Res Pública

Monarquía o República ¿Debate extemporáneo?

Con motivo de las andanzas poco ejemplares de un yerno del Rey, ayudado por numerosas administraciones públicas, reaparece el debate, por llamarlo de alguna forma, que da título al artículo. Como siempre, suele estar trufado de tópicos y estereotipos, que impiden enjuiciar con seriedad la manera de enfrentar la tarea de reconstrucción del Estado a la que nos vemos obligados los españoles. Ahora no se trata de reiterar ejercicios de memoria histórica o de arrojarse unos a otros los fracasos pasados de tirios y troyanos. En mi opinión, la quiebra política y económica del modelo de la Transición es lo que justifica que la sociedad española, mediante un debate riguroso y abierto, intente superar la minoría de edad democrática, legada por el franquismo y mantenida, de forma hábil e interesada, por quienes han tenido el poder desde entonces. Porque hay que subrayar que los problemas que tenemos requieren de soluciones técnicas, aunque en el caso que nos ocupa sean de carácter jurídico-constitucional, a las que conviene acercarse con frialdad académica y con determinación política, olvidando el agua pasada que no mueve molino. En suma, superar la emulación cortesana, que ya denunciaba en su tiempo el historiador Pedro Mártir de Anglería: “juega el rey: todos somos tahúres. Estudia la reina; todos somos estudiantes”.

La magra experiencia democrática de estas décadas, la ruptura constitucional, reconocida por los propios protagonistas del régimen, y la ruina económica del país evidencian la necesidad de un cambio de rumbo que permita la recuperación de instituciones de contenido genuinamente democrático y el fortalecimiento del Estado. Los españoles, cuando se les pide opinión, manifiestan claramente sus deseos de cambiar y también expresan su escasa fe en el tinglado institucional. Las encuestas sociológicas y los propios resultados electorales lo confirman. Corresponde extraer las consecuencias y proponer el paquete de cambios constitucionales sin los cuales resultará empeño vano salir de la ciénaga.

Empezando por la estructura del Estado Autonómico, hay que modificarla sustancialmente para que el Estado sea el instrumento para la civilización y el progreso de la sociedad. Ello obligaría a establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía de las regiones, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea de reforzamiento de los poderes del Estado, como garante de la libertad y de la igualdad de los españoles, recuperando para el Gobierno nacional y las Cortes generales gran parte del poder perdido en educación, sanidad, vivienda y fiscalidad, por citar algunas materias sensibles. Por su parte, las competencias de los municipios, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, deberían reforzarse y las Comunidades Autónomas reestructurarse, sin descartar la desaparición de algunas de ellas, en beneficio de la eficacia y de la austeridad del poder público, teniendo en cuenta la escasez de recursos, que ya es angustiosa en algunas regiones.

La partitocracia, que ha contaminado todas las instituciones, tiene que ser erradicada. Para ello son necesarios cambios en las leyes electorales en los que se debe buscar, además, el acomodo de la representación de las Cortes Generales a la realidad nacional: hay que terminar con la dictadura de los partidos, sustituyéndola por la capacidad de decisión de los individuos, que son los que han de elegir y exigir la responsabilidad a las personas que consideren más capacitadas. El sistema electoral debe buscar la consecución de tales objetivos.

Con el fin de reforzar el órgano de la soberanía popular, las Cortes Generales, éstas podrían quedar reducidas a una sola cámara, el Congreso de los Diputados, suprimiendo el Senado, por superfluo y estéril. Se volvería así a la tradición liberal democrática, propia de los periodos más abiertos de nuestra historia constitucional.

Un nuevo Estado, estructurado sobre los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, no podría ser auténtico si no elige a su propio Jefe, por sufragio universal, directo y secreto, para convertirlo en representante genuino de la nación, asignándole las  facultades ejecutivas precisas para el ejercicio de sus funciones constitucionales. Porque España, con una democracia incompleta y amenazada por la segregación territorial, no se puede permitir mantener la jefatura del Estado en manos de una institución que ensalza el privilegio y la desigualdad social, que son la antítesis  de los valores exigibles en una sociedad abierta y democrática del siglo XXI. Al fin y al cabo es lo que hicieron, en su tiempo, otros socios nuestros de la Unión Europea, como son las grandes repúblicas de Alemania, Francia y la propia Italia.

La empresa del cambio que incumbe a la colmena española no será fácil. Habrá que superar el debate injusto actual entre lo imposible, que son aquellas reformas que afectan al modelo político e institucional, y lo inevitable, que son los recortes sociales a las clases medias y populares, porque es eso lo que genera  el hastío y la desconfianza de muchos ciudadanos. En el camino hacia el buen gobierno no debe haber barreras, sobre todo si se abandonan los dogmatismos y privilegios en beneficio de la democracia y del interés general.

En ese contexto de regeneración democrática, creo que hay que enmarcar la opción republicana, como solución a la crisis de la monarquía parlamentaria y como conclusión natural, integradora y nacional de la evolución constitucional de España. Ojalá quienes se hacen cargo del gobierno salgan a campo abierto y tengan fortuna. Si no es así, me temo que nos quedara vivir tiempos de poco pan y mucho circo y tele basura, para agotar el cáliz de la decadencia y del descrédito institucional, hasta que algunas voces reclamen la llegada de un taumaturgo, a ser posible alemán. Feliz Navidad.


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