Res Pública

Peligrosa dimisión del Estado

El alargamiento de los problemas desde hace cinco años y el desfondamiento social que ello conlleva está poniendo de manifiesto, en mi opinión, la falta de instrumentos o agentes capaces de dar la vuelta a una agonía que parece no tener fin. En España, que es lo que nos interesa, sería conveniente hacer autocrítica sobre el sentido que inspira las reformas de éste y del anterior gobierno, porque en todas predomina una idea que no se corresponde con el grado de menesterosidad económica y social en que estamos: el Estado tiene que ceder protagonismo y dejar que sea la propia sociedad la que provea la salida de la tormenta. Es un principio defendible y aceptable en países vertebrados socialmente y con un tejido productivo sólido y desarrollado. No es el caso de España; si el Estado no asume el compromiso de ser un agente activo para buscar la salida, no saldremos de la decadencia. Dos ejemplos de esa dimisión estatal los tenemos en las propuestas estrellas del gobierno: el saneamiento financiero y la reforma laboral.

Concéntrense y veremos qué pasa

Sobre la reestructuración, más bien intento de saneamiento, del sistema financiero se ha hablado profusamente; en realidad es el monotema desde que se iniciaron los males en el lejano verano de 2007. A pesar de la riada de palabras y de normas, el leit motiv de lo actuado se ha basado en dos principios: uno, la concentración de entidades, fundamentalmente cajas de ahorros, para forzar el adelgazamiento estructural de las mismas, sin demasiada preocupación por el estado de salud de las concentradas, y dos, procurar el saneamiento con la generación de recursos del propio sistema bancario, lo que, dado el importante grado de bancarización del país, se ha ido haciendo a costa de constreñir el crédito y congelar la actividad económica. Todo ello, con el fin de evitar que el Estado se convirtiera en protagonista de la resolución del problema, al contrario de lo ocurrido en otros países al principio de la crisis y en el nuestro en la década de los años 80.

Los frutos de tales políticas los tenemos a la vista: las concentraciones resultaron un fiasco, el Estado se tuvo que convertir en dueño directo de algunas de las entidades concentradas e indirecto de todas las demás; eso sí, de forma provisional y sin plantearse en ningún momento asumir su gestión homogénea y ordenada. El porvenir se fía a otros dueños, cuando lleguen, en ningún caso al compromiso público. Mientras tanto, los bancos/cajas afectados viven en el desasosiego y el negocio se resiente, por esto y por la parálisis de la economía nacional. Pero no parece importar; antes o después, aparecerá algún comprador interesado, siempre hay quien aprovecha los trenes baratos, al que se le ofrecen toda clase de facilidades y de compromisos y garantías públicas, cada vez mayores cuanto más tarde llegue la compraventa, por llamarla de alguna forma. Hágase la suma de los compromisos ya contraídos y piénsese si no estamos instalados en la mera socialización de pérdidas.

Ese planteamiento se pretende mantener ahora, pero más aceleradamente, con la exigencia imperiosa de nuevos ajustes contables a realizar en un año, y en año y medio si los afectados se concentran, plazos irrisorios en plena depresión. El Estado solo dicta las reglas y espera que las propuestas y las soluciones vengan del campo de Agramante en que se ha convertido nuestro sistema financiero. Vana ilusión. No dudo de que habrá algunos proyectos que resulten bien, pero, con la realidad en la mano expresada rigurosamente por otros analistas de vozpopuli.com, serán excepciones. El tiempo dará o quitará razones. De momento, el Banco Central Europeo, cual bálsamo de Fierabrás, ayuda a prolongar este estado de cosas.

La cesión de la política laboral

Las vueltas y revueltas en materia laboral, que vienen desde los ya lejanos tiempos de los gobiernos socialistas anteriores al que acaba de cesar, no han impedido la carcoma del paro; porque, en mi opinión, no es tanto la legislación laboral como el modelo económico y productivo del país, lo que está en el origen de nuestras desgracias. Y esto es, como otras muchas cosas, una muestra más de los déficits educativos, políticos y también empresariales ¿por qué no decirlo?, que nos aquejan. Su superación llevará tiempo y esfuerzo, siempre poniendo los medios para ello. De hecho hay dos regiones, País Vasco y Navarra, cuya menor tasa de paro tiene que ver con la existencia de un tejido productivo asimilable al europeo. No digo que todas las reformas hayan sido estériles, pero sí digo que ninguna de ellas, las anteriores y las actuales, se pueden vender como una pócima milagrosa, sin atender a la raíz del problema.

Sobre la última reforma, que ya ha convalidado el Parlamento, insistir en los peligros que encierra, al abdicar el Estado de su función de tutela y control, dejando las relaciones laborales en manos casi exclusivas de los empresarios donde hay de todo como en botica. La retirada del poder público me parece muy arriesgada en un país como el nuestro y ojalá no se convierta en una vía para dar salida barata a despidos embalsados y cerrar más empresas en espera de tiempos mejores.

No creo que el fundamentalismo liberal sea la mejor receta para superar los males. Para quienes creemos en las capacidades del Estado burgués y liberal ésta es una ocasión en la que ese Estado tiene que ser protagonista principal, porque el poder público es el que tiene la función de ordenar la justicia y el bienestar de la sociedad. Más en España, donde el vigor social y civil es poco consistente. Sabemos que el descrédito de la política partidaria ha dañado el ejercicio del poder público. Corríjase esa deriva y no se dimita del Estado, dejando a la sociedad al albur de un sedicente liberalismo.


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