Res Pública

Preferentes y banca del Estado en el vacío de poder

En el puerto de Arrebatacapas de la reestructuración crediticia española, hay que resaltar: el Estado es dueño de casi el 30 por 100 del sistema bancario y en las entidades a su cargo se concentra la parte del león de las participaciones preferentes. También es dueño de facto y garante último del banco malo, la SAREB. Quiere ello decir que al Estado y sus instituciones, capitaneadas por el Gobierno central, corresponde gestionar éste caudal de problemas en beneficio del interés general y de la confianza en el sistema crediticio. Sin recuperar ésta última, serán baldíos todos los esfuerzos ya realizados, y los que quedan, para que los bancos y/o cajas de ahorros españoles contribuyan a reanimar la economía. Por eso, esperamos que se nos diga cuál es el proyecto degestión alternativo a la práctica actual de mera liquidación, lesiva para el crédito y funcionamiento de las entidades y muy costosa para los contribuyentes. Se podría empezar por intentar la solución del problema de las preferentes, sin subterfugios ni dilaciones, extirpando un tumor que amenaza convertirse en metástasis social y financiera. Dadas las circunstancias, lo tendrá que hacer otro Gobierno.

El maltrato a los ahorradores destruye la confianza

La historia de las preferentes, llamadas productos híbridos en la jerga tecnocrática, es un caso desgraciado, como muchos de los que se han producido en los días de vino y rosas que nos han llevado adonde estamos. Pero, a diferencia de otros, creo que sí es posible encontrar una solución plausible sin esperar el Santo Advenimiento ni el resultado de los largos procedimientos judiciales. Ya sé que las proclamas oficiales están instaladas en el dar hilo a la cometa y que el asunto se vaya pudriendo en las aguas de la ira y del desfallecimiento que van anegando el ánimo nacional. De hecho, un especialista en el tema bancario, José Santos Pulido, ha publicado un artículo esclarecedor, “El síndrome tóxico y las participaciones preferentes”, en el que compara el asunto de las preferentes con el lejano caso de la colza, para concluir que la justicia terminó dando la razón a los afectados. Hasta ese punto llega la desconfianza en las tibias propuestas de solución actuales. Creo que procede cambiar ese estado de cosas y que el poder público ejerza como tal, sin complejos y con energía, apelando, en su caso, a todas las excepcionalidades que sean necesarias, que incluirían, en su caso, la revisión de algunos aspectos del MOU y de la legislación del FROB.

El Estado es dueño de las entidades en las que se concentra el núcleo duro del problema. Por supuesto, no hace falta que me recuerden que es una propiedad no deseada cuya gestión se ha venido rehuyendo. Ese es el mismo espíritu de distanciamiento que se observa al tratar las preferentes. Actitud inadecuada, que se aprovecha del descrédito de todo lo relacionado con el ejercicio del poder público. Pero nuestra obligación, como ciudadanos y contribuyentes, es exigir que las inhibiciones de antes y de ahora se transformen en una actitud positiva y constructiva para arbitrar soluciones creíbles y prácticas a los problemas; y el de las participaciones preferentes podría ser un punto de partida en la nueva dirección: es muy fácil determinar que la abrumadora mayoría de quienes las suscribieron eran ahorradores y depositantes minoristas a los que es injusto despachar como si fueran inversores u operadores financieros. Vamos, que no hay que ir a Salamanca para acotar el perímetro cualitativo y cuantitativo de la cuestión.

La excusa de Bruselas, la tregua de Alemania y el vacío de poder

En relación con el problema sobrevenido de las preferentes, que fueron comercializadas con el aplauso general y con todas las bendiciones oficiales, se han dicho muchas cosas. Una de ellas que Bruselas, ¡siempre la manoseada excusa!, se opone a su resolución. Y no es verdad o, por lo menos, no es toda la verdad: el ya famoso comisario, Sr. Almunia, declaró expresamente que los dineros europeos no eran para eso, trasladando el asunto a lo que, en última instancia, decidiera el Gobierno español. Eso es lo que me mueve a insistir en que ésta es una cuestión doméstica a la que el Estado debe dar respuesta en las entidades de su propiedad. Y, en mi opinión, debe aprovechar éste año en el que Alemania, que es la que manda, no quiere problemas, para forzar la solución, revisando todo lo que haya que revisar.

La voluntad política es premisa indispensable, y las opciones podrían ser: una, convocar a los tenedores minoristas a un canje del importe nominal de los títulos por depósitos a plazo, dos, canjear las preferentes actuales, que son perpetuas, por otras nuevas, emitidas a plazo, entre cinco y siete años. En ambas opciones se evitarían los problemas de liquidez y sólo en la primera habría que tratar con flexibilidad su efecto sobre los recursos propios o de capital, teniendo en cuenta que es el Estado español el dueño y garante de las entidades nacionalizadas. En uno y otro caso, sería una demostración clara de búsqueda de soluciones para recuperar parte de la confianza perdida, en beneficio del proceso de mejora del sistema crediticio nacional.

Los que creen que los españoles, en éste caso los ahorradores, tienen que sufrir en aras de una peculiar libertad de mercado dirán que la Banca del Estado compromete con esa eventual decisión lo que los grupos financieros privados puedan hacer o dejar de hacer con sus preferentes. Nunca llueve a gusto de todos, pero me figuro que el Estado y sus autoridades en aquellos casos de grupos privados que opten por soluciones análogas a las propuestas, serán flexibles. No creo que nadie se rasgue las vestiduras ante el intento de solución de un problema que afecta de lleno al crédito y a la confianza, así como al objetivo de que el saneamiento bancario pueda culminarse pacíficamente. Ningún Gobierno será demandado y zaherido por intentarlo, sí lo será si se hace el sueco o utiliza excusas de mal pagador.

Soy consciente de que ya no será el Gobierno actual el que intente la solución a éste y otros problemas nacionales: lo sabido sobre la gestión de su partido, el PP, le ha puesto tal cantidad de plomo en las alas que en un país democrático, que no es el nuestro, supondría su dimisión. Eso no ocurrirá, y España vivirá un remake de los años finales de Felipe González que ojalá no dure tanto como aquel. Ya estamos instalados de hoz y coz en el vacío de poder. Que cada cual se defienda como pueda.


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