Res Pública

¿Yo? Ministro aunque sea de Marina

En el debate electoral español, que gira básicamente alrededor de las palabras o gestos de los candidatos de los dos partidos principales, ha habido recientemente una declaración que a muchos puede parecer trivial, aunque creo que no lo es tanto: con motivo de la candidatura al Congreso de los Diputados del Alcalde de Madrid, que parece huir del agujero financiero de su ciudad para buscar refugio más confortable en otros lares, la Presidenta de la Comunidad ha dicho que lo que quiere el aludido es ser ministro, recordándonos la célebre expresión de un prócer del franquismo cuando dijo “yo ministro, aunque sea de Marina”. Eso, y otras muchas cosas, reflejan la separación creciente entre la realidad social y la realidad política de ésta nueva Corte de los Milagros en que algunos, demasiados, quieren convertir al país.

Creo que no es nuevo afirmar que España se enfrenta a importantes problemas políticos y económico-financieros. Y, especialmente estos últimos, tienen atemorizada a la sociedad, cuyos miembros se van afanando en la búsqueda de respuestas a sus necesidades particulares, conservando un hálito de esperanza, no exento de mesianismo, en que, una vez pasado el trámite electoral, desde el Poder Público vengan las recetas globales para restaurar al país. En contraste con esa realidad, muchos de los llamados a las tareas públicas demuestran un distanciamiento ostensible de las preocupaciones ciudadanas y alimentan, con sus actitudes, las reservas hacia la política y los políticos.

En los pasados treinta años España ha vivido cambios importantes, pero, a la vista de la situación en que nos encontramos, parece evidente que algunos no lo han sido en la dirección acertada: la iconografía creada alrededor de la Transición, que ha sido mitificada y sacralizada hasta la saciedad, se va desmoronando ante los ojos incrédulos de muchos ciudadanos que, de buena fe, creían en sus virtudes; también entre sus protagonistas y valedores que acusan, con su parálisis y desconcierto, el golpe de una realidad dramática e inesperada: nuestro país está recogiendo la cosecha de errores acumulados, la mayoría de ellos imputables a quienes han tenido la responsabilidad de dirigir la nación durante las décadas pasadas, y no me refiero sólo a la tan denostada clase política. Hay otras elites, culturales y económicas, que no han estado a la altura de lo que se podía esperar de ellas.

España, a partir de su ingreso en la CEE en 1985, continuó con la apertura de su economía, iniciada en los años 60, y empezó a recibir los fondos comunitarios encaminados a poner al día nuestras infraestructuras, para convertirnos en una base atractiva de inversiones de propios y extraños. Ese caudal de recursos se vio acompañado por el esfuerzo fiscal de los españoles, que pusieron en manos del Estado un volumen de ingresos desconocidos hasta entonces. Y se supone que ese Estado, el de la Transición, y los grupos de poder que lo sostenían, se esforzaría en sembrar y acrecentar la riqueza que llegaba, estimulando los valores cívicos, educativos y empresariales que habían hecho fuertes a los países que nos ayudaban, concretamente Francia y Alemania, motores de la Comunidad Europea.

Pero el europeismo, que siempre se identificó con la modernización, no fue asumido por las elites políticas y económicas y, en consecuencia, sus principios liberadores no se transmitieron a la sociedad: el Estado en España siguió preso de las viejas inercias, convirtiéndose, una vez más, en un instrumento de poder y de sustento de las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, a las que se añadieron los neofeudalismos autonómicos. Mientras la maquinaria pública crecía de forma exponencial y desordenada, poco preocupada de civilizar el país, las oligarquías tradicionales, con apenas un leve barniz de modernidad, se aprestaron a crear un modelo económico especulativo que estimuló, mediante el endeudamiento fácil, los deseos de consumo y de riqueza de un pueblo poco acostumbrado a ambos. Los valores de la educación, de la moderación y del esfuerzo quedaron casi desterrados.

Las facturas ya se están pagando, el paro es su demostración más dolorosa, y queda conocer cómo se va a salir del agujero con los mimbres que tenemos: un Estado débil y fragmentado, condicionado por los poderosos, y una sociedad desinformada, presa fácil de la propaganda. Por otra parte, el asidero europeo, que jugó un papel determinante para las crisis de las dos décadas anteriores, los años 80 y 90, hoy es prácticamente inexistente: La Unión Europea, y singularmente su Unión Monetaria, están atravesando graves dificultades que limitan sus posibilidades de acción; cada semana nos llegan noticias alarmantes de Bruselas, Berlín o París.

A partir de estas realidades, y sobre todo de su conocimiento cabal, valdría la pena hacer de la necesidad virtud, para estimular la difusión de un debate nacional sólido y enérgico sobre nuestros problemas reales con el fin de conseguir que quienes asuman las responsabilidades de gobierno pongan en marcha iniciativas sobre la inaplazable reestructuración del Estado, simplificándolo y fortaleciéndolo, además de impulsar políticas de saneamiento económico y financiero que generen seguridad y confianza; sin olvidar el impulso de los valores educativos y civiles, que son básicos para el cambio político y social: un esfuerzo autónomo y nacional, que dependerá de nosotros mismos sin las excusas cómodas de las iniciativas o apoyos exteriores.

No se requieren, en mi opinión, programas prolijos difíciles de entender y de cumplir, y mucho menos ostentación de la política pequeña y aldeana que surge demasiadas veces de los partidos dominantes, jaleadas por algunos medios de comunicación. Mejor pocas ideas y claras y voluntad de ejecutarlas. Los años venideros serán duros, pero si la sociedad ve claridad y ejemplaridad en sus dirigentes, el final de la pesadilla estará más cercano, que si continuamos enlodados en los comportamientos políticos y económicos que nos han conducido a la ruina.


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