediato: el tan reiterado efecto riqueza, verdadero tótem del consumo, ha dado paso al efecto pobreza que, aunque sufrido por muchos e intuido por otros, no se había oficializado hasta ahora en el Boletín Oficial del Estado.

El valor de los activos inmobiliarios, una vez decretada su baja, provocará un reajuste general en familias y empresas, que aligerarán sus compromisos de consumo e inversión,  planificando el futuro sobre bases distintas. Pero no sólo eso, a las administraciones públicas, que basan muchos de sus ingresos en la vivienda, les va a resultar muy difícil mantener inalterados los baremos de valoración, el catastro es el más destacado, que sirven para girar los diferentes impuestos, con el IBI como estrella de los mismos. Resulta chocante y significativo que la bajada de precios de la vivienda se ordene a escasas semanas de haber establecido una subida importante del IBI. Se impondrá su revisión en el plan inevitable de ajuste a la baja puesto en marcha por el Decreto-Ley devaluatorio ¿o es que se piensa que lo decidido limita su efecto a una parte de los balances bancarios sin más? Si alguien lo piensa, vive en el limbo o en un laboratorio apartado.

Además de la devaluación de la vivienda, el Decreto-Ley contempla otra reforma financiera, la tercera, que, en líneas generales, mantiene la tendencia de las anteriores, con algunos apuntes ejemplarizantes siempre bienvenidos, jugando todo a la carta de la concentración y a la abrogación del modelo de banca minorista imperante en España. Es una amenaza a la competencia y un avance hacia la exclusión financiera. La desaparición definitiva de las cajas de ahorros queda consagrada definitivamente. El hueco que dejan no será fácil rellenarlo. Tiempo habrá de referirse a ello.

Se mantiene la ausencia de la gestión pública para ordenar y dirigir un proceso de cambio estructural, que está definido y ahormado en la norma estatal. Se sigue hablando de la autonomía de la acción privada, que en España es escuálida y con nula capacidad financiera. Un paripé, porque de lo que se trata es de ejecutar el diseño gubernamental implícito en el Decreto-Ley. Salvo por prejuicios ideológicos, que están de más en una situación de emergencia, no se entiende que el Estado se limite a presenciar durante unos meses el desarrollo de un juego con participantes teledirigidos cuyo final está predeterminado. Iremos viendo y comentando. De momento, confiemos en que el Banco Central Europeo siga dando liquidez. Ese es el verdadero FROB. Lo demás, agregaciones y ajustes contables, serían divertimentos, si no fuera por el caudal de esfuerzos malogrados y de pérdidas de puestos de trabajo que se seguirán acarreando. Como dice el sociólogo, José Félix Tezanos, nos hemos empeñado en lograr el economicidio perfecto.


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