Res Pública

Marea constituyente y la responsabilidad de UPyD y de IU

Con motivo de la presentación del libro La agonía de la Transición: crónicas republicanas en vozpopuli.com en el Ateneo de Madrid, se produjo un debate, como es obligado en esa institución, que estimula la reflexión para lograr aportaciones constructivas en beneficio del país. El auditorio era numeroso y heterogéneo, pero unido por la preocupación, en muchos casos irritada, por la situación de España; y también unido en la demanda imperiosa de cambios profundos que trascienden a un mero cambio de gobierno. En ese microcosmos del acto del Ateneo, cualquier sociólogo político podía extraer elementos para hacer un diagnóstico que, dicho sea de paso, no se separa demasiado de lo que van indicando las encuestas: la marea de la insatisfacción española es interclasista, con una dosis muy elevada de rechazo hacia todo aquello que suponga el mantenimiento del statu quo. La gran pregunta que flotó en el debate fue qué hacer y cómo impulsar el cambio, porque, y esto es relevante, ni una sola voz se alzó para buscar algún atenuante o justificación para quienes ejercen el poder y la oposición. Hubo respuestas variadas, pero quiero centrarme en la que apelaba a la responsabilidad de quienes están en el Parlamento, que son los más obligados a responder, especialmente UPyD e IU.

El poder niega eficacia al ejercicio pacífico de los derechos

El año ha empezado con un toque a rebato de los beneficiarios del régimen, explicitado en los mensajes del Jefe del Estado y del Presidente del Consejo de Ministros, para aguantar la travesía de lo que se presume otro año difícil, que se suma al quinario ya soportado por los españoles. Se continúan pidiendo sacrificios que se parecen más al cumplimiento de una penitencia por los pecados cometidos que a la preparación de un orden político y económico más justo y equilibrado. Esto no aparece en el guion público, ni siquiera como promesa lejana, provocando el desánimo de muchos y la ira de otros tantos, al contemplar las paletadas diarias de podredumbre con las que nos obsequian los autotitulados defensores de lo establecido. Todos sabemos hasta dónde llega el envilecimiento, que ha afectado de forma casi irreversible a instituciones y organizaciones políticas del sistema. Lo saben también los detentadores de las mismas y se refugian en su concha, como los caracoles: no les importa que las gentes utilicen pacíficamente los derechos de manifestación, de huelga o de expresión porque, de antemano, les niegan cualquier eficacia; y no se dan cuenta de que la devaluación del ejercicio pacífico de tales derechos pone más presión a la caldera del descontento.

Conforme avanza el castigo van naciendo en los extramuros del sistema organizaciones cívicas o políticas, que tratan de cubrir el gran vacío dejado por los partidos tradicionales. Es más visible en la izquierda por el desmoronamiento del PSOE, pero el fenómeno se extiende al centro y a la derecha con una velocidad inusual, solo entendible por el fiasco de un gobierno, incapaz de cumplir sus compromisos con los españoles. Es otro ejemplo relevante de devaluación de la democracia que, desde mi punto de vista, tiene consecuencias letales en un país poco acostumbrado a su ejercicio. Crecen, pues, los frentes cívicos, los foros de las libertades civiles, las iniciativas de las juntas de jueces, los movimientos de médicos y abogados, las redes sociales, la prensa digital y un largo etcétera que indica que, después de la perplejidad y del desconcierto, la sociedad española bulle para defenderse de las agresiones y, lo que es más importante, para buscar un futuro mejor. Es lo que el politólogo Manuel Monereo denomina la revolución democrática. Sin duda se conseguirá, porque la marea crece y las defensas de la ciudadela son más frágiles de lo que parecen, pero, para no hacer demasiado largo y costoso el asedio, creo que sería conveniente alguna iniciativa desde dentro a modo de catalizador.

¿Qué dice el Parlamento?

Dado el caos institucional y el descabezamiento del Estado, solo queda fijarse en el Parlamento que, con todas las limitaciones que se quiera, representa formalmente la soberanía nacional. En ese Parlamento ya se han producido defecciones, las de los nacionalistas catalanes y vascos que huyen de un Estado en ruinas y quieren el suyo propio. Los que rechazamos tales iniciativas las constatamos con pesar, algún día habrá que exigir responsabilidades por ello, y tenemos que batallar para cortar la hemorragia de la desintegración del país. Y para ello hay que apelar a los otros grupos parlamentarios, sabiendo que nada se puede esperar del PP y del PSOE, enfrascados en la defensa ciega de un modelo ya inservible y en caída libre de apoyo social. Si siguen así, su porvenir será parecido al de los grandes partidos de la anterior República de Italia, desaparecidos con la Tangentópolis. De ahí la referencia a las otras dos fuerzas nacionales, UPyD e IU, para que den el paso al frente de convocar al cambio de régimen y tiendan la mano a los que se mueven fuera de la ciudadela. Ya no son tiempos de ambigüedad ni de parches Sor Virginia. Las cartas están echadas para todos.

A pesar del descrédito de los dos grandes partidos, los otros, IU y UPyD, no se benefician significativamente de él, porque su mensaje es tibio, y en cierto modo contemporizador, aunque es de justicia reconocer que todavía no han sido fagocitados por los defensores de la ciudadela. En el caso de UPyD que, tras costosos esfuerzos, logró entrar en el Parlamento, se le percibe como un partido de corte reformista similar al de experimentos anteriores de la política española, en los años veinte el Partido Reformista de Melquíades Álvarez en el que militó el propio Manuel Azaña y más cercano en el tiempo el CDS de Suarez. Ambos intentos despertaron cierto interés y algunas simpatías, pero se saldaron en sonoros fracasos porque el momento histórico demandaba mayores ambiciones y energías que las del centrismo reformador, apto para las épocas suaves de la democracia.

Izquierda Unida, por su parte, es en sí misma un magma de las izquierdas tradicionales, que aspira además a recoger parte del naufragio del PSOE. Pero no obtendrá frutos, si se la ve como continuadora lampedusiana de los proyectos naufragados. Su alianza en Andalucía para administrar las políticas de la devastación y del vaciamiento del Estado supone, en mi opinión, un fardo del que tendrá que desprenderse para conservar la capacidad de ofrecer a la nación y a los electores de la izquierda un compromiso claro para cambiar el sistema. Tienen bastante que ganar y poco que perder, y justo lo contrario, de permanecer en la frontera imprecisa actual.

Son días y meses decisivos en los que los españoles, despreciados y castigados, desean recuperar la democracia secuestrada y necesitan ser ayudados para conseguirlo pacíficamente. Sabemos que ninguna Constitución contiene el bálsamo de Fierabrás, pero es urgente conseguirla para sustituir a la actual que ha sido arruinada por los que dicen defenderla. Entre la parálisis y el cambio-El porvenir de España ¿continuidad o ruptura?-cada uno tendrá que elegir. Más nos vale que acertemos.


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