Res Pública

¿Referéndum o cortes constituyentes?

En el marco del desfondamiento social y del descrédito institucional de España, los representantes de los sindicatos oficiales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, han sido recibidos por el Jefe del Estado. Según se dice, han pedido la convocatoria de un referéndum sobre las políticas de recortes y la superación de la crisis. Las imágenes de la entrevista son bastante elocuentes: unos asistentes que, por su trayectoria y sus compromisos, carecen de autoridad para capitanear la salida del pozo, pero que sí tienen poder para cegarla, o al menos para retrasarla. Es la explicación que se me ocurre ante el referéndum planteado al Rey, que parece más una técnica de distracción y/o de erosión del gobierno de turno que de búsqueda del cambio que el país necesita. Porque, desde mi punto de vista, España no puede perder más tiempo con los dimes y diretes de los beneficiarios del régimen, y todos los de la reunión lo son, y por eso debe ser consultada con plenas garantías para ejercer su poder constituyente. Ni referéndum ni elecciones ordinarias, ambos expedientes ya no son adecuados cuando lo que se juega es la propia supervivencia de la nación.

El fraude democrático de la Transición

El fraude democrático que hemos vivido los españoles, cuyas consecuencias estamos padeciendo, ha alcanzado su sublimación con las acciones del gobierno recién elegido que, nada más tomar posesión, ha roto sus compromisos electorales, cambiándolos por actuaciones que poco o nada tienen que ver con aquellos. Las excusas son diversas y lo que subyace bajo ellas es que los gobernantes no habían hecho el estudio serio de la situación de la empresa de la que se iban a hacer cargo. Bastante imperdonable, pero lo peor es que cuando se protesta o se piden explicaciones, la respuesta suele ser que han sido elegidos por cuatro años y que será al final de los mismos cuando rendirán cuentas. Un pobre entendimiento de la política democrática y parlamentaria por parte de éste gobierno y de los que lo han precedido. Los españoles, una vez que votan, no tienen derecho a reclamar y menos a cambiar el contrato: es la recuperación del pensamiento político de Pufendorf y Grocio, dos pensadores del siglo XVII, que estimaban que el pacto o contrato social, una vez suscrito, no podía ser roto por los súbditos. Puro autoritarismo del que parece que no nos podemos librar.

Con tales principios que, repito, forman parte de la Transición, resulta fácil entender que ninguno de sus protagonistas se plantee la falta de legitimidad del gobierno que ha roto, como antes lo hicieron otros, especialmente el anterior, sus compromisos con los ciudadanos. Y, como todos son sostenedores del déficit democrático, se conforman con la utilización de subterfugios, como el del referéndum, para continuar dándole hilo a la cometa de su dominio político y social. Lo malo de todo esto es que engarza con un fenómeno político que va tomando cuerpo en la Europa comunitaria, que consiste en afirmar que las políticas y proyectos de la eurozona están por encima de los gobiernos y los parlamentos nacionales. Ya venía sucediendo, en realidad la Comisión Europea y el Banco Central Europeo carecen de legitimidad democrática, pero ahora esa práctica se ha elevado a categoría con las recientes declaraciones de Mario Monti que tanta polvareda han levantado, no aquí desde luego.

El neofascismo europeo

La ruptura del gran contrato democrático de la Europa de la posguerra, que trajo libertad y prosperidad, se inició hace alrededor de quince años y ha fraguado con motivo de la crisis financiera. Al socaire de ella, se ha puesto en marcha una suerte de neofascismo que amenaza acabar con los contenidos sociales y democráticos de los países que integran la eurozona; lógicamente, los primeros en caer son los más débiles bien por razones económicas bien políticas bien por ambas, como es el caso de España. En ésta experiencia somos el país más importante junto con Italia, donde su Primer Ministro, Monti, da carta de naturaleza al discurso legitimador de esa ideología autoritaria. Confío que el vigor democrático de los italianos rechace semejante disparate.

Nosotros, como siempre, con nuestra fragilidad liberal, nos empeñaremos en ser discípulos aventajados de ese movimiento. Me refiero a quienes dirigen el país, los ciudadanos no contamos, que no parecen haber caído en la cuenta de que, con la excusa de los problemas económicos, se ha planteado una batalla entre la dictadura y la democracia; la primera, encubierta con el eufemismo del mercado, defendida por quienes detentan los poderes financieros y fagocitan a los gobiernos, de grado o por fuerza, y la segunda, muy debilitada, por los ciudadanos que se sienten abandonados por los partidos y sindicatos que han ido arriando sus banderas ante el empuje de lo políticamente correcto, el neofascismo trufado de falso liberalismo.

España es una presa fácil del autoritarismo financiero. No ofrece resistencia alguna a los disparates que se nos proponen a diario por los Draghi de turno, aplaudidos por nuestros propios serviles, muy abundantes por desgracia. En verdad hay que hacer un gran esfuerzo para no perder las formas ante tanta necedad. En ese contexto, lo del referéndum suena a broma, parece una aspirina contra el cáncer de la postración nacional. Y, como pienso que todavía no es demasiado tarde, más valdría trabajar en pro de un nuevo parlamento constituyente que sirva de punto de partida para que los españoles recuperemos la autonomía y la dignidad que nos niegan los que están dispuestos a entregarnos, a precio de saldo, al neofascismo.


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